#ElPlanMIRE: cual es el proposito de la Junta de Gobierno y el Cacique

Durante el proceso de desarrollar el plan MIRE para independencia de Puerto Rico, me han preguntado en varias ocasiones, ‘cuál es el propósito de la Junta de Gobierno y el Cacique.  Muchos han levantado reservaciones a la idea de tener una Junta; y un jefe de estado que no sea un presidente elegido.   En sí, la contestación básica es fácil:

‘Porque, hacen falta.’

Para poder explicar en más detalle, tengo que repasar un poco de como llegue a esta conclusión y este proceso empieza con las mismas preguntas que todos tienen cuando consideran la independencia de Puerto Rico.

  1. De donde viene el pan.  O sea, el dinero y comida.
  2. Qué tipo de gobierno tendrá?
  3. Quien estara encargado?
  4. Como combatimos la corrupción y la posibilidad de un golpe de estado comunista?
  5. Como podemos confiar, en que los políticos que han destruido a Puerto Rico bajo el ELA harán sus trabajos?

La primera pregunta lo he contestado con el plan económico denominado ‘el capitalismo distributivo.’  Dado a que ese nombre implica cosas (ideas socialistas) que no son parte del plan, recientemente he usado el nombre ‘Capitalismo Worley.’  Puse mi nombre por el simple razón de que si fracasa, quiero que todos supieran a quien culpar.

Yo no soy político.  Los políticos siempre culpan a los demás, y nunca asumen responsabilidad por sus acciones o fracasos.  Sin embargo, los políticos siempre están al frente de la fila para aceptar los aplausos de los acciones e ideas de otros.

El ‘Capitalismo Worley’ (CW) empieza con el libre mercado. También incluye gran respeto para los derechos naturales, propiedad privada y fuerte restricciones en el gobierno; o sea, gobierno limitado.  Pero igualmente importante es la creación de un Fideicomiso Nacional (FN) de inversión y ahorros para proveer un sistema de programas sociales privatizados y cuentas de ahorros individuales para que los ciudadanos puedan manejar su propio bienestar sin tener que esperar o confiar en los políticos de turno.

Y ahí está el problema. Los políticos de turno.  Los políticos de turno financiaron el programa de retiro de los empleados del gobierno a 1%.  Se les olvido el otro 99% porque no manejaron las finanzas del país apropiadamente.

De alguna manera, los políticos en un territorio norteamericano quienes recibieron más de diez mil millones de dólares al año para las pasadas tres décadas se metieron la pata y crearon una deuda nacional de 73 mil millones.  Cómo?  Y eso no considera que Puerto Rico en su totalidad recibe más de 20 mil millones al año de EEUU en varios programas incluyendo seguro social, medicare, sección 8, becas, etc, etc etc.

Ellos (de ambos partidos políticos) tenían que hacer una esfuerza concentrada para crear este desastre.

El propósito original de la Junta de Gobierno entonces era manejar el FN de ahorros e inversión, pero sabía casi inmediatamente que ellos tendrían que tener autoridad separada de gobernanza política y que tendrían que tener poder investigativo sobre al menos el congreso y el ejecutivo.

Creación de la moneda

Imagínate esto: uno de los primeros trabajos del FN es la creación de la moneda del país; el Dólar Taino (T$).  Esto se hace en dos partes inicialmente.

La primera creación, explicado en la constitución propuesta; es ‘imprimir’ de manera electrónica una cantidad de moneda igual al producto bruto nacional del año inmediatamente antes (fiscal o calendario) de la independencia.   Eso sería aproximadamente T$100, 000,000, 000.00 (Cien mil millones de T$)  Este dinero tendrá valor por dos cosas garantizadas, el valor de la economía total de la nación y el valor asignado por el Gobierno de la Republica.  En la constitución propuesta, se establece que un dólar taino, tendrá el mismo valor que un dólar americano.

Se pedirá también que el gobierno de los EEUU reconozca el T$ como moneda y con el mismo valor del $US. Imagino, que habrá condiciones para ese reconocimiento, pero los detalles de estos serán parte de las negociaciones con EEUU.

La segunda parte de la creación de la moneda será la conversión de la mitad de todo dinero guardado en los bancos de Puerto Rico o que tocan los bancos de Puerto Rico en dólares Tainos cambiados por los dólares u otras monedas.  Esos dólares, y otras monedas si algunas irán directamente al FN a cambio de dólares Tainos nuevos.   El individuo que tiene guardado en e banco no pierde nada, y no le cuesta nada.  El negocio que tiene sus cuentas de compra y venta en los bancos locales no perderá nada, ni pagaran nada por este proceso.

Pero con el intercambio de dinero, el FN tendrá otra cantidad de dinero además de los dólares Tainos creados en la primera acción de crear la moneda.  Yo estimo que estos serían otros $50,000,000,000.00 pero Americanos.

O sea, en total en los primeros 18 meses de la Republica el FN tendrá y estará encargado de un fondo nacional de 150 mil millones de dólares.

Volviendo al punto de los políticos de turno, sean del partido que sean: estas confiado que ellos manejaran ese dinero de manera apropiada?  Si o no?  Y por favor, sea honesto.

En la constitución propuesta hay un límite de creación de moneda basada en el tamaño del PBN a UNA VEZ, al menos; y con el consentimiento de EEUU podamos usar el dinero para comprar deuda de estados unidos a través de varios años.  Si EEUU dice no, y no quieren dejarnos comprar su deuda con el T$, y solo se podrá imprimir ese dinero una vez, confías que los políticos de turno se aguantaran?

Yo tampoco.

El idea del FN se basa en el fondo permanente del estado de Alaska que retiene ganancias de operaciones de petróleo y los invierta para entonces pagar a los ciudadanos de ese estado.  Se paga un promedio de $800 dólares anuales a cada adulto en el estado.  Puerto Rico no tiene petróleo, pero si tendrá la capacidad de la creación de su moneda en el momento de independencia.

El Fondo Permanente de Alaska opera fuera de gobernanza política.  Y porque será?

Forma de Gobierno, corrupción y golpe de estado

La forma del gobierno en el plan MIRE es republicano igual como Puerto Rico tiene ahora mismo: legislatura (congreso), ejecutivo (gobernador a presidente) y judicial.   Con la historia del mal manejo de las finanzas del gobierno, y de corrupción publica (sin mencionar el afán por dictadores como Chávez de algunos políticos) cuan mejor o peor estará Puerto Rico bajo independencia sin un gobierno federal para ayuda a limitar el poder del gobierno?

Exacto, pues hay entonces que considerar como limitar el poder del gobierno central y proteger la ciudadanía de ellos.  Por eso hay que darle a la Junta de Gobierno el poder de fiscalizar las TRES ramas republicanas.

En la constitución propuesta decidí incluir en la Junta de Gobierno el Secretario de Justicia y el Contralor.  Dado a que la estructura del gobierno sería la Junta por encima de las tres ramas, ahora el Sec. de Justicia será una oficina más arriba que la presidencia y no al merced del político de turno.   Igual para el Contralor.

También decidí sacar a los partidos políticos de la Junta con la excepción de tres observadores (miembros exoficios) de los tres partidos más grandes para que tengan voz, pero no voto en las decisiones de la misma.   Para ser elegido o nombrado a la Junta tendrás que mantener separación total de la política partidista y los partidos y otros organizaciones políticas por un periodo de 6 años ANTES de ser candidato o nombrado, durante su tiempo en la Junta y por 6 años después de salir.

Violar esta condición se considera sedición y requiere encarcelamiento por 25 años con la investigación y procesamiento  llevado a cabo por un tribunal militar que también tendrá limitaciones severas a participación en política partidista.

El Cacique

Toda junta necesita su presidente.  La Junta de Gobierno/Fideicomiso Nacional (JGFN) tendrá un presidente.   Pero ya que hay un Presidente de la Cámara, del Senado y Nacional; pensé que el Presidente de la Junta deberá tener otro título, uno que representa su posición como Jefe de Estado y alguien que está completamente separado de la política del día o del momento.   No es un Rey y no es un presidente nacional, pero si ocupa una posición especial, con protecciones especiales para hacer el trabajo de ser el ‘fiscalizador en jefe.’   Que título sería apropiado?

Después de considerar diferentes títulos escogí ‘Cacique de la Republica.’  El Cacique es el nombre del líder de los Tainos.  Y en realidad eso es lo que es el Cacique en esta propuesta, el jefe de los Tainos.

Para ser claro, el Presidente Nacional es el jefe en la administración del gobierno o en términos corporativos, el oficial jefe operacional (‘Chief Operating Officer’ en inglés), el Cacique es el jefe de estado o el jefe ejecutivo (Chief Executive Officer).   El punto es, para que un golpe de estado ocurra, o para que un comunista trate de tomar el poder, tendrán que tener control de la presidencia Y la Junta, Y la oficina del Cacique.

Para proteger de esto también, incluye en la constitución permiso para que los estados unidos invadan y retoman control de Puerto Rico en caso del colapso total del gobierno y el comienzo de una dictadura.  El propósito de la invasión seria reestablecer el gobierno constitucional y el orden público, no para convertirnos de nuevo en territorio.

El primer Cacique tendrá que tener autoridad especial para implementar esta constitución, los cambios necesarios en el gobierno, supervisar el proceso de establecer una constitución permanente y proteger el fideicomiso por un periodo suficiente para que pueda resistir los malos gobiernos del futuro.

Y en quien confiamos de los políticos en Puerto Rico para asumir esa posición e implementar el plan MIRE?

Nadie.

Yo no confió en nadie en el gobierno de Puerto Rico de manera suficiente para asumir la responsabilidad de implementar el plan que yo investigue y escribí y que ahora estoy promoviendo.   Por eso, yo puse mi propio nombre en la constitución propuesta para la oficina del Cacique para los primeros 12 años de la Republica.  Incluí poderes especiales para establecer la nación, la moneda, cambiar leyes, resistir interferencia de la rama judicial (que desafortunadamente está bastante politizada) y hacer todas las decisiones difíciles que los políticos de turno no pueden, o no quieren hacer.

Entendiendo que nadie debe tener ese nivel de poder de manera indefinida, ni debe ser pasado al Cacique siguiente, ni a hijos o familiares.  Por eso puse un límite de 12 años a los poderes especiales, e incluí una prohibición de sucesión hereditaria.   Los poderes finales (que serán más limitadas) del el primer Cacique y los que le sigan, serán detallados y mucho más limitados en la constitución final.

Ningún sistema es perfecto.  Y asumo la imperfección.  Pero hay sistemas mejores que otras.  Este sistema, fue diseñado completamente con un enfoque en los problemas de Puerto Rico y los que podrían surgir en el futuro de la independencia.

 

 

 

 

 

 

 

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BORRADOR: Constitucion de MIRE de 2017

Abajo encontraras el borrador de la constitucion completa propuesto por MIRE el movimiento independentista republicano para ser incluido como opcion en el plebicito de 2017.  De adquirir el mayor numero de votos en el plebicito etrara en vigor el primero de enero de 2018.

Esta abierto a comentarios y surgerencias;  para comentar favor de comentar abajo, en mi pagina de Twitter o en la pagina de MIRE en facebook.

  • Frank Worley Lopez, autor

***UPDATED 23 de enero de 2017***

Puerto Rico Interim Constitution 2017

Constitución interina de Puerto Rico del Año 2017

PREAMBULO

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de ejercer nuestro derecho a libre determinación y organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos naturales y el libre mercado, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para la Republica de Puerto Rico y asumimos nuestra posición justa entre los poderes del mundo.

 

Al así hacerlo declaramos:

Que el sistema democrático y el libre mercado son fundamentales para la vida de la comunidad puertorriqueña;

Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del ser humano y los derechos naturales; y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas;

Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía dual de Puerto Rico y los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Puertorriqueña; la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano; el afán por la educación; la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; la libertad y responsabilidad individual;  y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios.

 

 

 

 

 

ARTICULO I Establecimiento de la Republica de Puerto Rico

Sección 1. Constitución de la Republica de Puerto Rico.

Se constituye la Republica de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del tratado de reconocimiento entre los Estados Unidos y Puerto Rico y la constitución final aprobada por el pueblo.

El gobierno se establece a las 12:00 AM el 1ro (primero) de enero del año que inmediatamente sigue el plebiscito si esta opción (El Plan MIRE) gana mayoría simple como opción en la papeleta; o por nominación directa la mayor cantidad de votos que las otras opciones.   Si se aprueba esta constitución en el plebiscito, será considerado un delito grave impedir o interferir con la implementación de esta constitución; o de incumplir con el deber público durante la transición.

Se establece respetando los derechos naturales e individuales, el libre mercado; con mire hacia el futuro en ciencia, investigación y exploración espacial u otras; y como un gobierno con fines de lucro para el pueblo.

Sección 2. Forma de gobierno.

El gobierno de la Republica de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.  Además, el gobierno republicano será supervisado y fiscalizado por una Junta de Gobierno y su presidente quien tendrá el titulo político de ‘Cacique de la Republica.’

Fuera de lo estipulado en el tratado de reconocimiento con los Estados Unidos; esta constitución y la constitución permanente tendrán poder exclusivo sobre Puerto Rico.  Las leyes, reglamentos, constituciones y decisiones de tribunales de otros países u organizaciones internacionales no tendrán autoridad o efecto dentro de Puerto Rico ni a los ciudadanos que residen en el mismo.

Sección 3. Área geográfica.

La autoridad  política de la Republica de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción.  También extenderá a aguas territoriales, adyacentes, y sobre una zona de actividad económica exclusiva hasta 200 millas en el océano atlántico y el mar caribe al norte y sur de la isla y sus islas adyacentes.

Se extenderá al oeste hasta la línea en el pasaje de Mona previamente reconocido por los Estados Unidos como frontera entre esa nación y la Republica Dominicana e incluirá a las islas de Mona, Monita y Desecheo.  Al este se extenderá hasta la línea de jurisdicción previamente reconocida entre las islas de Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La constitución y leyes de la Republica de Puerto Rico son supremas en toda la nación, espacio aéreo, aguas adyacentes y zona de exclusividad económica.  Las leyes y reglamentos de otras naciones, organizaciones de naciones ni de otros podrán superar, interferir o limitar esta constitución y/o leyes de esta nación; ni podrán ser aplicados sobre Puerto Rico, sus ciudadanos o visitantes.

Sección 4. Sede del gobierno.

La sede de gobierno será la ciudad de San Juan de Puerto Rico.

 

ARTICULO II: Carta de derechos y responsabilidades del ciudadano

Sección 1. Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido.

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los ciudadanos (hombres y mujeres)  son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.   Ningún agencia del gobierno podrá existir, ni fondos del gobierno usados para servicios que existen únicamente para un grupo, sexo, raza u otro;  Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad bajo ley.  Igualdad bajo ley se reconozca y aplica por fiel ciudanía y ningún otro factor.

Sección 2. Sufragio, franquicia electoral.

Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal para ciudadanos, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.  El derecho al voto será revocado a cualquier persona convicto de un delito grave o mayor durante el tiempo que estén encarcelados y por cinco años después de ser liberados, al menos con son convictos de nuevo de cualquier otro delito; lo que extenderá la suspensión de sus derechos electorales.

Sección 3. Libertad de culto.

No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado.  Sin embargo, Puerto Rico es y será una nación cristiana y el gobierno públicamente reconocerá y celebrara todos festivales (o días de fiesta) cristianos primarios y públicamente reconocerá festivales judíos; esas dos religiones y sus prácticas serán protegidos sobre todos los demás.  Se podrá limitar, suspender o prohibir actividades u organizaciones religiosas que amenazan la seguridad pública o nacional.

Las iglesias y templos y son exentos de pagar contribuciones al menos que operan actividades comerciales o participan en actividades políticas.  Toda iglesia tendrá que someter a auditorias como indica la ley.

Sección 4. Libertad de palabra y de prensa; reunión pacifica; petición para reparar agravios.

No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.  No existe derecho de impedir el libre movimiento de otros ciudadanos o visitantes, ni de hacer daño a propiedad pública o privada o de amenazar o aterrorizar otros ciudadanos o visitantes.

Tampoco existe derecho de (y se considera delito grave en tiempos de paz) impedir o interferir con oficiales del gobierno (incluyendo la policía y fuerzas armadas) en el debido ejercicio de su deber.  En tiempos de emergencia nacional o guerra; durante emergencia se considera crimen grave y/o sedición dependiendo de circunstancias; y durante tiempos de guerra o insurrección será considerado traición y un delito capital.

La prensa comercial tendrá que acogerse a ley publica, cooperar en la difusión de información durante la transición y cualquier mensaje del Cacique (que extenderá por 12 años) y durante emergencias futuras, respetar la privacidad de los ciudadanos y sus líderes; y debe ser honesto en su cobertura.  Faltar la verdad, hacer acusaciones falsos o apoyar, promover o fomentar la sedición, traición o instigar el pánico público; podrá resultar en la suspensión o pérdida de su licencia de difusión o como negocio y podrá resultar en la perdida de toda su propiedad y finanzas y resultar en multas y/o encarcelamiento de todos involucrados en el incidente y su gerencia.

Esto no prohíbe; ni limita; a la prensa de criticar al gobierno, sus miembros, acciones o decisiones o de ofrecer opiniones contrario a política pública del gobierno o cuestionar información oficial de tener evidencia de lo contrario.

Sección 5. Instrucción pública

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos naturales de los hombres y mujeres y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario.  La enseñanza pública será gratuita en la escuela primaria y secundaria.   Todo niño en escuela pública tendrá que aprender a leer, escribir y hablar español e inglés y tener opción para aprender otros leguajes.

Participación en el sistema de educación pública será voluntaria.  Los padres tendrán derecho y responsabilidad primaria de educar a sus hijos.  Podrán usar  escuelas privadas o educar a sus hijos en su casa o comunidad o usando tecnología actual o futuro.   Los niños educados fuera del sistema público tendrán que aprender hablar, leer y escribir en español y/o inglés y otro lenguaje.   Tendrán que recibir instrucción en matemática, ciencia e historia.

Se podrá utilizar propiedad y/o fondos públicos para el sostenimiento o pago de matrícula, libros y cuotas de escuelas o instituciones educativas comerciales, sectarias o que no sean las del estado para dar el poder a los padres de escoger la mejor escuela para sus hijos.

Sección 6. Libertad de organización.

Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares.   A la misma vez, nadie podrá ser forzados a asociar, colegiarse, participar en una unión o sindicato; o pagar cuotas para ejercer una profesión o conseguir un trabajo o por cualquier otra actividad personal.

Esto no prohíbe membresías o asociaciones en el mercado libre; grupos profesionales voluntarios; o actividades comerciales para los clientes de los mismos.

Sección 7. Derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad; pena de muerte; debido proceso; igual protección de las leyes; menoscabo de contratos; propiedad exenta de embargo.

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad privada.  Se garantizara el derecho al aborto durante los primeros 2 (dos) trimestres de cualquier embarazo, pero la madre o su familia serán exclusivamente responsables por los honorarios o costos; el gobierno no podrá pagar por abortos.

En cualquier caso de adopción; el padre tendrá primer derecho de adoptar la creatura.

Se limite el poder del gobierno de reglamentar los usos y actividades en propiedad privada; el gobierno respetara los derechos de los dueños de propiedad.  Solo se podrá reglamentar actividades que representan una amenaza directa, inmediata y seria (DIS) al público o personas visitando o en las inmediaciones de propiedad privado; o por alteración a la paz.  Ni el cigarrillo tradicional, ni el cigarrillo electrónico podrán ser considerados como amenaza DIS, y se anulan todas prohibiciones contra estos excepto en las inmediaciones de gases explosivos.

Habrá pena de muerte aplicado automáticamente para personas que son convictas de; asesinar a dos personas o más en un evento o en una vida, cometen asesinato (o ocurre un muerte) durante otro crimen violento o grave, asesinan a una persona debilitada o indefensa (como pero no limitado a: ancianos, niños, mujeres embarazadas, hombres o mujeres mientras estén durmiendo o personas con impedimentos físicos o mentales.)   También se aplicara la pena de muerte por asesinato de un oficial o empleado del gobierno en el debido ejercicio de su deber; o por su responsabilidad oficial; o el asesinato de cualquier oficial elegido o nombrado; o por intentar o asesinar al Cacique.  Se aplicara la pena de muerte dentro de 18 (diez y ocho) meses de la convicción.  Cada convicción por crímenes que incluyen una sentencia de muerte será apellada automáticamente y re-investigada para confirmar la convicción; al menos que admite culpabilidad el acusado.  Un panel de tres jueces; todos apoyadores del uso de la pena de muerte; revisaran cada caso de pena de muerte y harán una recomendación al Cacique.  Sin embargo, El Cacique, tendrá autoridad final en todo caso que involucre la pena de muerte.

Ninguna persona será privada de su libertad, vida o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a ciudadano alguno en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

Sección 8. Protección contra ataques a la honra, a la reputación y a la vida privada, derecho de portar armas y defensa propia.

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.

Todo ciudadano, tendrá derecho de poseer y portar armas; y usarlas en defensa propia, de familiares o de propiedad privada.  Toda persona retiene el derecho de defensa propia.  Toda ciudadano menor de 40 años quien desea comprar o poseer una arma, tendrá que ofrecer servicio combatiente como policía auxiliar o como miembro de las fuerzas armadas activas o reservas por un mínimo de 4 (cuatro) años y así recibir entrenamiento el su uso y seguridad.  También estarían responsables de usar sus armas en defensa de victimas del crimen si estén presentes durante un acto criminal violento; y tendrán que usar esas armas en defensa de la nación durante tiempos de guerra o insurrección.  Se prohíbe el gobierno de imponer multas, cuotas, tarifas u otros costos o procedimientos a la compra, transportación y/o posesión de armas de defensa propia, balas o partes de armas o su uso al ciudadano que desea poseer armas quienes cumplan, estén cumpliendo o han cumplid con el requisito de servicio.  Armas de defensa propia incluyeran pistolas, escopetas, rifles, y rifles de combate semiautomático, cuchillas u otros similares o futuras.

Se pondrán límites y prohibiciones sobre posesión y/o desarrollo y/o los diseños o partes; de armas nucleares, químicos, biológicos y o explosivos grandes u otras armas que representan igual o peor amenaza a la seguridad pública.

Sección 9. Justa compensación por propiedad privada.

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación por el valor del mercado de la propiedad más el 15% por mudanza; y de acuerdo con la forma provista por ley.  Fuera de lo provisto en esta constitución; no se aprobará ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole; al menos que son usados para sedición, insurrección, traición o incitar los mismos o pánico; en estos casos serán embargado de manera permanente sin compensación alguna.  Los edificios donde se encuentren instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad públicas mediante procedimientos que fijará la Ley, y sólo podrán tomarse antes de la declaración judicial, cuando se provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando por un tiempo razonable.

Con excepción de los primeros 12 años de la Republica, no se podrá tomar propiedad privada para el lucro de otro o los ingresos o contribuciones derivados de esas actividades.  Solo se podrá ejercer dominio eminente sobre propiedad privado para bases militares, edificios públicos, infraestructura primara o edificios o estructuras necesitadas; o la creación de zonas comerciales o especiales; específicamente bajo el poder y autoridad de la Junta de Gobierno.

Dueños de propiedad no tendrán responsabilidad por crímenes cometidos por otros en su propiedad al menos que los dueños participaron en el crimen o fueron groseramente negligentes en su programa de seguridad.

Casas, edificios y terrenos abandonados podrán ser apropiados por la Junta de Gobierno sin costo alguno y destruidos, rehabilitados o vendidos como sea apropiado en cada caso y los fondos que resultan de ventas o alquilares serán depositados en el Fideicomiso Nacional.  La JG debe dar tiempo apropiado para los dueños de los mismos decidir qué hacer con la propiedad, sin embargo, cualquier propiedad abandonados totalmente por más de dos (2) años caerán bajo esta sección.  Esto no aplica a propiedad de vacaciones (que no están siendo usados) o en espera a herencia o casos legales; al menos que representan peligro inminente estructural o de salud.

Sección 10. Registros e incautaciones; intercepción de comunicaciones telefónicas; mandamientos.

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos; efectos electrónicos y comunicaciones electrónicas contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica o electrónica excepto bajo orden judicial durante una investigación criminal o por orden especial del Cacique por razones de investigar crímenes altos; o por defensa nacional o seguridad nacional o pública.  Toda comunicación de o hacia el gobierno o entre oficiales o empleados del gobierno será revisada, grabadas y/o interceptadas.

Con excepción de lo mencionado arriba, sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.  Revisaciones podrán ser autorizados por oficiales de la policía en el lugar o por fiscales si ocurren durante o inmediatamente después de un acto criminal de carácter grave o más.   Evidencia grabado en público por el gobierno o entidades o personas privadas podrá ser usado como evidencia sin orden de allanamiento y el gobierno podrá poner cámaras en público para proteger la ciudadanía y disuadir a la delincuencia.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.  Esto no prohíbe allanamientos durante un arresto del carro, lugar o propiedad donde ocurrió el arresto o en el lugar de un crimen grave o violento.

Sección 11. Procesos criminales; juicio ante jurado; autoincriminación; doble exposición por el mismo delito; fianza; encarcelación.

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

En los procesos por delito grave; o en cualquier caso que podrá resultar en la encarcelación; el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de ocho (8).

Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito; ni podrán enfrentar casos civiles por actos criminales por lo cual no fueron convictos; con la excepción de casos de negligencia personal o profesional.

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, con excepción de las personas acusados de delitos graves violentos, asesinato, sedición, traición, crímenes en las fuerzas armadas o milicia; o que representan alto riesgo de fuga.

La detención preventiva antes del juicio no excederá de 18 meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda al menos que sea una deuda al gobierno, o por impuestos no pagados, o por una multa por un crimen por lo cual fueron convictos.

Se limite la cantidad ordenada a pagar en casos civiles a un máximo de 3 (tres) veces el costo actual del daño e ingresos o salarios perdidos (incluyendo ingresos futuros), y 3 (tres) veces esa cantidad más como compensación punitiva; además de costos de corte y abogados.  Se limitara el honorario de abogados al 15% de la total compensación ordenada.   En casos de despedida injusta se limitara daños por pérdida de ingresos al máximo de dos años con el límite actual fijado por el congreso.

No habrá compensación de daños por efectos emocionales o sentimentales; al menos que estos causan daño mental que requiere tratamiento.  En estos casos, solo se pagara dinero (por daños mentales) directamente al doctor(a), clínica u hospital que está evaluando y dando tratamiento, y/o por medicamentos y tratamientos.  La persona afectada mentalmente (su abogado o doctor) tendrá que probar sin lugar a duda, que el acto, incidente o condición causo los daños mentales.  Si estuvieron presentes antes del incidente o condición, no habrá compensación alguna por estos daños.

Sección 12. Esclavitud; servidumbre involuntaria; castigos crueles e inusitados; derechos civiles; leyes “ex post facto”; “proyectos” para condenar sin celebración de juicio.

No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados; pero penas corporales podrán ser utilizadas en situaciones de emergencia; además de trabajo o programas de rehabilitación y/o tratamiento forzados; y la suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio; los que serán reestablecidos después de 5 (cinco) años de haber cumplido la pena impuesta.

Nadie tiene derecho a un estilo o calidad de vida que ellos mismos (o por herencia) u otro modo legal no han ganado.  Nadie podrá ser esclavo de pagos a otra persona que no sea por decisión en casos civiles o criminales; ningún contrato podrá ser aplicado por vida.

Al completar su sentencia original incluyendo probatoria o liberad bajo palabra; y evitar participación en actividades criminales y de no ser arrestado o convicto de ningún otro delito durante los siguientes 5 años; el convicto tendrá su record criminal cerrado y se prohibirá registros, listas o limitaciones administrativas o legales para estos convictos.  De ese momento hacia adelante serán considerados como cualquier otro ciudadano y no tendrán que reportar su delito a nadie al menos de ser arrestado o convicto de nuevo.

Con la excepción que en el establecimiento de la nación; y para los primeros 6 (seis) años; y solo con aprobación de la Junta de Gobierno y concurrencia del Cacique; No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio.

Como parte de la transición, todo caso capital de los pasadas veinte y cinco (25) años que cumple con las reglas de pena de muerte en la Sección 7, serán revisados; y la pena de muerte será aplicada en cada caso.  El cacique tendrá autoridad final en cada caso criminal y podrá modificar, extender, indultar; y/o reducir cualquier sentencia; en cualquier caso.  Esto incluye los convictos o confinados en la cárcel federal quienes cometieron su delito en Puerto Rico y que estén encarcelados en la isla en el momento de la independencia.

Sección 13. Hábeas corpus; autoridad militar, subordinada.

El auto de hábeas corpus será concedido con rapidez y libre de costas. No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, o que así lo requiera la seguridad pública.  El Congreso  tendrá el poder de suspender el privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que regulan su concesión.  Además, bajo consejo (pero no consentimiento) de la Junta de Gobierno; El Cacique tendrá autoridad para declarar ley marcial y suspender el auto de habeas corpus a su discreción durante tiempos de emergencia, insurrección o guerra.

La autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil. Sin embargo, el Tribunal Militar tendrá autoridad de investigar, y primera autoridad de juzgar cualquier caso de corrupción pública.   Esos casos solo podrán ser apellados por uno o ambos partes al Tribunal Supremo y finalmente al Cacique.

Sección 14. Títulos de nobleza; regalos de países extranjeros.

No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. Ningún funcionario o empleado de la Republica aceptará regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa autorización del Congreso.

El Cacique, Presidente y vicepresidente nacional y Secretario de Estado podrán aceptar regalos a Puerto Rico o su gobierno en nombre de la nación pero tendrán que reportar estos regalos y entregarlos apropiadamente según ley. Otros oficiales del gobierno podrán aceptar regalos en nombre de la república según describe la ley.

Sección 15. Empleo y encarcelación de menores.

No se permitirá el empleo de menores de doce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral o que de alguna manera amenace la vida o integridad física.  La edad de adultez será 17 (diez  y siete) años y la edad de consentimiento (que será menor de 17 años) será establecido por ley.   La ley de consentimiento también será la ley de procesamiento legal como adulto pero condenas para menores de 17 años no excederán veinte y cinco (25) años.

No se permitirá el ingreso de un menor de dieciséis (16) años en una cárcel o presidio de adultos, pero habrá centros de detención juveniles para estos menores.  Si fueron convictos de un delito capital o grave, su sentencia podrá ser extendido después de cumplir 17 años y podrán cumplir ese tiempo adicional en cárceles adultos.

Sección 16. Derechos de los empleados.

Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo sin prohibir el pago de bonos o mayores salarios a empleados de excelencia, mayor educación o experiencia o quienes trabajan más o producen más o que asumen más responsabilidad en el trabajo; se eliminara el salario mínimo bajando la a $6 (síes dólares a la hora) (T$) en el momento de la independencia para nuevos empleados solamente; y bajarlo un dólar a la hora cada año siguiente para nuevos empleados solamente; hasta llegar a cero; y se prohíbe establecer uno nuevo en el futuro;  a protección contra riesgos serios para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.

Empleados podrán acordarse voluntariamente con su patrón una jornada más larga (horario flexible) diariamente, semanalmente o mensualmente; a cambio de más tiempo libre sin el pago de ‘overtime,’u otros arreglos.  Los empleados existentes en el momento de la independencia no podrán ser forzados a participar en estos programas, ni podrá ser condición de trabajo para ellos; pero si a empleados nuevos en posiciones que naturalmente se necesita.

No existe permanencia en el trabajo, pero está prohibido despedir empleados mayores de 40 (cuarenta) años de edad;  que han trabajado por más de diez años en la empresa sin compensación especial, lo cual no será menos de un mes de sueldo pagado por calendario por cada año trabajado.  No habrá bonos especiales mandatarias como el bono de navidad u otras.  Estas serán a la discreción total del patrón y ofrecerlos un año no requiere que sean repetidas.

No habrá ley de cierre, pero el Cacique podrá ordenar el cierre de negocios durante emergencias públicas de cualquier índole; y los municipios podrán establecer horas para cierre de negocios de entretenimiento por interés de paz comunitaria, esto no prohíbe restaurantes de 24 horas, ni farmacias u otros negocios o tiendas que venden necesidades básicas.  Ninguna ley de cerrar a negocios de entretenimiento podrá ordenar el cierre antes de la media noche los domingos y días de la semana y nunca antes de las dos de la madrugada el fin de semanas o noches antes de días feriadas.  Donde no existe ley o reglamento estos negocios no tienen que cerrar.   Estas leyes no aplicaran a negocios en hoteles u operación de casinos, ni tampoco aplicaran en zonas especiales (zonas rojas) bajo la autoridad de la Junta de Gobierno lo cuales podrán operar 24 horas a discreción de sus dueños o gerencia.

Sección 17. Derecho a organizarse y negociar colectivamente.

Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar.

Los sindicatos y/o uniones son prohibidos en el servicio público, en servicios primarios e infraestructura en toda la nación, las fuerzas armadas, policía y otros similares.  Membresía y pago de cuotas en una asociación, federación, sindicato, unión u otro grupo de trabajadores será voluntaria y ni membresía ni pago de cuotas podrán ser condición de conseguir un trabajo.  Puerto Rico es una nación que reconoce el derecho al trabajo.  Nadie podrá ser forzado a colegiarse para ejercer una profesión o trabajo.   El patrón podrá pagar empleados no unionados en una escala diferente a los unionados.

Sección 18. Derecho a la huelga, a establecer piquetes, etc.

A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas privadas, en sus relaciones directas con sus propios patronos, gozaran del derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales.  No habrá derecho de prohibir acceso al lugar de empleo a los empleados que deciden no participar en la huelga o que no son miembros del sindicato, ni a los clientes o visitantes de o a, el mismo.  El patrón también tendrá el poder de cerrar las puertas de su negocio a los unisonados como parte de las negociaciones con sindicatos.   Ambas partes tendrán que negociar en buena fe; entendiendo siempre que el negocio existe con fines de lucro y no para preservar empleos.  De no adquirir un contrato razonable con el sindicato en un tiempo razonable o en cualquier caso que la huelga se extiende por más de 3 meses, o en caso de la bancarrota de la empresa; el patrón tendrá opción y derecho de despedir los huelguistas y contratar nuevos empleados en su lugar.

Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facultad del Congreso  de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.

Las huelgas, actos intencionales de limitar operaciones o ‘enfermitas’ son prohibidas en todo agencia del gobierno y servicio o infraestructura primario.  Cualquier empleado del gobierno que se va en huelga o participa en dicho actividades se considera haber renunciado de su puesto sin beneficios algunos y estará prohibido trabajar en el gobierno, servicios primarios o sus contratistas para un término de no menos de 18 meses.  Es un crimen de carácter grave; pagar el sueldo de un empleado público (o de servicios o infraestructura primarios) que ha renunciado su puesto por haber participado en una huelga.

Sección 19. Interpretación liberal de los derechos naturales y facultades del Congreso.

La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de derechos naturales u otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad del Congreso  para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

Ningún derecho nuevo podrá ser aprobado que requiera que otros pagan por el ‘derecho’ o que requiere el uso de fuerza del gobierno para forzar a otros cumplir con el derecho de otro ciudadano.   Los derechos naturales existen sin gobierno, y mientras el gobierno podrá usar fuerza para defender el derecho de uno, no podrá usar la fuerza para prohibir o inhibir los derechos de otros.

Sección 20. Derechos humanos reconocidos; Derechos de los padres; deber del pueblo y del gobierno.

La Republica reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos y términos:

Los derechos y responsabilidades son inseparables; de no tener derecho, no podrá haber responsabilidades.

El derecho de toda persona recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria.

El derecho de toda persona a obtener trabajo.

El hecho y deber que la responsabilidad para el bienestar de cada ciudadano reside con el individuo y no con el estado, comunidad o gobierno.

Ambos padres son iguales en ley, derecho y responsabilidad.  En casos de separación, divorcio o niños fuera de matrimonio, la madre y padre tendrán derechos iguales, custodia compartida, y las mismas responsabilidades.  6 meses de cada año los niños vivirán con su padre, y 6 meses con la madre.  Durante los tiempos que estén con la mama, el padre tendrá que pagar manutención de niños (child support), y durante el tiempo que los niños están con el padre, la madre tendrá que pagar manutención de niños al papa.  Esto no prohíbe que ambas partes lleguen a un acuerdo diferente a lo mencionado arriba.

El pago manutención de niños será de igual porcentaje para ambos y será un máximo de 10 (diez) por ciento de los ingresos netos por niño hasta un máximo de 25% (veinte y cinco por ciento) para todos los niños; la cantidad exacta  automáticamente cambiara con cualquier cambio en ingresos o número de niños.   Todos niños presentes en cada casa se incluirán en la determinación y la cantidad por niño (en casos donde hay 3 o más total presente en uno o ambas casas, será el 25% dividido por el número total de niños en cada casa.   Nadia podrá ser forzado a pagar por niños que no son biológicamente sus hijos; ni por niños donde han perdido y/o renunciado sus derechos como padre; ni podrán ser requeridos a pagar manutención de niños las victimas (hombre o mujer) de violación o violación estatutaria.   El/la convicto del crimen no podrá tener ningún derecho a la criatura.   Nadie pagara más de 25 mil dólares al año en manutención de niños y/u otros pagos relacionados con divorcio o sustento a menores.  Nadie pagara más del 25% en manutención de niños de sus ingresos netos; y nadie podrá ser (por orden de pagar manutención u otra multa ordenado en el tribunal o agencias relacionadas) dejado sin capacidad económica para auto suficiencia básica.  Ninguna decisión (ni el total de decisiones y órdenes) en casos civiles podrá exceder el 50% de ingresos netos de individuos.

Pensión Alimenticia (Alimony) será prohibido y todos ordenes previos de pensión serán anulados automáticamente con la implementación de esta constitución.   Nadie tiene derecho a un estilo de vida; o nivel o calidad de vida económica, que ellos mismos no han ganado con su propia labor, por herencia o por otros modos legales.   Propiedades de la pareja serán divididas basadas en quien pago por la propiedad y en que parte en términos de dinero solamente.  Negocios, propiedades o dineros o ganancias, o herencias en existencia o planificados antes del matrimonio no podrán ser divididos.   Solo se podrá dividir negocios si ambas partes iniciaron la empresa y trabajaron en igual nivel y responsabilidad en establecer y manejar el negocio.

En casos de que el padre o madre no tuvo empleo durante el matrimonio y se dedicaron exclusivamente a criar niños, se podrá pedir ayuda económica temporero de la otra parte de la pareja en el divorcio para un tiempo que no excederá el tiempo total de crianza de los niños durante el matrimonio. (Hasta un máximo de 17 años por un niño/a o un máximo total de 21 años total por múltiples hijos)  Esta ayuda no podrá exceder el 15% de ingresos netos y la combinación de manutención de niños y ayuda post divorcio se limitara al máximo del 35% de ingresos netos.  Se deducirá cualquier tiempo de trabajo a tiempo completo durante el matrimonio y la mitad de cualquier tiempo de trabajo a tiempo parcial durante el matrimonio del total de tiempo en cuido de niños.  Esta ayuda temporera no incluirá tiempo de cuidar niños después de separación y/o divorcio.

Los padres no custodiales tendrán autoridad en el establecimiento de esta nación de pedir que se cambie los órdenes de custodia para que puedan pasar más tiempo con sus hijos hasta el máximo de 6 meses por año.  Si los cortes o el padre o la mama custodial les deniegan la petición, no tendrán que pagar más la manutención, ni serán responsables por pagos atrasados de manutención de hijos.

Los niños son de los padres y no del estado, nación, pueblo, comunidad u organización internacional.  Los padres guarden todos derechos sobre sus hijos.  Los padres podrán disciplinar a sus hijos usando penas corporales, educarlos en casa; y crearlos en el culto o cultura que deciden.  Los padres solo podrán perder derecho a sus hijos al ser convicto de un acto criminal contra los hijos directamente o mientras están en la cárcel o en probatoria.  Sin embargo, no tendrán responsabilidad si no tienen derecho.

La Republica de Puerto Rico está prohibida de firmar, ratificar o aplicar cualquier tratado, o acuerdo internacional que impide los derechos de los padres o cualquier otro tratado, acuerdo o ley que interfiere con los derechos naturales o la soberanía de esta nación.  Con excepción del tratado de reconocimiento entre Puerto Rico y Estados Unidos, todo tratado entre Puerto Rico y otros países u organizaciones internacionales se vence automáticamente 5 años y un día después de ratificación al menos que son extendidos por el Cacique.  Después de diez años; para continuar en efecto cualquier tratado tendrá que ser aprobado por mayoría de los electores en una elección.

El Cacique deberá anunciar su intención de extender o no los tratados que llegan a el momento de vencimiento.   De no ser extendidos por el Cacique se vencen automáticamente. Esto no limite a la nación por necesidad, condición o conveniencia de retirar de tratados internacionales.  En casos de tratados extendidos por votación del pueblo, el senado y la Junta de Gobierno tendrán que aprobar la decisión del Cacique retirar del tratado, al menos que la decisión sea por  peligro inminente o durante emergencia, guerra o insurrección.

El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física o mental.  Estos programas serán pagados por el Fideicomiso Nacional y los CASS, bajo autoridad de la JG.

En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, el libre mercado y el capitalismo distributivo.

 

Parte II.   Responsabilidades del ciudadano – Servicio Nacional

Sección 21. Responsabilidad legal, participación en política partidista

Todo ciudadano tendrá responsabilidad de cumplir con la ley, y cooperar en investigaciones criminales u oficiales.  El oficial o empleado público que reúsa participar en investigaciones oficiales o criminales y/o reúsa contestar preguntas bajo juramento,  relacionado con su deber; salvo por asuntos privados o seguridad nacional; se considera haber renunciado de su puesto inmediatamente.  Mentir bajo juramento (por oficiales públicos) es un crimen y será procesado como corrupción pública.

Miembros activos de las fuerzas armadas, policía e inteligencia militar son prohibidos de participar en política partidista.   No podrán ser miembros de partidos políticos; ni hacer donaciones o recaudos, ni participar en actividades políticas, ni ser candidatos para oficinas electivas.  Miembros de la reserva o guardia podrán participar en actividades políticas, pero solo en su carácter personal.

 

Sección 22: Servicio nacional

Todo ciudadano tendrá responsabilidad de cumplir con el programa de servicio nacional.  Los inmigrantes legales también tendrán que participar y ofrecer por lo menos 50% (cincuenta por ciento) más tiempo en servicio que los ciudadanos naturales.

El mínimo de servicio nacional es de 1200 (mil doscientas) horas en una posición combatiente o no combatiente en el transcurso de cuatro años.   Por cada año combatiente a tiempo parcial (incluyendo Guardia Nacional o Reserva, policía o bombero voluntario o medico militar) se paga 2 créditos del fideicomiso nacional.  Por cada año a tiempo completo combatiente se paga 4 créditos por año cumplido.  Habrá un límite de 200 (dos cientos) créditos en una vida por servicio combatiente.

Por cada año de servicio no combatiente a tiempo parcial se paga 1 crédito.   Por tiempo completo se pagan dos por año cumplido.  Habrá límite de 100 (cien) créditos en una vida por servicio no combatiente.

Créditos adicionales podrán ser premiados por servicio de excelencia o servicio durante emergencias y/o situaciones de combate.

Todo servicio en las fuerzas armadas, reserva o guardia, policía, bomberos o servicio de inteligencia nacional/militar y médicos y enfermeras militares se considera servicio combatiente para efectos del programa de servicio nacional.   Todos los demás se considera servicio no combatiente.  La Junta de Gobierno autorizara la lista de trabajos e actividades que pueden considerarse como servicio.  La definición de servicio combatiente (para fines de servicio) es cualquier servicio que requiere trabajar ‘bajo fuego’ o arriesgar la vida como parte natural del trabajo.

Empleados públicos activos o retirados y veteranos militar, de la policía o servicio de bomberos o los que están actualmente en esos servicios recibirán crédito por servicios ya ofrecido.

Durante tiempo de servicio a tiempo parcial no se pagara sueldo alguno.  Durante tiempos extendidos (más de una semana corrida) de servicio se pagara un salario mínimo; durante tiempo completo; o por activación durante una emergencia nacional; se pagara un sueldo completo.

Ciudadanos que no cumplan con el requisito del servicio nacional no podrán votar en elecciones de la Junta de Gobierno y no podrán recibir ayuda o pagos del mismo.   Inmigrantes que no cumplen no podrán llegar a ser ciudadanos y serán expulsados del país.  Cualquier inmigrante que llega a la isla ilegalmente será expulsado, refugiados solo podrán quedar en la nación por un año y de no ser aceptado para servicio nacional y el camino hacia ciudadanía; serán expulsados de la nación.

Los ciudadanos ancianos (mayores de 50 años) o discapacitados son exentos a ofrecer servicio nacional.  En el momento de independencia, personas mayores de 50 (cincuenta) años no tendrán que ofrecer servicio y recibirán 10 (diez) créditos.  Personas entre 40 y 49 años tendrán que ofrecer solo 1 año de servicio (300 horas); personas entre 30 a 39 tendrán que ofrecer dos (600 horas); y toda persona menor de 30 años en el momento de independencia tendrán que ofrecer servicio competo de 4 años (1,200 horas).

Con excepción de  militares o personas en el extranjero por trabajo oficial del gobierno; nadie puede votar que no reside en la isla, ni se les puede cobrar impuestos o contribuciones. Tampoco se puede hacer pagos del Fideicomiso Nacional a personas que no han previamente cumplido su servicio nacional o recibido exención.

La ciudadanía se concede en el momento de independencia a todos residentes legales de Puerto Rico, los que estén presente legalmente con intención de quedar; y a cada Puertorriqueño en la diáspora que nació en Puerto Rico o que tiene por lo menos un padre (o madre) nacido en Puerto Rico.

Todo inmigrante legal tendrá que cumplir con servicio nacional para llegar a ser ciudadano.  Inmigrantes ilegales no tendrán oportunidad de ser ciudadanos.  El servicio para inmigrantes legales será por lo menos cincuenta por ciento (50%) más que para ciudadanos naturales.

 

 

 

 

ARTICULO III: El Poder legislativo, el Congreso

Sección 1. El Congreso

El Poder Legislativo se ejercerá por un Congreso, que se compondrá de dos Cámaras-el Senado y la Cámara de Representantes-cuyos miembros serán elegidos por votación directa elecciones generales e intermedias.

Sección 2. Número de miembros.

El Senado se compondrá de veintisiete Senadores y la Cámara de Representantes de cincuenta y un Representantes, excepto cuando dicha composición resultare aumentada a virtud de lo que se dispone en la sección 7 de este Artículo.

Para fines de continuidad en gobierno, los miembros de la asamblea legislativa quienes cumplan con este artículo permanecerán en sus escaños hasta las próximas elecciones.

Sección 3. Distritos senatoriales y representativos; senadores y representantes por acumulación.

Para los fines de la elección de los miembros al Congreso, Puerto Rico estará dividido en ocho distritos senatoriales y en cuarenta distritos representativos. Cada distrito senatorial elegirá dos Senadores y cada distrito representativo un Representante.

Se elegirán además once Senadores y once Representantes por acumulación. Ningún elector podrá votar por más de un candidato a Senador por Acumulación ni por más de un candidato a Representante por Acumulación.

Sección 4. Junta revisadora de los distritos senatoriales y representativos.

En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el Artículo VIII. Dicha división será revisada después de cada censo decenal a partir del año 1960, por una Junta que estará compuesta del Juez Presidente del Tribunal Supremo como Presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el Presidente (Nacional) con el consejo y consentimiento del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán pertenecer a un mismo partido político. Cualquier revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y medios de comunicación. Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco distritos representativos.

La junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para las elecciones generales que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará disuelta después de practicada cada revisión.  La Junta de Gobierno tendrá autoridad de revisar y aprobar o rechazar la revisión.  De no ser aprobado, la Junta podrá ordenar los cambios necesarios.

Sección 5. Requisitos de miembros del Congreso  .

Ninguna persona podrá ser miembro del Congreso a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; sea ciudadano de los de Puerto Rico y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan cumplido treinta años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan cumplido veinticinco años de edad.

Sección 6. Residencia en distrito.

Para ser electo o nombrado Senador o Representante por un distrito será requisito haber residido en el mismo durante no menos de un año con anterioridad a su elección o nombramiento. Cuando hubiere más de un distrito representativo en un municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el municipio.

Sección 7. Representación de partidos de la minoría; miembros adicionales.

Cuando en una elección general resultaren electos más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las cámaras por un solo partido o bajo una sola candidatura, según ambos términos se definan por ley, se aumentará el número de sus miembros en los siguientes casos:

(a) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido menos de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de Presidente, se aumentará el número de miembros del Senado o de la Cámara de Representantes o de ambos cuerpos, según fuere el caso, declarándose electos candidatos del partido o partidos de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido o partidos de minoría alcance el número de nueve en el Senado y de diecisiete en la Cámara de Representantes. Cuando hubiere más de un partido de minoría, la elección adicional de candidatos se hará en la proporción que guarde el número de votos emitidos para el cargo de Presidente por cada uno de dichos partidos con el voto que para el cargo de Presidente depositaron en total esos partidos de minoría.

Cuando uno o más partidos de minoría hubiese obtenido una representación en proporción igual o mayor a la proporción de votos alcanzada por su candidato a Presidente, no participará en la elección adicional de candidatos hasta tanto se hubiese completado la representación que le correspondiese bajo estas disposiciones, a cada uno de los otros partidos de minoría.

(b) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido más de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de Presidente, y uno o más partidos de minoría no eligieron el número de miembros que les correspondía en el Senado o en la Cámara de Representantes o en ambos cuerpos, según fuere el caso, en proporción a los votos depositados por cada uno de ellos para el cargo de Presidente, se declararán electos adicionalmente sus candidatos hasta completar dicha proporción en lo que fuere posible, pero los Senadores de todos los partidos de minoría no serán nunca, bajo esta disposición, más de nueve ni los Representantes más de diecisiete.

Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en cumplimiento de estas disposiciones, se considerarán, en primer término, sus candidatos por acumulación que no hubieren resultado electos, en el orden de los votos que hubieren obtenido y, en segundo término sus candidatos de distrito que, sin haber resultado electos, hubieren obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el número de votos depositados en relación con la proporción de los votos depositados a favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en otros distritos.

Los Senadores y Representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta sección serán considerados para todos los fines como Senadores o Representantes por Acumulación.

El Congreso adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas garantías, y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección, así como el número mínimo de votos que deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a Presidente para tener derecho a la representación que en la presente se provee.

Sección 8. Término del cargo; vacantes.

El término del cargo de los Senadores y Representantes comenzará el día dos de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección en la cual hayan sido electos. Cuando sura una vacante en el cargo de Senador o Representante por un distrito, dicha vacante se cubrirá según se disponga por ley. Cuando la vacante ocurra en el cargo de un Senador o un Representante por Acumulación, se cubrirá por el Presidente de la Cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor. La vacante de un cargo de Senador o Representante por Acumulación electo como candidato independiente, se cubrirá por elección en todos los distritos. El Cacique podrá llenar cualquier vacante en cualquier oficina electiva de manera temporero en lo que elige un nuevo candidato.

Cada senador será elegido por un término de 6 (seis) años con una tercera parte de los miembros elegido cada 2 años.  Los representantes serán elegidos por un término de 4 años con la mitad de los miembros elegidos cada 2 años.  Nadie podrá ser miembro de ningún cuerpo legislativo o cualquier oficina electiva o nombrada por más de 24 (veinte y cuatro) años; ni ofrecer servicio elegido o nombrado (en múltiples oficinas) por un máximo de 40 (cuarenta) años.  Nadie podrá ofrecer servicio total en cualquier combinación de elegido, nombrado y/o empleado o servicio en el gobierno por más de 50 años en una vida.

Sección 9. Facultades de cada cámara.

Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y; elegirá sus funcionarios, adoptará las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno; y con la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la sección 21 de este Artículo. Cada cámara elegirá un presidente de entre sus miembros respectivos.  El del escrutinio de toda elección será responsabilidad de la comisión nacional de elecciones, bajo supervisión de la oficina del contralor y con concurrencia del Cacique.

Sección 10. Sesiones ordinaria y extraordinaria.

El Congreso   será un cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año a partir del segundo lunes de enero. La duración de las sesiones ordinarias y los plazos para la radicación y la consideración de proyectos serán prescritas por ley. Cuando el Presidente nacional convoque al Congreso   a sesión extraordinaria sólo podrá considerarse en ella los asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial que el Presidente le envíe en el curso de la sesión, la cual no podrá extenderse por más de veinte días naturales.

Sección 11. Sesiones pública.

Las sesiones de las cámaras serán públicas.

Sección 12. Quórum.

Una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara constituirá quórum, pero un número menor podrá recesar de día en día y tendrá autoridad para compeler la asistencia de los miembros ausentes.

Miembros que se escondan o huyen para evitar quorum para evitar votaciones o acciones legislativos o responsabilidades oficiales se consideran haber renunciado de sus escaños y perderán todos derechos e inmunidades de lo mismo.  En este caso, el Cacique podrá declarar quorum para finalizar los trabajos suspendidos.  En este caso, el Cacique podrá llenar las vacantes hasta las próximas elecciones como el decide a su discreción total, sin limitaciones o excepciones.   Los renunciados por abandonar sus cargos, serán prohibidos a ser candidatos, electos o nombrados por un periodo de no menos de 15 años.

Sección 13. Lugar de reunión; suspensión de sesiones.

Las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico, y ninguna de ellas podrá suspender sus sesiones por más de tres días consecutivos sin el consentimiento de la otra.

Sección 14. Privilegios e inmunidades de miembros.

Ningún miembro del Congreso será arrestado mientras esté en sesión la cámara de la cual forme parte, ni durante los quince días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por traición, delito grave, o alteración de la paz; y todo miembro del Congreso gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones; al menos que sus expresiones implícitamente llaman al derrocamiento del gobierno o inciten traición o sedición contra el gobierno actual.

Sección 15. Cargo incompatible con otros cargos.

Ningún Senador o Representante podrá ser nombrado, durante el término por el cual fue electo o designado, para ocupar en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, cargo civil alguno creado, o mejorado en su sueldo, durante dicho término. Ninguna persona podrá ocupar un cargo en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo Senador o Representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea designado para desempeñar funciones ad honorem.  Ningún oficial electo o nombrado podrá ocupar más de una oficina a la vez, con excepción a servicio en la reserva militar o guardia nacional.  Durante tiempos de emergencia, sus labores y responsabilidades militares serán primarias.  Fuera de funciones ad honorem o como autor o actividades similares, ningún funcionario electivo o nombrado podrá tener empleo fuera de su labor.

Sección 16. Facultad para reorganizar departamentos.

El Congreso tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.  Esto no implica autoridad sobre la Junta de Gobierno, sus miembros y/o el Cacique.

Sección 17. Procedimiento legislativo.

Con excepción de tiempos de guerra o emergencia nacional declarada; Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá con-tener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley.

Todo proyecto de inteligencia militar o de alta seguridad nacional será considerado en secreto.

Sección 18. Resoluciones conjuntas.

Se determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley.

Sección 19. Aprobación de proyectos; aprobación por el Presidente.

Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Presidente y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Presidente devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Presidente en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si el Congreso levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Presidente, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Presidente dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista.

Sección 20. Rebaja o eliminación de partidas asignando fondos.

Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos en más de una partida, el Presidente podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas, reduciendo al mismo tiempo los totales correspondientes.

Sección 21. Procesos de residencia.

La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos grave que impliquen depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del Presidente.  El acusado, tendrá oportunidad de defenderse ante el Senado.

Las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesiones ordinarias o extraordinarias. Los presidentes de las cámaras a solicitud por escrito de dos terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, deberán convocarlas para entender en tales procesos.

Sección 22. Contralor.

Habrá un Contralor que será nombrado por el Cacique con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara, Senado y la Junta de Gobierno. El Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley; desempeñará su cargo por un término de diez años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por el Congreso, el Presidente nacional y/o el Cacique.

En el desempeño de sus deberes el Contralor estará autorizado para tomar juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la comparecencia de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes, y todos los demás objetos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación.

El contralor será miembro de la Junta de Gobierno y podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el procedimiento establecido en la sección precedente; o por causa determinado por el Cacique a su discreción exclusiva.  De ser removido, será separado de sus funciones de forma inmediata.

Sección 23: Nombramientos de fin de cuatreño

Con excepción de tiempos de guerra o emergencia nacional; y solo en posiciones necesitados para atender lo mismo: se prohíben nombramientos y/o confirmación o reclutamiento de empleados o contratistas después de una elección general perdida o en lo cual el oficial no participo.  Todos los empleados, oficiales, jueces u otros empleados o contratistas del gobierno quienes fueron nombrados, confirmados o empleados o contratados después de una falla electoral (o en la cual el Presidente, gobernador o exgobernador, miembro de la legislatura u otra organización del gobierno no participo) serán despedidos el primero de febrero del primer año de la república.   Los que cualifican tendrán opción de acogerse al retiro.

Sección 24: Poderes nacionales

El senado tendrá autoridad para ratificar tratados con la concurrencia de dos terceras partes de sus miembros.  Tratados no serán ratificados, ni podrán ser aplicados sin la concurrencia del Cacique bajo consejo de la Junta de Gobierno.

El congreso tendrá autoridad para establecer un sistema postal privado y supervisado por el gobierno; establecer y supervisar puertos, carreteras y otras actividades o infraestructura para la nación.

Tendrá capacidad de investigar asuntos públicos y actos oficiales.

El congreso tendrá todos los poderos proporcionados a la asamblea legislativa bajo la constitución del Estado Libre Asociado que no estén en conflicto con esta constitución o los poderes e inmunidades de la Junta de Gobierno y/o Cacique.  Los poderes finales del congreso serán dictados en la constitución final o por enmienda a esta constitución.

Sección 25: limitaciones

El poder legislativo del congreso será subordinado a las podres de la Junta del Gobierno durante la transición.  El congreso no podrá aprobar leyes, reglamentos o tratados que interfieren con la implementación de esta constitución, el sistema económico; los derechos naturales; o los poderes y/o inmunidades de la Junta de Gobierno o Cacique.

 

 

ARTICULO IV: El Poder Ejecutivo

Sección 1. El Presidente.

El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Presidente, quien será elegido por voto directo en cada elección general.

Sección 2. Término del cargo; residencia y despacho.

El Presidente ejercerá su cargo por el término de cuatro años a partir del día dos de enero del año siguiente al de su elección y hasta que su sucesor sea electo y tome posesión. Residirá en Puerto Rico, en cuya ciudad capital tendrá su despacho.

El actual gobernador será designado el presidente interina si: antes del primer día de diciembre antes de independencia o implementación de esta constitución renuncia todos lazos con partidos políticos; y acepta juramentar a la nueva constitución.  De no hacerlo o de tener que declarar independencia antes del primero de enero; el Cacique entrante asumirá la presidencia hasta la próxima elección general bajo esta o futuro constitución cuando sea elegido un nuevo presidente.

Sección 3. Requisitos para Presidente y su elección.

Nadie podrá ser Presidente a menos que, a la fecha de la elección, haya cumplido treinta y cinco años de edad, y sea, ciudadano de la Republica y nacido en la nación o presente en el momento de la independencia; y comenzando con la segunda elección general haya sido durante los cinco años precedentes, residente bona fide de Puerto Rico.

Las oficinas del Presidente, Vicepresidente y secretarios (jefes de agencias) serán oficinas no partidistas.  Candidatos tendrán que renunciar cualquier afiliación partidista antes de anunciar su candidatura y presentar una carta de renuncia de todo partido político a la oficina del Cacique.  Tendrán que cortar todos lazos partidistas y organizar su campaña separada de su partido político.  No podrán recibir, ni pedir, ni ofrecer, ni compartir donaciones políticas o recursos con un partido político u otra organización que no está directamente vinculado con su campaña.  Violar esta cláusula es sedición y será procesado por el Tribunal Militar.

Cada miembro de liderato en ambas cámaras (incluyendo liderato de partidos minorías en ambas cámaras) y cada miembro de la Junta de Gobierno podrán nominar un candidato a la presidencia.  Por otro lado, con la presentación de cien mil firmas a la oficina de la comisión nacional de elecciones (verificados por el contralor con la concurrencia del Cacique) se podrá formalizar una candidatura.   Se podrá apelar cualquier decisión negativa sobre candidaturas presidenciales al Tribunal Supremo y con votación mayoritaria se confirma la candidatura.

Sección 4. Facultades y deberes del Presidente.

Los deberes, funciones y atribuciones del Presidente serán:

Cumplir y hacer cumplir las leyes.

Convocar al congreso o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran.

Nombrar, en la forma que se disponga por esta Constitución o por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. El Presidente podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria.

Ser el sub-comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Llamar las fuerzas armadas y/o reservas y milicia y convocar el posse comitatus a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión.

Sancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa.

Presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación.

Presentarse ante una sesión conjunta del congreso y contestar preguntas de los miembros por no menos de dos horas y no más de tres horas una vez al año.   Cada miembro del senado tendrá oportunidad de hacer una pregunta al presidente nacional; cada mimbro del liderato de la cámara, incluyendo los jefes de comisiones y de minoría también tendrán derecho hacer una pregunta.

Ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que se le señalen por esta Constitución o por ley.

Sección 5. Nombramiento de secretarios; Consejo de Secretarios.

Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Presidente estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. Todos secretarios nombrados deberán reunir los requisitos establecidos en la sección 3 de este Artículo. Los Secretarios de Gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo del Presidente que se denominará Consejo de Secretarios.

Sección 6. Departamentos ejecutivos.

Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes: de Estado, de Justicia, de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras Públicas. Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un Secretario de Gobierno.

Sección 7. Sustitución del Presidente – Vacante absoluta.

Cuando ocurra una vacante en el cargo de Presidente producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Vicepresidente, quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo Presidente sea electo y tome posesión. Si por cualquier razón el Vicepresidente no pudiere ocupar el cargo, lo ocupará el Secretario de Defensa, seguido por el Secretario de Estado y  Secretario de Gobierno en ese orden y además como lo prescribe la ley.

En caso de guerra, emergencia nacional o insurrección; con la perdida de todos los oficiales quilificados por ley para ocupar la presidencia; El Cacique ocupara la oficina de la presidencia o en caso de la muerte del Cacique y todos miembros de la Junta de Gobierno; el oficial de más alto rango sobre viviente en las fuerzas armadas ocupara la oficina de Cacique y el de segundo más alto en rango ocupara la presidencia ambos de manera temporera hasta que se celebran los próximos comicios electorales y ocupan su cargo los nuevos oficiales del gobierno.

Sección 8. Vacante transitoria.

Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio el Presidente esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá, mientras dure el impedimento, el Vicepresidente. Si por cualquier razón el Vicepresidente no pudiere ocupar el cargo, lo ocupará el Secretario de Defensa, seguido por el Secretario de Estado y  Secretario de Gobierno en ese orden y además como lo prescribe la ley.

Sección 9. Elección por Asamblea Legislativa a falta de sucesor que llene requisitos.

Cuando el Presidente electo no tomase posesión de su cargo, o habiéndolo hecho ocurra una vacante absoluta en el mismo, el Vicepresidente nacional ocupara el cargo.  De ocurrir una vacante absoluta en ambos cargos, el Cacique nombrara un Presidente interino y/o podrá ocupar la oficina de manera temporera.

El congreso electo, al reunirse en su primera sesión ordinaria, elegirá por mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara, un Presidente y éste desempeñará el cargo hasta que su sucesor sea electo en la siguiente elección general y tome posesión.

Sección 10. Destitución del Presidente.

El Presidente podrá ser destituido por las causas y mediante el procedimiento que esta Constitución establece en la Sección 21 del Artículo III o por sanciones acumuladas del Cacique.

 


 

ARTICULO V El Poder Judicial

Sección 1. El Poder judicial; Tribunal Supremo; otros tribunales.

El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley.

Sección 2. Sistema judicial unificado; creación, competencia y organización de los tribunales.

Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización.

Sección 3. Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia; organización.

El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y ocho jueces asociados.

Sección 4. Sesiones y decisiones del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas compuestas de no menos de tres jueces. Ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la ley.

Toda sesión del Tribunal Supremo será pública y transmitida en vivo en el internet o futuro sistema de comunicación.

Sección 5. Jurisdicción original del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley.

Sección 6. Reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal.

El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán al congreso al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por el congreso, el cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto.

Sección 7. Reglas de administración; Juez Presidente dirigirá administración y nombrará director administrativo.

El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado.

Sección 8. Nombramiento de jueces, funcionarios y empleados.

Los jueces serán nombrados por el Presidente con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán por un periodo de no más de 10 (diez) años, con opción de ser extendidos por nombramiento del presidente nacional, y concurrencia del Cacique; a 10 años más.  Los términos de los cargos de los demás serán también de 10 años. Ningún juez podrá ocupar un cargo por más de 20 (veinte) años y no podrá ser juez por más de 35 (treinta y cinco) años en su vida.  Todo lo relativo al nombramiento de los demás funcionarios y de los empleados de los tribunales, se determinará por ley.  Los jueces tendrán que retirar a los 65años.

Sección 9. Requisitos para juez del Tribunal Supremo.

Nadie será nombrado juez del Tribunal Supremo a menos que sea ciudadano de Puerto Rico; ha completado su servicio nacional, haya sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico por lo menos diez años antes del nombramiento y haya residido en Puerto Rico durante los cinco años inmediatamente anteriores al mismo; y ha ofrecido servicio como un juez  para por lo menos diez años durante su vida.

Los jueces actuales en el momento de independencia, que no violentan las cualificaciones arriba, continuaran en su cargo.  El presidente nombrara los miembros del Tribunal Supremo, confirmados por el senado; pero el Cacique tendrá única autoridad de nombrar el Juez Presidente pero solo podrá escoger entre los jueces asociados del actual Tribunal Supremo; en el momento de la independencia el Cacique podrá nombrar un nuevo Juez Presidente y remover un juez asociado para que no pasa de 9 los miembros del Tribunal Supremo.

Sección 10. Retiro de los jueces.

La Congreso establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido sesenta y cinco (65) años de edad.

Sección 11. Destitución de los jueces.

Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por las causas y mediante el procedimiento que esta Constitución establece en la sección 21 del Artículo III. Los jueces de los demás tribunales podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley.

Los jueces que pierden su licencia de practicar leyes en Puerto Rico de manera temporada o permanente serán removidos automáticamente de su cargo y serán prohibidos de volver a ser jueces al menos que cualifican de nuevo de poseer licencia de leyes en la nación y son nombrados por un futuro presidente.

El Tribunal Supremo autorizara la licencia de practicar leyes en la nación.  El Cacique tendrá autoridad para suspender o retirar la licencia por causa a su discreción exclusiva.

Sección 12. Actividades políticas de los jueces.

Ningún juez aportará dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos, ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o participará en campañas políticas de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos seis meses antes de su nominación.

Cualquier coordinación con un partido u organización política será considerada un crimen de carácter grave y justificara la destitución.   Cualquier juez que actúa o ejerce fuera de su jurisdicción es culpable de traición.

Ningún juez podrá trabajar fuera de su cargo; esto no excluye honorarios o pagos por escribir libros u ofrecer discursos o lecturas en clases de leyes.

Sección 13. Término del cargo del juez de un tribunal modificado o eliminado.

De modificarse o eliminarse por ley un tribunal o una sala o sección del mismo, la persona que en él ocupare un cargo de juez continuará desempeñándolo durante el resto del término por el cual fue nombrado, y ejercerá aquellas funciones judiciales que le asigne el Juez Presidente del Tribunal Supremo.

 

 

 


 

ARTICULO VI: Disposiciones Generales

Sección 1. Los Municipios.

El congreso tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin.

Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que sea ratificada, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse. La forma del referéndum se determinará por ley que deberá incluir aquellos procedimientos aplicables de la legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la ley.

Durante la transición, la Junta de Gobierno tendrá autoridad exclusiva hacer cualquier cambio a los municipios, sus leyes, jurisdicciones, reglamentos etc. Esos cambios tendrán protección constitucional y no podrán ser enmendados sin enmendar la constitución o con la implementación de la constitución permanente.

Sección 2. Poder para imponer contribuciones; para contraer deudas.

El poder del congreso para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por el congreso con la concurrencia de la JG, y nunca será rendido o suspendido. El poder del congreso para contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga la Junta de Gobierno, pero ninguna obligación directa de Puerto Rico por dinero tomado a préstamo directamente por Puerto Rico evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago de la cual la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones de Puerto Rico fueren empeñados será emitida por Puerto Rico si el total de (i) el monto del principal de e intereses sobre el total de dichos bonos y pagarés, junto con el monto del principal de e intereses sobre la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por el Estado Libre Asociado y/o la Republica en circulación, pagaderos en cualquier año económico y (ii) cualesquiera cantidades pagadas por la Republica en el año económico inmediatamente anterior al año económico corriente en concepto de principal e intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos o pagarés garantizadas por la Republica, excediere el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes de la Republica e ingresadas en el Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente; y ninguno de dichos bonos o pagarés emitidos por la Republica para cualquier fin que no fuere facilidades de vivienda vencerá con posterioridad a un término de 30 años desde la fecha de su emisión y ningún bono o pagaré emitido para fines de vivienda vencerá con posterioridad a un término de 40 años desde la fecha de su emisión; y la Republica no garantizará obligación alguna evidenciada mediante bonos o pagarés si el total de la cantidad pagadera en cualquier año económico en concepto de principal e intereses sobre la totalidad de las antes referidas obligaciones directas hasta entonces emitidas por la Republica y en circulación y las cantidades a que se hace referencia en la cláusula (ii) excediere el 15 por ciento del promedio del monto total de dichas rentas anuales.

La Junta de Gobierno fijará límites para la emisión de obligaciones directas por cualquier municipio de Puerto Rico y el gobierno nacional; por dinero tomado a préstamo directamente por dicho municipio evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago de las cuales la buena fe, el crédito y el poder para imponer contribuciones de dicho municipio fueren empeñados; Disponiéndose, sin embargo, que ninguno de dichos bonos o pagarés será emitido por municipio alguno en una cantidad que, junto con el monto de la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por dicho municipio y en circulación, exceda el por ciento determinado por la Junta de Gobierno, el cual no será menor del uno por ciento (1%) ni mayor del diez por ciento (10%) del valor total de la tasación de la propiedad situada en dicho municipio.

La Junta de Gobierno tiene autoridad de tomar control directo sobre las finanzas de cualquier entidad del gobierno incluyendo pero no limitado a el gobierno nacional, los municipios, condados, agencias etc; en el caso de que fallan en cumplir con el pago de sus deudas; o que estén en alto riesgo de lo mismo según auditorias independientes.  La JG podrá ordenar auditorias independientes en cualquier momento, los cuales serán pagados por la JG.   En casos de impago, los oficiales de gobierno responsables podrán ser procesados criminalmente por incumplimiento de deber y/o corrupción pública por abandono del cargo.

El Secretario de Hacienda podrá ser requerido para que destine los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los intereses sobre la deuda pública y la amortización de la misma en cualquier caso al cual fuere aplicable la Sección 8 de este Artículo VI mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos o pagarés emitidos en evidencia de la misma.

El gobierno central de Puerto Rico ni los municipios o condados no podrán entrar en deuda sin el consentimiento y bajo la supervisión de la Junta de Gobierno.  Esto también aplica a todos dependencias, oficinas e instrumentalidades del gobierno y sus agencias, municipios o condados.  De haber ganancias y/o ingresos suficientes, la JG podrá pagar parte o todo de la deuda de un municipio, algunos o todos los municipios a su única discreción.

Sección 3. Reglas para imponer contribuciones serán uniformes.

Las reglas para imponer contribuciones serán uniformes en Puerto Rico.  Solo podrán haber tres contribuciones emitidos o requeridos por el gobierno de Puerto Rico: 1 contribuciones sobre ingresos individuales a razón de sueldo o bonos a empleados empezando con el primer dólar ganado y sin deducciones algunas; 2 contribuciones sobre ganancias de corporaciones, empresas o individuos auto empleado; y 3 contribuciones sobre ventas y usos.  Todos se establecen en 6.6% en el momento de independencia y no se podrá cambiar uno sin un cambio igual a los otros.  Se subirán o bajaran de manera uniforme.  En ningún momento; por ninguna razón podrán las contribuciones en la nación pasar el 10% (diez por ciento).

Se  bajaran las contribuciones automáticamente un punto completo (1% o por ejemplo de 6.6% a 5.6% etc) por un pago de dos mil millones del FN al gobierno central cada año para el próximo año.  Cada tres mil millones más en un año pagado el gobierno central del FN bajara las contribuciones un punto más hasta llegar a cero.

Se podrá cobrar contribuciones sobre propiedad inmueble pero esta no podrá exceder el 1% (un porciento) del valor de la propiedad.  Contribuciones sobre propiedad serán pagadas exclusivamente y directamente a los municipios y/o condados donde fueron cobradas.  Municipios podrán cobrar un impuesto sobre ventas y uso; pero esto no podrá pasar el 3%.  El FN podrá hacer pagos a los municipios y serán pagados basados en el número total de residentes en ese municipio o condado.  Cada pago del FN que representa el 35% del presupuesto aprobado del municipio del año anterior bajara automáticamente las contribuciones en ese municipio un punto (1%) completo y contribuciones sobre propiedad 0.30% para el próximo año.  Los municipios (y el gobierno central) no podrán engrandecer sus presupuestos con fin de evitar bajar las contribuciones.

Todos los demás contribuciones serán anulados en el momento de la independencia y se prohíbe al gobierno crear nuevos impuestos sin enmendar la constitución o como dirige la constitución final.  Esto no prohíbe cobrar por uso, acceso o licencias; pero estos no podrán ser excesivos; ni prohibir por alto costo actividades comerciales o personales.

El congreso podrá cobrar una tarifa (arancel) sobre productos de otros países, pero solo en el mismo porcentaje o cantidad (o menos) cobrado por la nación de origen de esos productos o servicios que esa nación cobra a productos de Puerto Rico.

Se prohíbe requerir a individual asalariados o pagados por hora someter o rendir informes o planillas sobre contribuciones a Hacienda, el tesoro de la republica u otra organización del gobierno.

Sección 4. Elecciones.

Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine el congreso. En dichas elecciones serán elegidos el Presidente, los miembros del congreso y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley y esta constitución.

Será elector todo ciudadano que haya cumplido dieciocho años de edad, y reúna los demás requisitos que se determine por ley; y que no esté encarcelado o en probatoria por convicción criminal.

Con excepción del tiempo del establecimiento de la nación y la transición y los que por discapacidad o edad mayor de cincuenta años son exentos; nadie podrá votar en asuntos relacionados con la Junta de Gobierno que no ha completado servicio nacional;

Nadie que no ha cumplido dos (2) años de servicio nacional antes de cumplir veinte (20) años de edad podrá votar en cualquier elección o referéndum o enmienda que envuelve la Junta de Gobierno y/o el Fideicomiso Nacional. Ni podrán votar los que no han completado 2 años de servicio antes de cumplir 30 años de edad y 4 años de servicio nacional antes de cumplir cuarenta años de edad.  Los que reúsan cumplir con servicio nacional antes de cuarenta años o quienes por encarcelamiento no lo han podido cumplir, perderán por siempre su derecho al voto en asuntos relacionados a la Junta de Gobierno y/o Fideicomiso Nacional.

Nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad.

Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas.  La Junta de Gobierno reservará poder de revisar, enmendar; aprobar o rechazar cualquier ley relacionado con elecciones.

Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. Excepto la oficina de presidente y vicepresidente que tendrá que ser por mayoría de los votos.

Sección 5. Promulgación de leyes; término de vigencia.

Las leyes deberán ser promulgadas conforme al procedimiento que se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de vigencia.  Con excepción de ley criminal y leyes relacionados con defensa nacional, seguridad nacional y seguridad pública; después de diez años toda ley tendrá que ser avalado por mayoría de electores en una elección para continuar en efecto.  De no ser aprobado por los electores, o de no ser incluido en un voto cuando cumpla diez años se vencerá automáticamente le ley.

Sección 6. Asignaciones, cuando no se hayan aprobado.

Cuando a la terminación de un año económico no se hubieren aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de funcionamiento del gobierno y para el pago de intereses y amortización de la deuda pública durante el siguiente año económico, continuarán rigiendo las partidas consignadas en las últimas leyes aprobadas para los mismos fines y propósitos, en todo lo que fueren aplicables, y el Presidente  autorizará los desembolsos necesarios a tales fines hasta que se aprueben las asignaciones correspondientes.

Sin embargo, de no cumplir con el trabajo de aprobar un presupuesto y balanceado a tiempo; TODOS los miembros del congreso perderán su compensación y trabajaran sin sueldo hasta que se aprueba el presupuesto.  No podrán cobrar, ni recibir compensación perdida por el tiempo que demoraron en cumplir con su trabajo.

Sección 7. Asignaciones no excederán de los recursos.

Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones y/o recortes suficientes para cubrir dichas asignaciones.  Incurrir deuda es prohibido sin consentimiento de la Junta de Gobierno y la concurrencia del Cacique.

Sección 8. Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten.

Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago la defensa nacional y seguridad pública y servicios de emergencia en ese orden; después al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.

Sección 9. Uso de propiedades y fondos públicos.

Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.

Sección 10. Compensación adicional por servicios; prórroga del término o disminución de sueldo de funcionario público; sueldo por más de un cargo.

Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el contrato. Ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento. Ninguna persona podrá recibir sueldo por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico.

Sección 11. Sueldos de funcionarios; aumento o reducción.

Los sueldos del Presidente Nacional, de los Secretarios de Gobierno, de los miembros del congreso, del Contralor y de los Jueces se fijarán por ley especial y, con excepción del sueldo de los miembros del congreso, no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron electos o nombrados. Los del Presidente Nacional y el Contralor no podrán ser aumentados durante dicho término. Ningún aumento en los sueldos de los miembros del congreso tendrá efectividad hasta vencido el término del congreso que lo apruebe. Cualquier reducción de los sueldos de los miembros del congreso sólo tendrá efectividad durante el término del congreso que la apruebe.

Sección 12. Residencia del Presidente Nacional y propiedades del ELA y EEUU

Los edificios y propiedades pertenecientes al Estado Libre Asociado que hasta ahora han sido usados y ocupados por el Gobernador como Jefe Ejecutivo, y aquellos que usare y ocupare en la misma capacidad, no devengarán rentas y se trasladan automáticamente a la Republica.

Todos edificios y propiedades y pertenencias del Estado Libre Asociado serán propiedad del gobierno de la Republica de Puerto Rico.  Todas propiedades y pertenencias del gobierno federal de EEUU también serán propiedad de la Republica y/o como sea indicado en el tratado de reconocimiento.

Sección 13. Franquicias, derechos, privilegios y concesiones.

El procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios y concesiones de carácter público o cuasi público será determinado por ley, pero toda concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el Cacique y/o por el funcionario ejecutivo en quien él delegue. Toda franquicia, derecho, privilegio o concesión de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, alteración o revocación según se determine por ley.

Sección 14. Tenencia de tierras por corporaciones.

Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación; y el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados, por su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole.

Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con garantías sobre bienes raíces y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad de los mismos.

Las corporaciones que no se hayan organizado en Puerto Rico, pero que hagan negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sección, hasta donde sea aplicable.  Cualquier corporación que tenga operaciones en Puerto Rico tendrá que incorporar un subsidiario en Puerto Rico, en lo cual la mitad de los empleados tendrán que ser ciudadanos de la nación.  Esto no aplica a productos importados o negocios que operan atreves del internet o futuras tecnologías.

Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos en exceso de quinientos acres de la Republica y sus agencias o instrumentalidades.  Tampoco prohíbe el establecimiento u operación de compañías de bienes raíces cuyo propósito como negocio es como compañía de bienes raíces o financiamiento de lo mismo.

Ciudadanos individuales podrán comprar y poseer terrenos hasta mil cuerdas y comprar y/o vender sin obstáculo del gobierno esos terrenos y/o islas privadas adyacentes y bajo la jurisdicción de la Republica y esta constitución.   Individuos y corporaciones foráneos no serán prohibidos de comprar o poseer terreno (con el máximo de quinientas acres (500); o de hacer negocio en Puerto Rico; y estarán bajo las misma leyes que los ciudadanos; siempre y cuando cumplan con la ley y no usan esos terrenos, propiedades o negocios para propósitos criminales, o de sedición; o de incitar pánico, insurrección, rebelión o para espiar para gobiernos u otras corporaciones.

Sección 15. Bandera, Escudo e Himno.

Bajo esta constitución La bandera oficial de la Republica será la bandera de Puerto Rico con el triángulo de azul marino, estrella blanca y líneas rojas y blancas.  La bandera del Cacique será la bandera revolucionaria de Lares con un Falcón de Sierra en el centro con las alas abiertas.  El Himno nacional será ‘La Borinqueña Revolucionaria.’ La mascota de la Republica será el Falcón de Sierra.

La bandera de la republica será alzado en todos oficinas, edificios, bases y dependencias de la república; y la bandera del Cacique se alzara en su residencia, oficina y en cualquier lugar donde el este presente.  Sera considerado violación de juramento del oficial encargado el no alzar la bandera apropiada o alzar otra;  se considerara un delito violar esta sección.  Cada oficina del gobierno (incluyendo los municipios) deberá mantener una bandera del Cacique en su posesión para ser usado durante visitas del Cacique.

El proceso para adoptar la constitución final determinará todo lo concerniente a la Bandera, el Escudo, mascota y el Himno de la Republica. Una vez así establecidos, no podrán ser cambiados sin enmendar la constitución.  Cualquier enmienda de ley que los cambie no comenzará a regir hasta un año después de celebradas las elecciones generales siguientes a la fecha de la aprobación de dicha enmienda.  El primer Cacique determinara la bandera, escuda, mascota e himno del Cacique y el lugar de su oficina y residencia; y estas serán permanentes al menos que se enmienda la constitución con consentimiento del Cacique en ese momento.

Sección 16. Juramento de funcionarios y empleados públicos.

Todos los funcionarios, elegidos o nombrados y/o empleados y miembros de las fuerzas armadas, reserva, guardia, milicia y policía de la Republica, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán y firmaran, antes de asumir las funciones de sus cargos, un juramento de fidelidad a la Constitución de la Republica de Puerto Rico y sus leyes.  El juramento será (o como enmendado o cambiado por la constitución final)”

“Yo, (nombre) juro y prometo; defender y proteger la Republica de Puerto Rico y su constitución y leyes de todos enemigos domésticos o foráneos; y ser fiel a las mismas.  Juro proteger los derechos naturales y civiles e igualdad bajo ley, el derecho a propiedad privada; y proteger y defender el libre mercado.  Juro a fielmente ejecutar las responsabilidades de la oficina de (nombre de oficina), que así dios me ayude.

El Presidente y VicePresidente Nacional, el Juez Presidente y otros Jueces del Tribunal Supremo y los miembros y oficiales de la Junta de Gobierno serán Juramentados por el Cacique.  Cuando sea posible, el Cacique será Juramentado por el Cacique saliente. El primer Cacique determinara quien le juramentara y el lugar a su discreción.

Violar el juramento se considera un crimen grave y corrupción pública y podrá resultar en la destitución permanente del oficial y procesamiento criminal.

Sección 17. Traslado de la sede del gobierno en caso de emergencia.

En casos de invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otros que provoquen un estado de emergencia, el Cacique podrá convocar el congreso, presidente y Junta de Gobierno para reunirse fuera del sitio en que tengan su asiento las cámaras. Asimismo podrá ordenar el traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencias, instrumentalidades y organismos fuera de la sede del gobierno, por el tiempo que dure la emergencia.

Sección 18. Acciones criminales se instruirán a nombre de El Pueblo de Puerto Rico.

Toda acción criminal en los tribunales la Republica de Puerto Rico se instruirá a nombre y por autoridad de “”El Pueblo de Puerto Rico,” mientras otra cosa no se dispusiere por ley.

Sección 19. Recursos naturales; lugares históricos o artísticos; instituciones penales; delincuentes.

Será política pública de la Republica la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por el congreso con la concurrencia del Cacique; reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.

Sección 20: Protección ambiental

Se establecerá una política pública de protección ambiental para la nación; lo cual no podrá interferir con el libre mercado, pero protegerá los recursos naturales de la nación y limitar desarrollo en la nación para preservar y limpiar bosques, ríos, lagos, aire y el mar; y para controlar y limpiar de ser necesario depósitos o vertederos tóxicos.

Por cada acre en áreas protegidas por ley desarrolladas, habrá que proteger dos acres nuevos en otro lugar o adyacentes al mismo.

Las leyes ambientales que no interfieren con esta constitución o el establecimiento de zonas especiales; o el desarrollo o construcción de una o más plantas nucleares y/o infraestructura o bases militares o edificios necesitados continuaran en vigor hasta ser enmendadas, derogadas o cambiadas por la constitución final.

 

ARTICULO VII: Disposiciones Transitorias

Sección 1. Continuación de Leyes, derechos, responsabilidad, etc.

Al comenzar a regir esta Constitución todas las leyes que no estén en conflicto con la misma continuarán en vigor íntegramente hasta que sean enmendadas o derogadas o hasta que cese su vigencia de acuerdo con sus propias disposiciones.

Salvo que otra cosa disponga esta Constitución, la responsabilidad civil y criminal, los derechos, franquicias, concesiones, privilegios, reclamaciones, acciones, causas de acción, contratos y los procesos civiles, criminales y administrativos subsistirán no obstante la vigencia de esta Constitución.

Sección 2. Funcionarios existentes continuarán en sus cargos.

Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección o nombramiento a la fecha en que comience a regir esta Constitución, continuarán en el desempeño de los mismos y continuarán ejerciendo las funciones de sus cargos que no sean incompatibles con esta Constitución, a menos que las funciones de los mismos sean abolidas o hasta tanto sus sucesores sean seleccionados y tomen posesión de acuerdo con esta Constitución y con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma.

Sección 3. Jueces existentes continuarán en sus cargos.

Independientemente del límite de edad fijado por esta Constitución para el retiro obligatorio, todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén desempeñando sus cargos a la fecha en que comience a regir esta Constitución continuarán como jueces hasta la expiración del término por el cual fueron nombrados y los del Tribunal Supremo continuarán en sus cargos mientras observen buena conducta; siempre que cumplan con los requisitos de esta constitución.

El Cacique tendrá autoridad exclusiva de escoger el Juez Presidente del Tribunal Supremo y podrá escoger uno nuevo en el momento de independencia.  Sin embargo, tendrá que escoger de los Jueces sentados en el momento de independencia o en el momento de un vacante futuro.

Sección 4. La Republica de Puerto Rico será sucesor del Estado Libre Asociado y El Pueblo de Puerto Rico.

La Republica de Puerto Rico será sucesor del Estado Libre Asociado y El Pueblo de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones de acuerdo con los términos de las mismas.

Sección 5. Expresión “Ciudadano de la Republica de Puerto Rico” sustituirá la de “Ciudadano del Estado Libre Asociado Puerto Rico”.

En lo sucesivo la expresión “ciudadano de la Republica de Puerto Rico”, sustituirá a la expresión “ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” según ésta ha sido usada antes de la vigencia de esta Constitución.

Sección 6. Partidos políticos.

Los partidos políticos continuarán disfrutando de todos los derechos que les reconozca la ley electoral, siempre que reúnan los requisitos mínimos exigidos para la inscripción de nuevos partidos por la ley vigente al comenzar a regir esta Constitución. El Congreso con el consentimiento de La Junta de Gobierno podrá, podrá cambiar estos requisitos, con la aprobación de la constitución permanente; pero cualquier ley que aumente los mismos, no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación de la misma.

Sección 7. Leyes complementarías de las disposiciones transitorias.

La Asamblea Legislativa del ELA podrá aprobar las leyes que fueren necesarias para complementar y hacer efectivas estas disposiciones transitorias a fin de asegurar el funcionamiento del Gobierno pero solo con la aprobación por escrito del Cacique entrante nombrado en esta constitución, hasta que los funcionarios que en esta Constitución se proveen sean electos o nombrados y tomen posesión de sus cargos, y hasta que esta Constitución adquiera vigencia en todos sus aspectos.  Todas estas leyes serán derogadas o continuadas a discreción exclusiva del Cacique entrante después de que él toma posesión o en caso de fraude o mal representación legislativa; podrá derogar parte, o todo o todos en cualquier momento antes de juramentar.

Sección 8. Primeras elecciones y elecciones generales.

La primera elección bajo las disposiciones de esta Constitución se celebrará en noviembre del segundo año después de la fecha en que comience a regir esta Constitución (21 meses después de independencia) Esta elección deberá de incluir la mitad de los alcaldes y consejos municipales, la mitad de la cámara de representantes y una tercera parte del senado y de los miembros elegidos de la Junta de Gobierno.  En caso de declaración de independencia antes del 1 de enero después del plebiscito, las primeras elecciones serán en noviembre a 21 meses después del 1 de enero cuando originalmente se esperaba la independencia.

Se determinara por lotería en cada cámara y la JG quienes enfrentaran elecciones primeros y luego; la cual será supervisada por la comisión nacional de elecciones y el contralor y luego certificado por el Cacique.

La primera elección general se celebrara en noviembre del año 2020 y deberá incluir el referéndum sobre la constitución permanente.  Esta elección incluirá el Presidente y VicePresidente nacional, la otra mitad de los alcaldes y consejos municipales; una tercera parte del senado y de los miembros elegidos de la JG.  El Cacique no podrá postularse para la presidencia; y solo podrá ocupar la presidencia de manera interina en el establecimiento de la república o en el futuro durante emergencias nacionales o guerra cuando ocurre un vacante en la presidencia que no puede ser llenado por el proceso normal.

Elecciones generales; que incluirán la elección del presidente nacional serán cada cuatro años y elecciones intermedias serán cada dos años para elegir la mitad de la cámara y una tercera parte del senado y la mitad de los alcaldes y consejos municipales.

Sección 9. Fecha de vigencia de la Constitución.

Esta Constitución comenzará a regir a la media noche del 1 de enero del año inmediatamente después del plebiscito en que gane la opción por votación o por nominación directa ‘El Plan MIRE.’  Ciertas partes de esta constitución entraran en vigor inmediatamente o en el momento de completar la votación en el plebiscito.

Todas actividades del Estado Libre Asociado terminaran bajo el mismo a las 11:59:59 PM el 31 de diciembre del mismo año del plebiscito y de tocar la media noche continuaran bajo la Republica de Puerto Rico.

Esto ocurrirá con o sin el consentimiento del congreso o tribunales de estados unidos; o de partidos, oficiales o tribunales u otras de Puerto Rico.

 

ARTICULO VIII: Junta de Gobierno, Fideicomiso Nacional, Moneda y Cacique

 

Sección I: Junta de Gobierno

Para los fines de fiscalizar las otras ramas del gobierno y supervisar un Fideicomiso Nacional; se establece una Junta de Gobierno de la Republica.

Sección II: Miembros, cualificaciones, términos.

La Junta de Gobierno (JG) tendrá 12 miembros oficiales, tres miembros ex oficios y un presidente quien tendrá el titulo político de ‘Cacique de la Republica.’ (El Cacique)  En el establecimiento el Cacique entrante nombrara todos los miembros de la Junta asegurando representación amplia.

6 de los miembros serán elegidos, tres por región de la isla (Este, centro y oeste dividido por población) y 3 por acumulación nacional.  Ocuparan el cargo por 6 años;  hasta un máximo de 18 años en el cargo.  (Tres términos completos) y bajo ningún circunstancia podrán ejercer la oficina por más de 20 (veinte) años.

Dos (uno por distrito y uno a nivel nacional) enfrentan elección cada dos años.   La decisión de cuales enfrentaran elección y en qué orden será por lotería supervisado por el Contralor y Cacique.

6 serán nombrados e incluyeran 4 oficiales: El Vicepresidente de la Junta (VPJ); el Director Ejecutivo del Fideicomiso Nacional; El Secretario de Justicia y el Contralor.  Todos serán nombrados por el Cacique quien tendrá autoridad de despedirlos por causa a su discreción exclusiva; serán confirmados por el senado.

Los tres miembros ex oficios representaran los tres partidos más grandes del país basado en las elecciones más recientes y serán nombrados por sus partiditos y confirmados por el Cacique.  Tendrán voz, pero no tendrán voto alguno en los procedimientos y temas ante la JG.

Con excepción de los miembros ex oficios, la Junta será no partidista.  Con excepción del tiempo de establecimiento de la república, y el Presidente y Vicepresidente Nacional (actuales en el momento de su candidatura o nombramiento a la Junta); nadie podrá ser candidato ni considerado por un puesto nombrado en la Junta que no ha mantenido separación total de los partidos políticos u otras organizaciones políticas por un término de 6 años antes de ser candidato o nombrado.  También tendrán que mantener esa separación durante oficina y por 6 años después de salir de la Junta.  Violar esta regla se considera sedición.

Candidatos a la Junta podrán ser nombrados por los líderes legislativos de todos partidos elegidos al congreso, o por nominación directa con la firma de al menos cien mil electores para candidatos por acumulación nacional y 33 mil para candidatos por distrito.  Las firmas serán sometidas a la comisión nacional de elecciones y revisadas por el Contralor y el Cacique.  Decisiones negativas del Contralor y/o Cacique podrán ser apelados al Tribunal Supremo.   Además tendrán que cumplir con todos los requisitos de ser candidato a la presidencia nacional.

Miembros y/o candidatos para la JG deberán tener educación y/o experiencia directa con uno de las siguientes profesiones: Finanza, Banca, Inversión, monedas, economía, seguros, ley, contabilidad, gerencia en el gobierno o sector privado, negocios pequeños o medianos; infraestructura primaria.  Excepto en el establecimiento candidatos para elección y nombramiento tienen que haber cumplido su servicio nacional mínimo o haber recibido crédito por servicio en el pasado; antes de ser candidato o nombrado.

Nadie que ha afiliado (presente o en el pasado) con organizaciones comunistas, chavistas o socialistas radicales podrán ser miembros de la Junta de Gobierno, Cacique o Presidente o Vicepresidente nacional; ni oficial de alto o mayor rango en las fuerzas armadas; ni el Tribunal Militar.   De encontrar evidencia después de ser inaugurada, serán removidos sin juicio; y procesados por el Tribunal Militar y encarcelados por no menos de 25 años con labor forzado.

Cualquier oficial del gobierno, sus ramas o agencias; o militar o policía, que coordina acciones con naciones comunistas que perjudican la nación, su sistema económico o economía; o su seguridad; o con enemigos de la nación de cualquier manera; fuera de responsabilidades oficiales será considerado culpable de traición y serán ejecutados.

Sección III poderes e inmunidades de la Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno (JG) operara fuera de gobernanza política.

La JG tendrá autoridad de investigar cualquier dependencia del gobierno y las tres ramas subordinadas (ejecutivo, congreso y tribunales).  Podrá llamar a cualquier empleado, oficial o contratista a testificar bajo juramento ante la JG bajo pena de desacato.  Cualquier oficial que reúsa comparecer o reúsa juramentar o quien bajo juramento reúsa contestar preguntas relacionados con su labor será considerado de haber renunciado su oficina o trabajo y perderá toda inmunidades de lo mismo.

La JG podrá remover cualquier oficial electo o nombrado su cargo do con un voto de 8 de sus miembros.  Remover miembros de la Junta será por el mismo proceso que Secretarios del gabinete presidencial.

 

Con la concurrencia del Cacique;

Tendrá autoridad para supervisar el Fideicomiso Nacional (FN) y las acciones del Director Ejecutiva de la misma;

Autoridad exclusiva sobre la moneda del país, los bancos, seguros y comercio electrónico y sobre zonas especiales establecida por la JG o por esta o futura constitución;

Autoridad de revisar y aprobar o rechazar cualquier tratado o acuerdo internacional y de revisar, enmendar o cambiar leyes y reglamentos relacionados con (o que afectan)  el comercio interno y o externo.

Autoridad exclusiva sobre la inmigración y los programas del servicio y la certificación del mismo.  Todo inmigrante tendrá que conseguir un trabajo dentro de la Republica antes de llegar a la isla y establecer su residencia, (esto no prohíbe visitas de vacaciones o de hacer entrevistas de empleo) o en casos de refugiados dentro de 90 días de su llegada para permanecer en la nación.  Inmigrantes ilegales son prohibidos de adquirir ciudadanía y serán expulsados o encarcelados hasta que deciden irse.  De llegar a la nación de manera ilegal serán prohibidos volver o aplicar para ciudadanía por un término de 5 años.    Organizaciones sin fines de lucro y/o individuos podrán patrocinar a individuos pero serán responsables para ellos hasta que se establecen una vida normal con trabajo y completen su servicio.

Todo inmigrante tendrá que completar su servicio nacional dentro de ocho (8) años o será expulsado al menos que tiene excepción por discapacidad.  Inmigrantes ilegales, que han residido en Puerto Rico por cinco (5) o más años (y podrán comprobarlo) en el momento de independencia; sin haber sido convicto por delito grave o mayor; serán considerados ciudadanos originales de la nación.

Revisar todas las actividades del gobierno Federal de EEUU en Puerto Rico; y todas actividades del gobierno de Puerto Rico y determinar cuales deberán continuar y cuales deben cerrar o ser reorganizados.  Todo agencia, actividad, ley o reglamento de cualquier gobierno a cualquier nivel que este en conflicto con esta constitución, su implementación o el sistema económica que derogado y podrá ser anulado por el Cacique bajo consejo de la Junta de Gobierno.

Miembros de la JG gozaran de las mismas inmunidades que los miembros del congreso.

Sección IV. Compensación

Los oficiales de la JG serán pagados un salario igual a miembros del gabinete del Presidente nacional.  Los demás miembros serán pagaos un salario de 25 mil dólares al año.  Además, la los miembros de la JG (excluyendo el Cacique) cobraran el 3% de las ganancias netas del fideicomiso anualmente pagado atreves de los doce meses siguientes al año previo por lo cual están siendo compensados.

El presupuesto anual de cada oficina de los miembros de la JG y el presupuesto de la JG se pagaran del 3%.  Un cuarto de esa cantidad deberá ser guardado en una cuente que gane intereses para ser usado durante emergencias o años donde no hay ingreso suficiente para cubrir los gastos.  La junta no podrá usar más de 1% al año del total guardado durante tiempos de paz y no más del 5% durante tiempos de emergencia o guerra.

Lo restante será distribuido de manera igual a todos los miembros de la JG y será libre de impuestos.

 

Sección V. Primer presupuesto del Fideicomiso

El FN establecerá con una contribución de $1,000,000,000 (mil millones) de dólares del gobierno central de Puerto Rico.  La mitad se invertirá en una seria de inversiones incluyendo pero no limitados a, metales preciosos, acciones y acciones preferidas, bonos, monedas, investigación y desarrollo e inversiones en nuevos negocios o negocios existentes en Puerto Rico o el mundo.

La otra mitad será el presupuesto para el fideicomiso para un periodo de diez años.  Para fines de no agotar liquidez en el gobierno central el FN podrá exigir no menos de $100,000,000 por año por los primeros diez años.

En adición el diez por ciento (10%) de los ingresos del gobierno central (a razón de contribuciones)  se pagaran al FN.  Todo, menos lo que sea necesario para operaciones (y nunca menos del 90% de esos pagos) serán invertidos.  El FN actúa como entidad con fines de lucro para el pueblo.

Poderes especiales durante la transición

Revisar todas leyes, reglamentaciones y agencias en 6 años.  Toda ley o reglamentación no aprobado o enmendado se considera revocado y queda nulo.  Toda oficina o departamento no continuado oficialmente por la JG será cerrada de manera permanente.

 

Sección VI Fidecomiso nacional y economía

Puerto Rico es nación capitalista que usa el libre mercado como sistema económica.  Se respetara propiedad privada y la libertad individual de entrar en contratos, acuerdos, actividades comerciales y negocios.   Se limitara el poder del congreso y gobierno en general de interferir con el libre mercado con reglamentaciones o leyes excesivas o innecesarias, multas u otras acciones diseñadas para limitar los negocios y/o su capacidad de entrar y competir en el mercado.

Además se implantara un sistema de capitalismo distributivo que compondrá de 4 partes:

  1. Un fideicomiso nacional de inversión y ahorros.
  2. El pago de parte de las ganancias del fideicomiso a (un mínimo de 10% por ciento hasta un máximo de 30%) a: ciudadanos retirados o incapacitados, ciudadanos a razón del número de créditos ganados por servicio, un pago de igual cantidad a todos los ciudadanos que han completado su servicio nacional; y un pago a cuentas de ahorro para todos niños (hijos de ciudadanos que han cumplido con servicio) para su educación y seguros de emergencias médicas.
  3. Cuentas de Ahorros de Servicios Sociales (CASS) que serán el lugar de los depósitos individuales y que serán separados en dos partes: retiro y discapacidad permanente; y seguros sociales para pagar seguros de vida, emergencia, desempleo etc.
  4. Un programa de servicio nacional.

El diez por ciento de todos impuestos pagados al gobierno central serán pagados al Fideicomiso Nacional para ser invertido.  Inversiones se incluirían pero no son limitados a: acciones regulares, acciones preferidos, fondos, bonos, metales preciosos, investigación y desarrollo, monedas, operaciones de petróleo y minería; programas de capital de riesgo; nuevos negocios en Puerto Rico y en el extranjero y expansión de negocios locales y extranjeros.

El fideicomiso deberá guardar solo el diez por ciento del fideicomiso en el mismo; y lo demás debe ser guardado en casas de inversión quien tiene su cede de operaciones en Puerto Rico y cumplan con los requisitos establecido por el fideicomiso.

Al menos el 50% (cincuenta por ciento) de todas ganancias serán reinvertidos de nuevo para que continuamente crezca el fideicomiso.   Como explicado arriba, parte se paga a los ciudadanos directamente para sus necesidades sociales y de seguro, parte se guarda en fondos de emergencia para atender desastres y/o emergencias; económicos, ambientales (tormentas o terremotos/tsunami) guerra o insurrección.  Parte se paga al gobierno central para su fondo general y el diez por ciento se usara para caridad dentro y fuera del país. Los porcentajes actuales fuera de la reinversión podrán ser cambiados por la Junta de Gobierno como sea necesitado.

En el caso que el valor de las pertenencias en el Fideicomiso Nacional exceden $1,000,000,000,000 (un trillion de dólares) el FN podrá bajar la cantidad de ganancias reinvertidas a 25%.   En cualquier momento el FN podrá reinvertir el total de las ganancias y pagar los dividendos al pueblo y gobierno en T$, siempre guardando la mitad del dinero en cuentas de inversión y/o ahorros nacionales.

Durante años donde no hay ganancias o son muy pequeños para pagar o reinvertir, La Junta de Gobierno podrá usar hasta 2% por año del total guardado para pagar retiros y ayuda para discapacitados o por otras razones de emergencia.

Acceso a los fondos en los CASS serán limitado a los fines de los mismos (la compra de seguros y ahorros para emergencias y tiempos de desempleo); pero de tener dinero extra después de cumplir con ese requisito el ciudadano tendrá acceso al uso libre del dinero extra en el fondo de seguros sociales solamente.  Acceso a dinero del retiro será más limitado bajo reglas establecidos por la JG/FN.  El FN podrá pagar bonos (pagos especiales) para uso inmediato durante años cuando las ganancias son excesivas y se ha pagado todos los demás cuentas y necesidades.  Estos pagos especiales no son garantizados ni podrán ser regulares o requeridos por ley.

Todo programa social queda exclusivamente bajo el poder y reglamento del FN.  El congreso y los municipios o condados son prohibidos de establecer programas sociales sin el consentimiento y siempre bajo la autoridad del FN.

El FN y JG tendrá autoridad única sobre leyes y reglamentos relacionados con la banca, finanza, inversión y seguros; y autoridad final sobre cualquier ley o reglamento relacionado al mercado, negocio o actividades comerciales.  Tendrá autoridad exclusiva sobre distritos especiales y/o distritos (zonas) rojos; y productos y/o servicios de vicio.  El 25% de todas ganancias de actividades de vicio serán pagados el fideicomiso nacional.  El FN/JG podrá ajustar el porcentaje dependiendo a necesidad.

 

Sección VII Moneda y su Creación

Se establece la moneda de la nación y tendrá el nombre ‘Dólar Taino’ y usara el símbolo ‘T$.’

El FN/JG tendrá autoridad exclusiva sobre la moneda.  No se podrá devaluar de manera intencional el valor de la moneda.

La moneda será atada en valor al Dólar Estadounidense y será del mismo valor que el dólar americano.   Se podrá usar ambos dentro del mercado a la misma vez y en las mismas transacciones.  Los bancos de país serán responsables (bajo autoridad y reglamento del FN/JG) de establecer la manera de manejar ambas monedas al mismo tiempo; y fiscalizar las cantidades de ambos dentro del sistema de banca en la nación.

Se creara la moneda de 4 maneras solamente:

  1. Se creara una cantidad de T$ en forma electrónica igual al producto bruto nacional del año inmediatamente anterior a la independencia en Puerto Rico(o hasta cien mil millones de dólares cual sea mayor) una vez, o del total de veces indicado por el tratado de reconocimiento con EEUU. Se pedirá en negociaciones del tratado que EEUU reconoce el T$ para la compra de deuda de EEUU.  Se ofrecerá comprar deuda de EEUU de cuatro maneras: a. como se vende actualmente; b. con cero intereses pero con pago de principal en un término de treinta (30) años; c. con intereses negativas con el pago por un término de treinta años; y d. con el pago de intereses (de 3% o más) solamente por un término de treinta a cien años.
  2. Se convirtiera de manera electrónica la mitad del dinero en dólares americanos depositado o que pasa atreves del sistema de banca en Puerto Rico cada año. Esos dólares intercambiados serán depositados en el FN para ser invertidos. También se venderá el dólar Taino (creados en el momento de la venta) en los mercados abiertos a cambio de monedas legítimas de otros países. Dinero generado de esas ventas será invertido en el FN.
  3. Se creara moneda para el uso exclusivo de comprar deuda de EEUU u otras naciones que reconocen la moneda y la aceptan como moneda oficial e usable en sus naciones para la compra de deuda. No se comprara deuda de naciones que no tienen capacidad de pagar el préstamo de dinero y nunca sin controles en un contrato para tomar acción en el caso de impago.  Estos préstamos deben ser ofrecidos con intereses menores que ofrece el Fondo Internacional Monetaria o en cero (0%) intereses, intereses negativas o a cambio de pago de intereses (3% o más) por un término extendido sin pago de principal.
  4. Para representar cantidades iguales de recursos naturales entregados al FN resultando de operaciones de extracción de minerales o petróleo u otras sustancias de valor; o para representar ganancias nuevas del FN.

El FN/JG establecerá el proceso de imprimir moneda física.  Nadie que esté vivo podrá ser representado en la moneda; ni su imagen incluido.  En ningún momento la cantidad de dinero en circulación (electrónica y física) podrá exceder el valor del total de los recursos guardados en el FN.

La JG/FN podrá reconocer el uso de monedas electrónicas como el ‘BitCoin’ u otras para uso entro del país a su discreción; y establecer reglas para su uso y transacciones.

Después de diez años después de la independencia; la JG tendrá opción de separar el valor del T$ del valor del dólar americano si en cualquier momento el valor del dólar americano ha subido o bajado 25% o más de su valor comparado con en el momento de la independencia.

Para fines de compensación de la JG y/o el Cacique, las conversiones de dólares americanos a T$ en los bancos locales y la creación de moneda basado en el producto bruto nacional no serán considerados ingresos.

 

Sección VIII. Cacique

Se establece la oficina de Cacique de la Republica de Puerto Rico

El presidente de la junta de gobierno tendrá el Titulo de Cacique de la Republica (Cacique) y será el Jefe de Estado.  El Cacique es el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, servicio de inteligencia, reserva, guardia, milicia, policía, Guardia Especial y todos los servicios nacionales.  Es el máximo ejecutivo del gobierno y todas sus ramas y agencias.  Su persona es inviolable y goza de inmunidad soberano absoluta en todos asuntos sin limitación alguna.   Su privacidad está garantizada.

El primer Cacique será el autor de esta constitución Frank Worley-Lopez;  El asumirá la oficina el 12:00 de la mañana (media noche) del primero de enero siguiente al plebiscito donde adquiere la mayor cantidad de votos esta opción. (El Plan MIRE)  Al asumir la oficina adoptara el nombre de cargo ‘Francisco I’ y tendrá un término de 12 años con la opción de extender su labor por un término de doce años más.  El primer Cacique no podrá ser removido por ninguna razón durante su primer turno de doce años.  Los futuros Caciques serán limitados a un término máximo de doce (12) años.

Cada año el Cacique deberá comparecer ante el congreso para contestar preguntas de los miembros por un periodo de no más de dos horas.  Cada miembro del Senado y el liderato de la cámara tendrán derecho de hacer una pregunta.

La oficina del Cacique no es oficina electiva.  Los futuros Cacique serán escogidos por voto mayoritario de los miembros actuales de la JG sentados en el momento de la vacante y serán escogido de actuales; o pasados miembros de la misma junta quienes completaron su servicio en oficina de manera honorable; o presidentes o vicepresidentes nacionales quienes completaron sus términos de manera honorable.   En casos de vacantes temporeros el Vice Presidente de la Junta de Gobierno (VPJG) asumirá la oficina de Cacique solo por el término del vacante.  En caso de la muerte o destitución del Cacique el Vicepresidente de la Junta (VPJG) se encargara de la junta hasta que selecciona un nuevo presidente.  Si la JG no escoge por mayoría un nuevo presidente dentro de 30 días calendarías del vacante el VPJG será el próximo Cacique.

En otros casos de vacantes, el Cacique será seguido por el VPJG, Director Ejecutivo del FN, Secretario de Justicia, Contralor y en orden de tiempo en oficina y servicio total a la nación los otros miembros de la JG.   La Junta establecerá la línea de sucesión basado en tiempo en servicio de la nación con prioridad a servicio militar pasado.

Cada año el Cacique enfrentara una votación de confianza con un voto afirmativo de confianza y un voto negativo de ‘no confianza,’ en cada cámara y ante la Junta de Gobierno.  De perder las tres; la JG organizara un juicio para determinar la capacidad y cualificaciones del Cacique actual de permanecer en su oficina.  El Cacique podrá defenderse durante este proceso.  Con concurrencia 9 miembros de la Junta el Cacique podrá ser removido.  El primer cacique será exento al proceso de destitución durante su primer término.

El proceso de residencia y destitución del Cacique fuera del voto anual de confianza será; con la concurrencia de 8 miembros de la JG establecer un tribunal especial compuesto por los miembros de la JG y el Juez Presidente del Tribunal Supremo (quien lidera el proceso)  para juzgar la capacidad del Cacique de continuar en su oficina.  Estas podrán ser llamadas en cualquier momento por cualquier razón pero nunca más que una vez al año.  El Cacique tendrá oportunidad de defenderse durante este proceso.  El proceso no podrá tardar más de 30 días calendarías a la hora exacta de la votación original de residencia; y de no ser completado en ese tiempo se considera un fallo a favor del Cacique.  Con un voto de 9 miembros se destituye de manera permanente el Cacique.  El Primer Cacique será exento a este proceso durante su primer término o por acciones o decisiones tomadas durante el mismo.

Familiares de un Cacique hasta la primera generación son prohibidos a subir a; o ser seleccionados para; u ocupar la oficina de Cacique.  Esto aplica a padres, tíos, hermanos, primos, hijos  y sobrinos.

El Cacique no cobrara salario alguno, pero su oficina recibirá 5% de los ingresos anuales del Fideicomiso nacional menores de mil millones de dólares, 3% de ingresos entre mil millones y diez millones y 1% de ingresos mayores de diez mil millones anuales.  El 20% (del dinero pagado a la oficina del Cacique) será guardado en una cuenta que gane intereses para ser usado durante años cuando no hay suficientes ingresos para cubrir los gastos de la oficina.  El 10% será usado para caridad y organizaciones sin fines de lucro atreves de su oficina de caridad.  Hasta 30% será para pagar las operaciones de la oficina del Cacique y lo restante será la compensación del Cacique.      De completar su término o ser removido por cualquier razón, el cacique será pagado un retiro igual al salario del oficial(es) de gobierno quien recibe el mayor pago de todos; lo que subirá igual que el salario de ellos hasta su muerte.  También mantendrá derecho absoluto e inviolable a todas ganancias y compensación que recibió durante su término.  La GE proveerá una escolta y protección a todos los ex Cacique hasta su muerto o hasta que el/ella decide que no lo necesitan.

Ni el Cacique ni los miembros de la Junta de Gobierno podrán recibir bonos o pagos del Fideicomiso fuera de sus salarios o compensación al menos que haya ganancias netas y que ya han sido asignados los pagos a los ciudadanos.  Los pagos del Fideicomiso a la Junta de Gobierno y sus miembros; el Cacique y los ciudadanos no son tributables.  Se prohíbe impuestos o multas sobre herencias.   La constitución permanente podrá incluir un límite de vida de compensación para los futuros Caciques pero eso no aplica al primer Cacique ni a los Caciques que ocupan oficina bajo esta constitución.  Los poderes de los futuros Cacique deben ser limitados por la constitución final.

 

Sección IX. Poderes del Cacique

El Cacique será el Presidente de La Junta de Gobierno y tendrá poder de convocar, suspender o cerrar las reuniones; este poder también extiende al congreso y los tribunales.  Tendrá voz en reuniones  y discusiones; y tendrá poder exclusivo de llamar votos en la JG, pero no tendrá voto al menos que hay un empate en votación.   Esto no limite la capacidad de los miembros de llevar a cabo el voto de confianza anualmente o en el futuro con la concurrencia  de 8 de los miembros iniciar el proceso de residencia contra el Cacique.

Supervisara los oficiales y miembros de la JG y los oficiales elegidos y nombrados del gobierno.  Es el máximo ejecutivo del gobierno de Puerto Rico y sus empleados; y podrá suspender, despedir o tomar otras acciones a favor o en contra de todo empleado público o persona en servicio.

Además, bajo consejo de la Junta de Gobierno tendrá autoridad para:

Proclamar la ley marcial y/o suspender la constitución de manera temporera; cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas o durante otra emergencia nacional o desastre.  Con excepción de invasión o rebelión (durante lo cual la Junta no tendrá autoridad revocatoria); y solo cuando sea posible; la Junta de Gobierno deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama.

Suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a procesos de residencia.

Aprobar o rechazar cualquier tratado o acuerdo internacional o cualquier acción relacionado con relaciones internacionales;

Hacer decisión final sobre toda acción relacionado con defensa y seguridad nacional, seguridad pública, preparación y respuesta a desastres, policía y seguridad interna, y todo servicio de emergencia e infraestructura primaria.

Emitir vetos sobre leyes y reglamentos o parte de los mismos; los que podrán ser aprobados con la concurrencia de dos terceras partes de ambas cámaras y 8 miembros de la JG.   Emitir vetos constitucionales a propuestas, leyes, reglamentos o decisiones de cualquier rama del gobierno si esos violan esta constitución; y solo durante su primer término en oficina.  Un veto constitucional no podrá ser apelado, ni cambiado por ningún cuerpo; y se considera ley constitucional hasta que sea cambiado por proceso de enmendar la constitución actual o con la aprobación de la constitución permanente si esta cambia los términos relacionados con el veto constitucional específicamente en cada caso.

Para levantar el Cacique por encima de la política diaria y separarle de la misma; se ofrecerá a su persona todo cortesía y respeto igual o mayor que un juez en un tribunal de ley.  Celebrará corte abierto en distintos lugares de la nación una vez al mes cuando sea posible; para oír y atender las preocupaciones del pueblo y hacer decisiones finales en casos de la pena de muerte u otras.  Para fines de esta sección; en todos momentos y en todos lugares, donde se encuentra el Cacique, su corte se considera estar en sesión.

Excepto durante guerra o emergencia nacional; todas sesiones ordinarias y extraordinarias y todos reuniones regulares del congreso, ejecutivo, Tribunal Supremo y tribunales menores y JG/FN serán grabados y cuando sea posible transmitidos (en vivo cuando sea posible o después) al público atreves del canal de televisión del gobierno y simultáneamente atreves del internet o futura tecnología.  Reuniones de asuntos operacionales de defensa, seguridad o inteligencia nacional, seguridad pública u otras declaradas confidencial de nivel secreto o más alto; no serán grabadas ni reportadas, ni transmitidas.  Esto no prohíbe reuniones privados, secretos, de caucus o confidencial lo cuales no serán grabados o transmitidos y no prohíbe limitar acceso a casos criminales o civiles cuando esté en riesgo la privacidad de los participantes o víctimas.

Tendrá autoridad exclusiva de:

Emitir avisos, censuras o sanciones contra oficiales electos o nombras, empleados o contratistas.  Una sanción  tendrá el valor de dos censuras o 4 avisos; y por acumulación de 3 sanciones (o combinación) durante un término en oficina o 5 en una vida podrá remover cualquier oficial electivo o nombrado de su oficina y prohibirlos de volver al servicio público.

Estas acciones podrán ser emitidos por varias razones a discreción del Cacique con un aviso por un acto, declaración, acción o falta de acción oficial incluyendo pero no limitado a: traer deshonor a la república, faltar en el deber, crear discordia; una censura para acciones o declaraciones más serias o por violaciones de leyes menores o implicación de corrupción o conflicto de interés, y una sanción por violar la ley, insubordinación grosera, traer gran deshonor a la nación,  incumplimiento del deber de forma grosera, negligencia profesional o criminal.

Encontrar en desacato al Cacique o su corte oficiales del gobierno, empleados públicos, visitantes o cualquier ciudadano por insubordinación, violar protocolo de la oficina, o actuar en ofensa al Cacique o su oficina o corte o traer deshonor  a la misma o a la nación e imponer encarcelamiento  y/o multas; lo cual no excederá 30 días y mil dólares por la primera ofensa, 60 días y diez mil dólares la segunda ofensa;  y 180 días y cien mil dólares la tercera ofensa.  De ser encontrado en desacato una cuarta vez o más, se duplicara la pena máxima por cada infracción.  Ninguna persona podrá continuar en su oficina electo o nombrado, ni podrá regresar al servicio público en ninguna posición de ser encontrado en desacato al Cacique 3 veces o más.

Autoridad de suspender y/o cancelar licencias profesionales de cualquier índole; de transmisión o de negocio por violaciones de la ley, reglamento o esta constitución; abandono de responsabilidad profesional; negligencia grosera; falsificación de informes o reportajes inclusive por omisión intencional; incitar rebelión o insurrección; incitar el pánico; mentir bajo juramento o sedición o traición. Siempre se guarde el derecho de libre expresión y de prensa, y no podrán ser suspendido las licencias por expresiones de desacuerdo con el gobierno o sus acciones, ofrecer otras alternativas o criticar el gobierno, Junta de Gobierno o Cacique.

Ordenar a comparecer ante el cualquier oficial electo o nombrado, empleado o contratista o persona en servicio para cualquier razón bajo pena de desacato si reúsan o no llegan a la hora ordenado.

El cacique podrá remover cualquier oficial (electo o nombrado) al ser convicto por actos criminales y prohibirlos volver al servicio público.  Tendrá última discreción sobre todos nombramientos en el gobierno, y oficiales en los servicios militares, policía etc. Podrá rechazar cualquier nombramiento por causa, por considerar descalificada la persona nombrada o por no confiar en la fidelidad a la constitución del candidato.

Emitir órdenes ejecutivos (OE) y/o órdenes ejecutivas transicionales (OET).  Los OE por actividades regulares o política pública de la oficina, el gobierno, FN, JG, justicia, departamento de estado u otros; o servicios militares; y los OET para ordenar cambios en ley, u organización del gobierno durante los primeros doce años para implementar esta constitución y sus partes y para derogar leyes, programas o cerrar agencias; ordenar investigaciones o procesamientos criminales.

El primer Cacique tendrá autoridad para derogar cualquier ley o reglamento existente que contradice esta constitución.

 

Sección X. Inmunidades y protección del Cacique

Las inmunidades y protecciones del primer Cacique empezaran inmediatamente después del plebiscito; de ser adoptado el Plan MIRE.  La policía de Puerto Rico tendrá responsabilidad de ofrecer protección al Cacique entrante y el Secretario de Hacienda asignara inmediatamente (con notificación a la legislatura) dinero para establecer su oficina de transición y hospedaje y necesidades básicas.  La cantidad no será menos el equivalente del 10% del presupuesto total anual de la oficina del Gobernador.

Ya aprobado por recibir el mayor número de votos del pueblo; ni los tribunales, ni la legislatura de Puerto Rico, y ningún otro oficial, departamento o rama del gobierno podrán derogar, cambiar, limitar o interferir con la transición o esta construcción, sus oficiales o reglas.  Sera considerado un delito grave faltar en cumplir con esta disposición o impedir de cualquier manera la implementación de esta constitución y excluirá esos oficiales de ocupar cargos electos o nombrados en la república por un periodo de por lo menos 5 años.

A fines de establecer la oficina de transición del primer Cacique; el podrá aceptar regalos o aportaciones para pagos de necesidades de la oficina, hogar o de transportación durante la transición antes de independencia y para los primeros dos años después sin reportar los mismas.

El Cacique entrante podrá llamar a la Guardia Nacional y/o milicia y policía para establecer la paz en caso de disturbios civiles masivos.   En caso del potencial colapso del gobierno actual o sociedad en general, o por invasión o acciones violentos del gobierno actual o de los EEUU u otros; el Cacique entrante podrá declarar la independencia unilateralmente y asumir la oficina de Cacique inmediatamente y tomar posesión y poder del gobierno incluyendo la oficina de Presidente interino.  De ocurrir esto, ese día será el día de independencia de la república.

Otras autoridades concedidas por la Junta de Gobierno, esta constitución o constitución futuro.

 

Sección XI. Poderes y términos especiales del primer Cacique

Mientras la oficina del Cacique opera fuera de gastos y presupuesto del gobierno y FN, habrá una excepción para el primer Cacique.  El Fideicomiso Nacional pagara sus necesidades de oficina y hogar hasta que haya suficientes ingresos para cubrir los gastos necesarios de la oficina y casa del Cacique.  La oficina del Cacique devolverá al FN y el gobierno de PR la cantidad de los gastos iniciales cuando haya suficientes ingresos para cubrir los gastos de su oficina y pagar la esa deuda.

El Fideicomiso siempre será responsable para pagar la seguridad del Cacique.

Durante los primeros 12 años de su labor, el Primer Cacique tendrá autoridad exclusiva de:

Determinar el lugar de operaciones permanentes de la Junta de Gobierno.

Revisar, cambiar y extender o reducir las sentencias en todos casos criminales pasados, presentes o que ocurren durante su mandato, asignar la pena de muerte de manera retroactiva a casos que cumplen con los requisitos de la pena de muerte; asignar la misma pena a casos que ocurren durante su primer término;

Emitir vetos constitucionales que tendrán efecto de precedente legal y constitucional sobre cualquier ley pasada o presente o durante su primer término; los cuales no podrán ser apelados o rechazados por otro cuerpo;  Cambiar, ampliar o rechazar cualquier decisión de cualquier tribunal;

Tomar cualquier acción, asignar cualquier cantidad de dinero, revisar, derogar o cambiar cualquier ley o reglamento para asegurar la seguridad nacional, seguridad pública, infraestructura primaria; o durante emergencia o guerra tomar u ordenar cualquier acción (sin limitación alguna) para la seguridad o bienestar del pueblo.

Clarificar por orden ejecutivo cualquier conflicto o duda sobre esta constitución o duda o conflicto que resulta del mismo.

Estos poderos no se concederán a los futuros Caciques ni al primer Cacique después de su primer término de 12 años al menos que sea incluido en la constitución final.  El primer Cacique mantendrá inmunidad en su carácter profesional y personal por vida aunque sale, retire, o de ser destituido (por cualquier razón) de su oficina.

 

ARTICULO IX: Términos especiales

Sección 1. Establecimiento de las fuerzas armadas y el Tribunal Militar.

En el momento de independencia se establecen las fuerzas armadas de Puerto Rico.

La guardia nacional de Puerto Rico será el ejército y los miembros del mismo tendrán que juramentar de nuevo a esta constitución y remover de sus uniformes banderas e insignias de otras naciones.   La Guardia Aérea Nacional de PR se convertirá en la Fuerza Aérea nacional.

Se establece además, la Marina de Puerto Rico, La Guardia Costanera de Puerto Rico (Bajo la marina); La Marina de Infante (Bajo la Marina).

Se establecerá una Junta de Comandancia Militar que incluyera los comandantes militares el Presidente y VicePresidente Nacional; el Vicepresidente de la JG y el Cacique como Comandante en Jefe.   Se prohíbe por razones de seguridad nacional que se encuentran en el mismo lugar o pueblo todos los miembros de la Junta de Comandancia Militar al mismo tiempo.  Por lo menos dos (y separados) deben estar en otros pueblos en todos momentos.  El oficial de bandera (Almirante o General) de turno en el centro de mando militar (que será establecido) tendrá autoridad para tomar acciones militares defensivas inmediatas en caso de invasión o ataque contra la nación; se requiere que él/ella reporta estas acciones al Cacique y Presidente Nacional inmediatamente.

Se abrirán las bases militares en la isla con nuevos nombres pero mantendrán su nombre de legado en paréntesis;  Marina de Puerto Rico: Base Naval Ramón Emeterio Betances (Roosevelt Roads); Fuerza Aérea de Puerto Rico: Base Aérea Pedro Albizu Campos (Ramey); Y se mantendrá el Fuerte Buchanan y Campamento Santiago de Salinas para el Ejercito de Puerto Rico.  El Fuerte Bundy (en Roosevelt Roads) será comisionando como el área de entrenamiento básico para todas las fuerzas armadas.   Entrenamiento de oficiales comisionados será en una universidad militar y/o en universidades de la Nación.  Actividades de la Guardia Costanera de Estados Unidos pasaran a la Guardia Costanera de Puerto Rico, que será parte de la Marina.

El VicePresidente Nacional y el VicePresidente de la JG tendrán residencias en bases militares separadas, durante su tiempo en oficina no podrán residir fuera de las bases militares.  El Presidente Nacional residirá en la mansión ejecutiva actual o futura en San Juan.   El primer Cacique establecerá una mansión y oficina del Cacique fuera del área metropolitana (San Juan, Bayamón, Carolina, Cataño) a su discreción y costo.

Se pedirá en negociaciones con EEUU un tratado de defensa mutuo y cooperación y adquisición de equipo militar incluyendo pero no limitado a: aviones de combate, barcos y naves para la marina, tanques y vehículos de transportación y armas.  Todo uniforme e esquipo básico de las fuerzas armadas de Puerto Rico será manufacturado en la Republica siempre y cuando sea posible.  Además de comprar armas de EEUU u otros países, las fuerzas armadas tendrán responsabilidad de desarrollar armas y equipo de guerra localmente.

Los miembros activos de las fuerzas armadas no podrán participar en política partidista.   Los miembros de la reserva, guardia y milicia podrán participar en política partidista solo fuera de uniforme y fuera de tiempos de activación.  Violar esta regla se considera sedición.  Ninguna persona que podrá ser o ser considerado para oficial mayor (teniente coronel, comandante, coronel, capitán (en fuerzas navales) almirante o general en las fuerzas activas, reservas, guardias o milicias quien mantiene contacto, compromiso o relación con partidos políticos o grupos relacionados; o que ha sido miembro en el pasado (o presente) de un grupo comunista o socialista; o que no ha ganado el ascenso en rango por experiencia, servicio de excelencia y ha completado y pasado entrenamiento y pruebas para el ascenso.  Son prohibidos de participar en actividades políticas.  Esto no limite promociones en tiempo de guerra ganados en el campo de batalla o por necesidad extrema; estos solo podrán ser ordenados por oficiales mayores y tendrán que luego ser confirmados por el Cacique.

Todo oficial mayor tendrá que ser nombrado por el presidente, confirmado por el senado y aprobado por el Cacique antes de asumir el rango mayor.  Todo oficial de bandera (general y/o almirante) tendrá que ser nombrado por el Cacique y aprobado por la cámara y senado.   El presidente puede recomendar coroneles; o capitanes en la marina; para ser elevados general y/o almirante respectivamente.

Se reestablecerá el polígono de tiro en Vieques para entrenamiento de las fuerzas armadas de Puerto Rico y otros países quienes por tratado y pago tienen acceso.

Se establecerá un Tribunal Militar fuera del sistema judicial para fines de procedimientos y casos contra miembros de las fuerzas armadas, o casos, actividades y/o acciones en bases o edificios o transporte militar; o que envuelven las fuerzas armadas.  El TM tendrá autoridad exclusiva para procesar casos contra miembros de los servicios militares, reserva, guardia o milicia que ocurren en los servicios militares o bases, edificios o transportación militar; autoridad primaria para procesar casos de corrupción pública, sedición o traición en tiempos de paz o guerra; y casos de abandono del cargo (incluyendo negligencia en deber público o militar) o interferencia con acciones oficiales durante tiempos de emergencia, desastre o guerra.

Los miembros serán nombrados por el Cacique y serán confirmados por la JG.  Sera compuesto de tres altos oficiales de alto rango (mayor, teniente coronel o coronel); tres oficiales no comisionados de alto rango (sargento de staff o ‘chief’ o más alto) y un Juez Presidente que será Coronel.  Por lo menos uno de los oficiales y uno de los oficiales no comisionados serán o abogado o asistente legal y el presidente será abogado.   Los miembros del TM solo podrán ser removidos por la JG; y serán limitados a un término de 12 años, lo cual será prorrateado entre los miembros iniciales.

Se establecerá tribunales menores al TM como sea necesario y como indique la ley.

Cuando sea posible el sueldo de miembros de las fuerzas armadas de Puerto Rico deberán ser iguales a los sueldos de las fuerzas armadas de EEUU.  En ningún caso El sueldo y compensación de los miembros de las fuerzas armadas de Puerto Rico será menos del 75% del sueldo y compensación de los miembros de las fuerzas armadas de los EEUU.  Cualquier Puertorriqueño o ciudadano americano que decide unirse a las fuerzas armadas de Puerto Rico quien es activo o retirado, miembro de la reserva o guardia nacional u otro servicio militar de EEUU podrá ser ofrecido una promoción de hasta dos grados en rango como incentivo para unirse.  Se pedirá en negociaciones con EEUU reconocer crédito para servicio prestado hacia retiro en las Fuerzas Armadas de EEUU para los que desean unirse a las Fuerzas Armadas de la Republica y mantener planes de retiro.

Además se pedirá cooperación en entrenamiento en todas áreas de defensa nacional.

No menos del 10% (diez por ciento) del presupuesto anual consolidado de la republica será dedicada a las fuerzas armadas y defensa nacional.  No menos de 10% serán también asignados a seguridad pública y preparación y repuestas de desastre.  El gobierno de la republica también dedicara otro 5% (cinco por ciento) para establecer cuentas de ahorros (que ganen intereses) para atender situaciones de emergencia, desastres naturales e económicos; guerra o insurrección u otras necesidades de emergencia; los que serán accesibles con aprobación del Cacique en tiempos de emergencias.

Se establecerá la Guardia Especial (GE).  La GE será compuesta por miembros de las fuerzas armadas y policías seleccionados por servicio de excelencia para ser la escolta personal y de protección para el  Cacique, VPJG, Presidente y Vicepresidente Nacional y ex oficiales de estas oficinas.  Tendrán poder investigativo y detención bajo orden del Cacique o en apoyo al Tribunal Militar.  Serán responsables para la protección y seguridad de todos oficiales electos y/o nombrados y podrán investigar crímenes contra la moneda del país.

Ninguna persona o ciudadano podrá ser empleado del gobierno, nombrado, candidato y/o elegido que fue convicto de un crimen grave o mayor.  Tampoco podrán ser empleados, nombrado, candidato o elegido ninguna persona o ciudadano convicto de terrorismo, asesinato, sedición contra la república o traición aunque fueron indultado.   Dar empleo, contratar, nombrar o confirmar candidatura o facultar/ayudar que entran oficina se considera un acto de corrupción pública.

 

Sección 2. Otros términos y condiciones para el gobierno

Todos transacciones del gobierno serán publicados en tiempo actual o cuán rápido podrán ser publicados pero en ningún caso tardara más de 24 horas para publicar transacciones incluyendo los transacciones de la Junta de Gobierno y las transacciones de la oficina del Cacique que son reportables.   El gobierno interino tendrá un año de independencia para establecer el sistema para reportar transacciones.  Faltar de cumplir a reportar transacciones en el tiempo requerido será considerado corrupción pública y será procesado por el Tribunal Militar.  Falsificar o modificar esta información para encubrir delitos o actividades políticas u otras se considera un delito grave y corrupción pública.

Serán exentos der reportar ciertas transacciones de actividades militares, de servicio de inteligencia, seguridad pública u otras transacciones denominadas confidenciales a nivel ‘secreto’ o mayor.   Transacciones personales; de ciudadanos, los miembros de la Junta de Gobierno, el gobierno y sus familias; y del Cacique y su familia también serán exentos.

Cualquier ciudadano tendrá acceso a ver en cualquier momento atreves de sistemas electrónicas y el internet o futura tecnología todo transacción, contrato, ley y/o reglamento del gobierno y todos sus dependencias.

Todo estudio científico producido por el gobierno o con fondos del gobierno tendrá que ser completo, honesto y basados en hechos.  Falsificar estudios, informes, reportajes, o data del gobierno será delito grave para la(s) personas quienes completaron el estudio.  Si el estudio/investigación, informe o data fuer creado para cambiar la política pública o como proceso de establecer leyes o reglamentos del gobierno será considerado corrupción pública.  Todo agencia del gobierno tendrá que reportar honestamente y completamente sus estudios y data aunque afecta de manera negativa a políticos o a política pública de la nación, con las mismas excepciones que aplican a transacciones del gobierno.

El gobierno no podrá competir con el sector privado.  El propósito del gobierno es reglamentar y aplicar la ley, no operar actividades u operaciones comerciales.  Se reorganizara y venderá el Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Acueductos.  El gobierno podrá mantener control directo sobre las represas y producción eléctrica existente; sin prohibir individuos o empresas de poseer, obtener, desarrollar u operar represas o producción eléctrica para fines comerciales o individuales; los cuales tendrán que cumplir con leyes amiéntales y seguridad pública, pero estas leyes no podrán ser arbitrarios; ni podrán ser usados para impedir que ciudadanos disfrutan de independencia ‘off the grid’ personal.

El gobierno no podrá interferir innecesariamente con el sector privado; ni limitar con reglamentaciones, requisitos, tarifas o reglas las operaciones de las mismas.   Solo podrá reglamentar los que sea necesario para prevenir peligro DIS (directo, inminente y serio al pueblo, público o empleados.  Tampoco podrá prohibir actividades que son peligrosas al individuo; siempre y cuando esas actividades afectan solo ese individuo y han dado consentimiento a participar.

Se establecerá una o más plantas nucleares para el propósito de producir electricidad para Puerto Rico y (de ser posible) otros países en el caribe.  Se localizaran en la Isla de Mona u otra isla adyacente a la isla de Puerto Rico.  El área de construcción de las plantas nucleares y de ser completado el área total de la planta será considerada zonas de uso de fuerza letal; esto también aplique a bases militares y áreas designadas de alta importancia de seguridad nacional.

Fuera de tiempos de guerra, se prohíbe la nacionalización de empresas o propiedad privado.  En caso de guerra, el gobierno tendrá que indemnizar los dueños de cualquier negocio nacionalizado por el gobierno por ingresos perdidos y después de la guerra se devolverá la propiedad y/o empresa a los a los dueños originales (o sus herederos) sin costo o impuesto alguno.  El gobierno podrá ordenar (nacionalizar) producción durante tiempo de guerra sin nacionalizar empresas, con pago completo de servicios o productos producidos al orden del gobierno.  Solo empresas necesitados o relacionados a guerra (para conducir y/o ganar) podrán ser nacionalizadas.

Esto no prohíbe al gobierno tomar posesión de bancos u otros negocios financieros quebrados; o negocios bajo investigación criminal para el propósito de continuar o completar la investigación; o como pena por convicción de un crimen asociado con el negocio o empresa; o como parte de multas o decisiones en casos civiles o criminales.

Los empleados públicos son prohibidos a participar en actividades políticas partidistas.  Se considera crimen alto su participación o requerir u ordenar empleados públicos participar en actividades políticas.

Se prohíbe que el gobierno determine para adultos lo que puedan consumir.  También se prohíbe que el gobierno pueda regular o prohibir lo que los padres lo que pueden dar de comer a sus hijos, al menos que representan amenaza DIS; Se prohíbe el gobierno de prohibir el consumo de carne (de res o de cerdo), pollo o pavo; o pescado.  El gobierno solo podrá prohibir el consumo de animales que representan peligro DIS o limitar el consumo de animales que estén en peligro de extinción global.  Se podrá consumir animales en peligro de extinción global si son producidos y mantenidos comercialmente.

El Articulo VIII (8) de la constitución del Estado Libre Asociado (Distritos senatoriales y de representantes) como enmendado; continuara en vigor hasta ser cambiado en la constitución final de la Republica.

Ninguna persona no electo a un cuerpo legislativo; o nombrado o electo a la Junta de Gobierno u otras; podrá participar en reuniones de caucus; ni podrán dirigir la agenda o los votos de los miembros del mismo.  Sera considerado delito grave y corrupción pública.

La Republica de Puerto Rico no reconoce, ni reconocerá Tribunales internacionales criminales u otras.  Ningún oficial del gobierno podrá ser arrestado, enjuiciado o procesado criminalmente (u otra razón, propósito o proceso) por un tribunal o corte que no sea destacado en Puerto Rico bajo la constitución y leyes de Puerto Rico; ni podrán condenado a una sentencia fuera de Puerto Rico.  Se respetara los tribunales, decisiones y peticiones de extradición de otras naciones basado solo en tratados firmados y completamente ratificados.   Ninguno de estos tratados podrá aplicar a oficiales nombrados o elegidos por sus acciones en oficina, ni al Cacique, ni ex Cacique de la república por ninguna razón en ningún momento.   En casos civiles, se respetara la decisión del Tribunal apropiado como acordado entre los partes del contrato; pero ningún caso civil (local o internacional o foráneo) podrá afectar los bienes, pertenencias o dinero invertido en el Fideicomiso Nacional, ni al Cacique, sus pertenencias o su oficina.

Los primeros doce (12) años de la republica serán considerados el tiempo de transición.

Toda ley relacionado con ‘crímenes de género’ será anulado y las personas confinados o convictos bajo estas leyes será libre de sus sentencias y serán considerados indultados.  Esta constitución prohíbe persecución de género (que ha sido casi completamente contra los hombres en Puerto Rico por los pasados cuatro décadas) por leyes, reglamentos o decisiones de los Tribunales.  Ningún hombre o mujer podrá ser encarcelado por ofender; insultar o gritar.  Nadia podrá ser sentenciado por ‘abuso emocional’ en un matrimonio o relación íntima u otra; el remedio por abuso emocional es el divorcio sin pagos adicionales de ningún tipo.

Se revisara la ley 54 para asegurar que los hombres y mujeres son tratados de igual manera, que la persona que inicia la violencia se considerado legalmente responsables y en casos donde los dos se han dado y no se puede confirmar independientemente quien le dio a quien primero; los dos serán arrestados y los dos tendrán que sufrir la misma pena, al mismo tiempo en la misma cárcel.

Todo caso de Ley 54 será revisada y en casos donde se puede verificar que la mujer inicio la violencia, los hombres encarcelados serán liberados con su record criminal limpiado.  En esos casos, la mujer será arrestada y tendrán que enfrentar la misma sentencia que sufrió el hombre en la misma cárcel.  Lo mismo aplicara a mujeres (si alguna) encarceladas por violencia doméstica.  Nadie renuncia su derecho a defensa propia sin importar el tamaño de la persona quien los ataque.

Ningún servicio podrá discriminar contra ningún ciudadano.  El gobierno no podrá ofrecer ayudas, pagos o caridad de ningún tipo a organizaciones que ofrecen servicios solo a un género, raza etc.  Alberges tendrán camas disponibles para ambos sexos en la misma calidad y cuando se posible la misma cantidad.

Someter una falsa acusación será crimen grave; y la persona será arrestada y procesada criminalmente sin discreción del fiscal, policía o Juez.  De ser convicto de someter caso falso, la sentencia mínima será la mitad de la sentencia máxima que hubiese enfrentado el acusado original.   Todos casos de ley 54 y de leyes de crímenes de género serán revisados y en casos donde se puede comprobar que la acusación fue falsa resultara en un proceso criminal contra el/la acusador falso.   Lo mismo aplicara a casos de violación, hostigamiento sexual y otras.

Las Fuerzas Armadas y cárceles de la nación serán integradas completamente sin división de sexo.

Igualdad bajo ley se establece y determine por fiel ciudadanía y por ninguna otra razón.  Inmigrantes, visitantes y residentes no ciudadanos no son garantizados derechos iguales al menos que estén en camino a la ciudadanía y cumpliendo con servicio nacional.  Los derechos de estos (no ciudadanos) serán establecido por ley con la concurrencia de la Junta de Gobierno y el Cacique; pero nunca podrán ser igual o mayor que los derechos de los ciudadanos.  Se considera ciudadanía a cualquier persona que no representa amenaza publica quien invierte un millón de dólares o más en negocios activos o nuevas empresas en Puerto Rico; los cuales tendrán que crear al menos 5 nuevos empleos (permanentes) para Puertorriqueños; sin tener que cumplir con servicio nacional.

Sección 3. Negociaciones con Estados Unidos:

Se pedirá una transición de diez años en programas federales que empezaran con el primer día de independencia; 1 de enero del año siguiente al plebiscito.   Se pedirá la continuación de estos programas para un periodo de cinco años con fondos y programas sin cambios; mayor flexibilidad en su aplicación incluyendo requisito de trabajo y servicio nacional para continuar recibiendo ayudas federales durante la transición; y empezando en el año 6 bajar las cantidades y operaciones 20% al año eliminándolos completamente al final del año diez.

Se pedirá continuar pagos de seguro social a todos los que actualmente lo reciben; y beneficios completos para los que (en el momento de independencia) faltan 5 años o menos para acogerse al retiro de seguro social.  Pedir 75% de beneficios de segur social para personas que faltan de 5 años a 10 años de retirarse en el momento de independencia; y pedir el 50% de beneficios de seguro social para los que faltan diez a veinte años de retirarse.   Estos beneficios deberán continuar hasta la muerte del beneficiado.

Ofrecer pagar a Estados Unidos hasta el 10% de las ganancias del FN y hasta el 10% de todas rentas del gobierno (a razón de contribuciones) por diez años y hasta el 5% de ambos del año once a veinte a cambio de extensiones de estas programas.

Se pedirá estatus de ‘most favored nation trading partner’ para Puerto Rico y eliminar en toda manera posible todo que impide negocio y comercio entre las dos naciones y las corporaciones e individuos de las mismas.

Para fines de establecer las fuerzas armadas de Republica, se pedirá la transferencia de aviones, embarcaciones y otro esquipo militar como parte de un tratado de defensa mutuo y cooperación:

Guardia Costanera: Pedir una flota de embarcaciones, aviones y helicópteros para la GC.  La flota deberá consistir de embarcaciones necesarias para la guardia costanera continuar su labor de proteger las fronteras en alta mar de la nación; rescatar personas en peligro en alta mar; controlar inmigración y ofrecer ayuda en tiempos de desastre en Puerto Rico y/o el Caribe.   Pedir que se entregue todo embarcación y avión y otro esquipo de la Guardia Costanera actualmente destacado en Puerto Rico para el uso de la Republica.

Fuerzas Navales: Establecer la flota naval de Puerto Rico con el propósito de defender la nación de posibles enemigos del Caribe y Sur América; ofrecer apoyo y ayuda a Puerto Rico y el Caribe en tiempos de desastre, ayudar a promover la paz en el Caribe; y apoyar los estados unidos en conflictos aprobados por las naciones unidas u otro organización del futuro o requerido bajo el tratado de reconocimiento; proveer apoyo a flotas y fuerzas navales de EEUU y otros naciones y participar en misiones en varias partes del mundo junta a y debajo de comandancia militar EEUU.

Fuerza Aérea: pedir aviones de combate aéreo y otros para la Fuerza Aérea de la Republica que sean equivalentes o más en número y capacidad de la Fuerza Aérea más potente del Caribe.  Pedir la entrega de todo avión, helicóptero, esquipo y modo de transportación actualmente destacado en Puerto Rico.

Ejército, Reserva y Guardia Nacional e Infante de Marina: Pedir mantener todo esquipo actualmente destacado en Puerto Rico y pedir esquipo de combate de ejercito e infante de la marina incluyendo pero no limitado a, tanques de guerra, transportación armado para tropas, helicópteros y otros.

Puerto Rico pagara por entrenamiento, reparaciones, tripulaciones, armamentos y mantenimiento de todo esquipo provisto por EEUU y podrá en el futuro comprar más de esa nación u otras.

A cambio de la entrega de embarcaciones, aviones y otro esquipo de guerra, Puerto Rico ofrecerá apoyo en misiones militares de estados unidos a petición de EEUU y como parte de prácticas y misiones regulares.  El costo de la participación de Puerto Rico en estas actividades será pagado por Puerto Rico.   Puerto Rico no participara en conflictos militares con EEUU que no sean en defensa de los mismo; o que ocurren durante practicas o misiones reglares al menos que son aprobados por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas.

Se limitara participación de fuerzas armadas de Puerto Rico en actividades de EEUU a no más de una tercera parte de las fuerzas armadas y reservas en total y/o de ninguna fuerza individualmente (Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Marina de Infante, Guardia Costanera etc) de Puerto Rico en cualquier momento para no dejar a Puerto Rico sin defensas.

Pedir un acuerdo de defensa mutuo entre las dos naciones.  Un ataque contra EEUU se considerara un ataque contra Puerto Rico; Un ataque contra Puerto Rico se considerara un ataque contra EEUU.

Autorizar a EEUU el poder de invadir a Puerto Rico en caso de la caída total del gobierno de la nación; o en caso de que un Jefe de Estado o presidente intenta derrumbar esta constitución o la constitución final o si entra en dictadura socialista/comunista o golpe de estado.  El poder de invasión se limitara a reestablecer el gobierno constitucional de Puerto Rico y el orden público.

Pedir mantener a Puerto Rico fuera de las Naciones Unidas al menos que: la república entra como nación fundador libre de escoger individualmente cuales tratados firmar o no; o que entra bajo las misma condiciones que EEUU firmando, ratificando, cumpliendo y aplicando solo los tratados firmados, ratificados y actualmente cumpliéndose y aplicados por los EEUU y reconociendo solo los tribunales e organizaciones que son reconocidos por EEUU.

Pedir que estados unidos que supervise y provee fondos para el diseño, desarrollo y construcciones de una o más plantas nucleares para servicio eléctrico en Puerto Rico.  Darle a EEUU autoridad para vigilancia sobre las operaciones de la misma.

Pedir a EEUU continuación de ayudas de emergencia en caso de desastre en Puerto Rico para por lo menos cinco años en lo que crece las cuentas de ahorros para desastres a suficiente nivel para atender desastres en Puerto Rico y continuar bajo tratado ayuda mutua en el futuro.

Pedir la continuación de ciudadanía Americana para los que nacen o han nacido en Puerto Rico antes del primer día de independencia.   No se concederá ciudadanía Americana a personas nacidos en Puerto Rico después de independencia; y los que asuman posiciones oficiales con el gobierno de Puerto Rico podrán perder su ciudadanía EEUU.  Pedir que estados unidos reconozca ciudadanía dual; como Puerto Rico reconocerá ciudadanía dual de los Puertorriqueños que son ciudadanos americanos.

Garantizar la cooperación en casos civiles y criminales asociados con asuntos, monedas y programas federales en Puerto Rico durante la transición.  Pedir un acuerdo mutuo de extradición de personas acusado y/o convicto en ambas jurisdicciones de delitos graves o serios; con excepciones de líderes elegidos o nombrados por acciones tomados en oficina; y el Cacique y/o los presidentes nacionales o vicepresidentes por cualquier caso.  Pedir la entrega de la cárcel federal en Puerto Rico y jurisdicción sobre todos los reos.

Pedir ayuda general en la transición; con garantías para proteger el gobierno de EEUU y sus funcionarios.

Sección 4. Límites de Leyes y reglamentos

La ley, ni su aplicación podrán ser basadas en sentimientos o efectos sentimentales y/o emocionales.

La ley debe ser simple, claro y fácil de entender.  En ningún momento el total de leyes y reglamentos de los códigos civiles y criminales, incluyendo los procedimientos del tribunal deben pasar de cinco mil páginas escritos en el ‘font’ de ‘Times New Roman’ o ‘Arial’ tamaño 12; con ‘single spacing.’  De pasar este límite, se considerara cada nueva ley, reglamento o procedimiento inconstitucional.  El congreso tendrá que reducir la cantidad total de leyes, reglamentos y procedimientos para que el total caiga bajo ese límite.

Con excepción del presupuesto anual, y establecimiento de las Fuerzas Armadas y otras agencias o cambios necesitados en el momento de la independencia y durante la transición; y solo con la concurrencia de la Junta de Gobierno; ninguna ley o reglamento aprobado por el congreso podrá pasar de cien páginas usando los mismos ‘fonts’ mencionados arriba.

Sección 5. Extensión de cargos de seguridad nacional después de elecciones

Para preservar estabilidad en defensa y seguridad nacional; después de elecciones pérdidas o los que no participo el Presidente saliente; o de haber un cambio en la oficina de Cacique, se quedaran en sus oficinas los secretarios de defensa y estado; el director de inteligencia militar, y el mayor director civil de seguridad pública, y de manejo de emergencias por un año, y otros designados por ley aprobado por la JG.  Los seleccionados por la nueva administración serán designados sub secretarios o sub directores por ese periodo.  De ser confirmados y aprobabas por el Cacique asumirán sus cargos mayores al fin del año de extensión.

Esto no prohíbe la destitución o despido de estos oficiales por incumplimiento de deber o insubordinación o por otras razones, crímenes o acciones; pero todo despido de personas de alta confianza de seguridad nacional tendrá que ser aprobado por el Cacique.

Sección 6.  Encarcelamiento, labor forzado y cárceles especiales

Como parte de cualquier pena de cárcel el/la confinado será requerido a cumplir con trabajo forzado.  Este trabajo puede ser labor físico, tratamiento psiquiátrico (de ser necesitada), rehabilitación de adición, consejo individual o de grupo, educación, entrenamiento, adiestramiento u otros o una combinación de todos o algunos.  De cumplir con los requisitos de trabajos asignado al confinado se reducirá la sentencia un día por cada día trabajado hasta la mitad de la sentencia total.  De no cumplir, se añadirá un día por cada día no trabajado hasta un máximo de duplicar el total de la sentencia, con excepción a condiciones médicas lo que resultara en ningún cambio a la sentencia.   Los días de labor y participación serán de lunes a viernes durante horas laborables tradicionales, pero habrá oportunidades de trabajar los sábados para voluntarios.

Las penas que incluirían trabajo serán iguales para hombres y mujeres por cometer los mismos crímenes.   Por ejemplo, una mujer convicta de robo a mano armado, enfrentara la misma cantidad de trabajo forzado que un hombre convicto por el mismo delito.

Se establecerán cárceles especiales para: personas confinados por desacato al cacique; para presos siendo procesado por el Tribunal Militar y/o miembros de las fuerzas armadas; y para personas que son convictos o detenidos por interferir con la implementación de esta constitución y sus partes.

 


 

ARTICULO X: Enmiendas a la Constitución y el proceso para aprobar la constitución final

Sección 1. Proposición de Enmiendas.

La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara; pero tendrá que ser avalado por tres cuartos (3/4) de los miembros de la Junta de Gobierno (8 de los doce miembros) y con la concurrencia del Cacique.

De otra parte; el pueblo podrá proponer una ley nueva o pedir una enmienda fuera del proceso legislativo del congreso:

Para proponer leyes, un petición del pueblo con las firmas de dos cientos mil electores; lo cual será sometido al Tribunal Supremo para ser revisado por lenguaje legal; con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno y con la concurrencia del Cacique;

Para proponer enmiendas a la constitución, una petición del pueblo con la firma de cuatrocientos mil electores; que también ser someterá al Tribunal Supremo para revisar lenguaje legal; y con la concurrencia de 8 miembros de la Junta de Gobierno y la concurrencia del Cacique.

Toda proposición de enmienda se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, pero el congreso (o Junta de Gobierno de manera separada) podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente.

Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de esta Constitución si es ratificada por el voto de 66% de los electores que voten sobre el particular. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum.

Una ley se podrá aprobar con una mayoría simple de electores que voten en el referéndum; y en ningún caso se podrá considerar más que 6 a la vez.  Los referéndum sobre leyes solo podrán ser considerados en elecciones generales. Aprobada una proposición de ley, deberá publicarse con tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum.

Separado a eso, todo ley aprobado por el congreso debe ser sometido al pueblo para su aprobación o rechazo en una elección general después de diez años de su aprobación.  Todo tratado deberá también ser sometido al pueblo para su aprobación o rechazo después de diez años de su ratificación.  Una mayoría simple de votos del pueblo decidera si continúa o termina la ley o tratado.  Esto no limite al congreso ni a la Junta de Gobierno o Cacique de cambiar, enmendar o anular leyes o salir de tratados o acuerdos internacionales.

Sección 2. Proceso de aprobar la constitución permanente de la Republica

Esto será el proceso de la aprobación de la constitución permanente de la Republica.

  1. Se celebraran una serie de vistas públicas en las regiones senatoriales de la nación para oír los deseos y aspiraciones constitucionales del pueblo de la nación bajo orden y auspicio del primer Cacique. Estos ocurrirán en menos de 1 año de independencia.
  2. El congreso, con la concurrencia y enmienda de la Junta de Gobierno; y concurrencia y enmiendas del Cacique ofrecerán al pueblo en referéndum especial una seria de preguntas sobre los deseos del pueblo incluyendo pero no limitado a: a. que forma de gobierno Republicano o Parlamentario, b. una rama o dos en el gobierno central (congreso o parlamento), c. cuales derechos encuentran más importantes; d. si los empleados públicos y de servicios primarios deben tener derecho a sindicación y si deben haber excepciones; etc. Este proceso no debe tardar más de 6 meses incluyendo la votación del pueblo.
  3. Con los resultados del referéndum especial sobre deseos del pueblo, se convocara una convención constituyente para escribir la nueva constitución incluyendo las decisiones del pueblo. Tendrán  no más de 6 meses máximo para terminar este trabajo.
  4. La Junta de Gobierno revisara la nueva constitución y hará enmiendas o cambios necesarias a la misma.
  5. El Cacique tendrá autoridad final sobre el lenguaje y contenido de toda parte de la constitución. La Junta y el Cacique tendrán no más de tres meses para completar este trabajo.   Después de esto, el Cacique podrá aprobar para votación o rechazar la constitución propuesta en su totalidad.
  6. Se celebrara conjunta a las elecciones generales de 2020 el referéndum para aprobar o no la constitución permanente. Una mayoría simple de electores que voten en el referéndum ratificara la nueva y permanente constitución.
  7. Si falla en progresar o de ser aprobado en cualquier parte de este proceso por cualquier razón la constitución permanente propuesta, esta constitución interina transformara en la constitución permanente de la nación; y no se podrá repetir el proceso para por lo menos diez años.

Sección 3. Limitación a las enmiendas.

Ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno; la Junta de Gobierno y su independencia de gobernanza política y poderes de fiscalizar las tres ramas republicanas; oficina del Cacique como Jefe de Estado y Presidente de la Junta de Gobierno; que por ellos se establece; o abolir su Carta de Derechos.

De ser derrotado en votación del pueblo, ningún enmienda (o uno similar) podrá ser considerada de nuevo por un periodo de por lo menos diez años; de perder tres veces, ningún enmienda (o similar) podrá ser considerado por cien años.

 

Así aprobado por mayor cantidad de votos en el Plebiscito de Puerto Rico en el año 2017, entrara esta constitución en vigor el 1 de enero del año 2018 a las 12:00 AM (media noche).

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#MIRE Articulo I: Establecimiento de la Republica

***UPDATED 1 de enero de 2017

Aqui se encuentra el Articulo I de la constitucion propuesta por MIRE, el movimiento independentista Republicano. Basado en la constitucion del ELA y cambiado para inlcuir las propuestas de MIRE.

ARTICULO I Establecimiento de la Republica de Puerto Rico

Sección 1. Constitución de la Republica de Puerto Rico.

Se constituye la Republica de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del tratado de reconocimiento entre los Estados Unidos y Puerto Rico y la constitución final aprobada por el pueblo.

El gobierno se establece a las 12:00 AM el 1ro (primero) de enero del año que inmediatamente sigue el plebiscito si esta opción (El Plan MIRE) gana mayoría simple como opción en la papeleta; o por nominación directa la mayor cantidad de votos que las otras opciones.   Si se aprueba esta constitución en el plebiscito, será considerado un delito grave impedir o interferir con la implementación de esta constitución; o de incumplir con el deber público durante la transición.

Se establece respetando los derechos naturales e individuales, el libre mercado; con mire hacia el futuro en ciencia, investigación y exploración espacial u otras; y como un gobierno con fines de lucro para el pueblo.

Sección 2. Forma de gobierno.

El gobierno de la Republica de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.  Además, el gobierno republicano será supervisado y fiscalizado por una Junta de Gobierno y su presidente quien tendrá el titulo político de ‘Cacique de la Republica.’

Fuera de lo estipulado en el tratado de reconocimiento; esta constitución y la constitución permanente tendrán poder exclusivo sobre Puerto Rico.  Las leyes, reglamentos, constituciones y decisiones de tribunales de otros países u organizaciones internacionales no tendrán autoridad o efecto dentro de Puerto Rico ni a los ciudadanos que residen en el mismo.

Sección 3. Área geográfica.

La autoridad  política de la Republica de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción.  También extenderá a aguas territoriales, adyacentes, y sobre una zona de actividad económica exclusiva hasta 200 millas en el océano atlántico y el mar caribe al norte y sur de la isla y sus islas adyacentes.

Se extenderá al oeste hasta la línea en el pasaje de Mona previamente reconocido por los Estados Unidos como frontera entre esa nación y la Republica Dominicana e incluirá a las islas de Mona, Monita y Desecheo.  Al este se extenderá hasta la línea de jurisdicción previamente reconocida entre las islas de Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La constitución y leyes de la Republica de Puerto Rico son supremas en toda la nación, espacio aéreo, aguas adyacentes y zona de exclusividad económica.  Las leyes y reglamentos de otras naciones, organizaciones de naciones ni de otros podrán superar, interferir o limitar esta constitución y/o leyes de esta nación; ni podrán ser aplicados sobre Puerto Rico, sus ciudadanos o visitantes.

Sección 4. Sede del gobierno.

La sede de gobierno será la ciudad de San Juan de Puerto Rico.

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#MIRE: Preambulo de la constitucion propuesta

Con la mira al plebicito de este año (2017) el Movimiento Independentista Republicano ha iniciado una serie de propuestas para ser incluido en el plebicito.  ‘El Plan MIRE’ es para independencia capitalista, con gobierno limitado, libre mercado y derechos naturales.

Lo que pedimos es que se inluye nuestra propuesta en la papeleta o que dejen espacio para nominacion directa (write in) para ofrecer al pueblo de Puerto Rico una alternativa para independencia realistica.

Debajo de estas palabras encontraran el preambulo de la constitucion propuesta.  Siguenos en Facebook para ver las otras partes de esta constitucion:

 

PREAMBULO

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de ejercer nuestro derecho a libre determinación y organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos naturales y el libre mercado, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para la Republica de Puerto Rico y asumimos nuestra posición justa entre los poderes del mundo.

 

Al así hacerlo declaramos:

Que el sistema democrático y el libre mercado son fundamentales para la vida de la comunidad puertorriqueña;

Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del ser humano y los derechos naturales; y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas;

Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía dual de Puerto Rico y los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Puertorriqueña; la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano; el afán por la educación; la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; la libertad y responsabilidad individual;  y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios.

 

***Basado en la constitucion del ELA, cambiado para incluir las propuestas de MIRE.

www.facebook.com/MIREPuertoRico/

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#MIRE Articulo II: Derechos y Responsabilidades

Continuando la presentacion de la constiucion propuesta bajo ‘El Plan MIRE’ para independencia capitalista para Puerto Rico; abajo encontraran el Articulo II de la constitucion interina de ganar en plebicito ‘El Plan MIRE’ para indepenencia.  Todavia en forma de borrador y abierto para comentarios:

ARTICULO II CARTA DE DERECHOS y RESPONSABILIDADES

Sección 1. Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido.

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los ciudadanos (hombres y mujeres)  son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.   Ningún agencia del gobierno podrá existir, ni fondos del gobierno usados para servicios que existen únicamente para un grupo, sexo, raza u otro;  Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad bajo ley.

Sección 2. Sufragio, franquicia electoral.

Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.  El derecho al voto será revocado a cualquier persona convicto de un delito grave o mayor durante el tiempo que estén encarcelados y por cinco años después de ser liberados, al menos con son convictos de nuevo de  cualquier otro delito; lo que extenderá la suspensión de sus derechos electorales.

Sección 3. Libertad de culto.

No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado.  Sin embargo, Puerto Rico es y será una nación cristiana y el gobierno públicamente reconocerá y celebrara todos festivales (o días de fiesta) cristianos primarios y públicamente reconocerá festivales judíos; esas dos religiones y sus prácticas serán protegidos sobre todos los demás.  Se podrá limitar, suspender o prohibir actividades u organizaciones religiosas que amenazan la seguridad pública o nacional.

Las iglesias y templos y son exentos de pagar contribuciones al menos que operan actividades comerciales o participan en actividades políticas.  Toda iglesia tendrá que someter a auditorias como indica la ley.

Sección 4. Libertad de palabra y de prensa; reunión pacifica; petición para reparar agravios.

No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.  No existe derecho de impedir el libre movimiento de otros ciudadanos o visitantes, ni de hacer daño a propiedad pública o privada o de amenazar o aterrorizar otros ciudadanos o visitantes.

Tampoco existe derecho de (y se considera delito grave en tiempos de paz) impedir o interferir con oficiales del gobierno (incluyendo la policía y fuerzas armadas) en el debido ejercicio de su deber.  En tiempos de emergencia nacional o guerra podrá ser considerado un delito capital.

La prensa comercial tendrá que acogerse a ley publica, cooperar en la difusión de información durante la transición (que extenderá por 12 años) y durante emergencias futuras, respetar la privacidad de los ciudadanos y sus líderes; y debe ser honesto en su cobertura.  Faltar la verdad, hacer acusaciones falsos o apoyar, promover o fomentar la sedición, traición o instigar el pánico público; podrá resultar en la suspensión o pérdida de su licencia de difusión o como negocio y podrá resultar en la perdida de toda su propiedad y finanzas y resultar en multas o encarcelamiento de todos involucrados en el incidente y su gerencia.

Esto no prohíbe; ni limita; a la prensa de criticar al gobierno, sus miembros, acciones o decisiones o de ofrecer opiniones contrario a política pública del gobierno o cuestionar información oficial de tener evidencia de lo contrario.

Sección 5. Instrucción pública.

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos naturales de los hombres y mujeres y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario.  La enseñanza pública será gratuita en la escuela primaria y secundaria.   Todo niño en escuela pública tendrá que aprender a leer, escribir y hablar español e inglés y tener opción para aprender otros leguajes.

Participación en el sistema de educación pública será voluntaria.  Los padres tendrán derecho y responsabilidad primaria de educar a sus hijos.  Podrán usar  escuelas privadas o educar a sus hijos en su casa o comunidad o usando tecnología actual o futuro.   Los niños educados fuera del sistema público tendrán que aprender hablar, leer y escribir en español y/o inglés y otro lenguaje.   Tendrán que recibir instrucción en matemática, ciencia e historia.

Se podrá utilizar propiedad y/o fondos públicos para el sostenimiento o pago de matrícula, libros y cuotas de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado para dar el poder a los padres de escoger la mejor escuela para sus hijos.

Sección 6. Libertad de organización.

Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares.   A la misma vez, nadie podrá ser forzados a asociar, colegiarse, participar en una unión o pagar cuotas para ejercer una profesión o conseguir un trabajo o por cualquier otra actividad personal.

Esto no prohíbe membresías o asociaciones en el mercado libre; grupos profesionales voluntarios; o actividades comerciales para los clientes de los mismos.

Sección 7. Derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad; pena de muerte; debido proceso; igual protección de las leyes; menoscabo de contratos; propiedad exenta de embargo.

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad privada.  Se garantizara el derecho al aborto durante los primeros 2 (dos) trimestres de cualquier embarazo, pero la madre o su familia serán exclusivamente responsables por los honorarios o costos; el gobierno no podrá pagar para abortos.

En cualquier caso de adopción; el padre tendrá primer derecho de adoptar la creatura.

Se limite el poder del gobierno de reglamentar los usos y actividades en propiedad privada; el gobierno respetara los derechos de los dueños de propiedad.  Solo se podrá reglamentar actividades que representan una amenaza directa, inmediata y seria (DIS) al público o personas visitando o en las inmediaciones de propiedad privado.  Ni el cigarrillo tradicional, ni el cigarrillo electrónico podrán ser considerados como amenaza DIS, y se anulan todas prohibiciones contra esto excepto en las inmediaciones de gases explosivos.

Habrá pena de muerte aplicado automáticamente para personas que son convictas de; asesinar a dos personas o más en un evento o en una vida, cometen asesinato (o ocurre un muerte) durante otro crimen violento o grave,  asesinan a una persona debilitada o indefensa (como pero no limitado a: ancianos, niños, mujeres embarazadas, hombres o mujeres mientras estén durmiendo o personas con impedimentos físicos o mentales.)   También se aplicara la pena de muerte por asesinato de un oficial o empleado del gobierno en el debido ejercicio de su deber; o por su responsabilidad oficial; o el asesinato de cualquier oficial elegido o nombrado; o por intentar o asesinar al Cacique.  Se aplicara la pena de muerte dentro de 18 (diez y ocho) meses de la convicción.  Cada sentencia de muerte será apellada y re-investigada para confirmar la convicción al menos que admite culpabilidad el acusado.  Un panel de tres jueces; todos apoyadores del uso de la pena de muerte; revisaran cada caso de pena de muerte y harán una recomendación al Cacique.  Sin embargo, El Cacique, tendrá autoridad final en todo caso que involucre la pena de muerte.

Ninguna persona será privada de su libertad, vida o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a ciudadano alguno en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

Sección 8. Protección contra ataques a la honra, a la reputación y a la vida privada, derecho de portar armas y defensa propia.

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.

Todo ciudadano, tendrá derecho de poseer y portar armas; y usarlas en defensa propia, de familiares o de propiedad privada.  Toda ciudadano menor de 40 años quien desea comprar o poseer una arma, tendrá que ofrecer servicio combatiente como policía auxiliar o como miembro de las fuerzas armadas activas o reservas por un mínimo de 4  (cuatro) años y así recibir entrenamiento el su uso y seguridad.  También estarían responsables de usar sus armas en defensa de victimas del crimen si estén presentes durante un acto criminal violento; y tendrán que usar esas armas en defensa de la nación durante tiempos de guerra o insurrección.

Se pondrán límites y prohibiciones sobre posesión y o desarrollo de armas nucleares, químicos, biológicos y o explosivos grandes u otras armas que representan igual o peor amenaza a la seguridad pública.

Sección 9. Justa compensación por propiedad privada.

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación por el valor del mercado de la propiedad más el 15% por mudanza; y de acuerdo con la forma provista por ley.  Fuera de lo provisto en esta constitución; no se aprobará ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se encuentren instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad públicas mediante procedimientos que fijará la Ley, y sólo podrán tomarse antes de la declaración judicial, cuando se provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando por un tiempo razonable.

Con excepción de los primeros 12 años de la Republica, no se podrá tomar propiedad privada para el lucro de otro o los ingresos o contribuciones derivados de esas actividades.  Solo se podrá ejercer dominio eminente sobre propiedad privado para bases militares, edificios públicos, infraestructura primara o edificios o estructuras necesitadas; o la creación de zonas comerciales específicamente bajo el poder y autoridad de la Junta de Gobierno.

Dueños de propiedad no tendrán responsabilidad por crímenes cometidos por otros en su propiedad al menos que los dueños participaron en el crimen o fueron groseramente negligentes en su programa de seguridad.

Sección 10. Registros e incautaciones; intercepción de comunicaciones telefónicas; mandamientos.

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica o electrónica excepto bajo orden judicial durante una investigación criminal o por orden especial del Cacique por razones de investigar crímenes altos; o por defensa nacional o seguridad nacional o pública.  Toda comunicación de o hacia el gobierno o entre oficiales o empleados del gobierno será revisada, grabadas y/o interceptadas.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.  Revisaciones podrán ser autorizados por oficiales de la policía en el lugar o por fiscales si ocurren durante o inmediatamente después de un acto criminal de carácter grave o más.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.

 

Sección 11. Procesos criminales; juicio ante jurado; autoincriminación; doble exposición por el mismo delito; fianza; encarcelación.

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de ocho (8).

Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito; ni podrán enfrentar casos civiles por actos criminales por lo cual no fueron convictos; con la excepción de casos de negligencia personal o profesional.

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, con excepción de las personas acusados de delitos graves violentos, asesinato, sedición, traición, crímenes en las fuerzas armadas o milicia; o que representan alto riesgo de fuga.

La detención preventiva antes del juicio no excederá de 18 meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda al menos que sea una deuda al gobierno, o por impuestos no pagados, o por una multa por un crimen por lo cual fueron convictos.

Se limite la cantidad ordenada a pagar en casos civiles a un máximo de 3 (tres) veces el costo actual del daño e ingresos o salarios perdidos (incluyendo ingresos futuros), y 3 (tres) veces esa cantidad más como compensación punitiva; además de costos de corte y abogados.  Se limitara el honorario de abogados al 15% del total compensación ordenada.

Sección 12. Esclavitud; servidumbre involuntaria; castigos crueles e inusitados; derechos civiles; leyes “ex post facto”; “proyectos” para condenar sin celebración de juicio.

No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados; pero penas corporales podrán ser utilizadas; además de trabajo o programas de rehabilitación o tratamiento forzados. La suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará después de 5 (cinco) años de haber cumplido la pena impuesta.

Al completar su sentencia original incluyendo probatoria o liberad bajo palabra; y evitar participación en actividades criminales y de no ser arrestado o convicto de ningún otro delito durante los siguientes 5 años; el convicto tendrá su record criminal cerrado y se prohibirá registros, listas o limitaciones administrativas o legales para estos convictos.  De ese momento hacia adelante serán considerados como cualquier otro ciudadano y no tendrán que reportar su delito a nadie al menos de ser arrestado o convicto de nuevo.

Con la excepción en el establecimiento y para los primos 5 (cinco) años; y solo con aprobación de la Junta de Gobierno y concurrencia del Cacique; No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio.

Como parte de la transición, todo caso capital de los pasadas veinte años que cumplen con las reglas de pena de muerte en la Sección 7, serán revisados; y la pena de muerte será aplicado en cada caso.  El cacique tendrá autoridad final en cada caso criminal y podrá modificar, extender, indultar; y/o reducir cualquier sentencia; en cualquier caso.  Esto incluye los convictos o confinados en la cárcel federal quienes cometieron su delito en Puerto Rico.

Sección 13. Hábeas corpus; autoridad militar, subordinada.

El auto de hábeas corpus será concedido con rapidez y libre de costas. No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública. El Congreso  tendrá el poder de suspender el privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que regulan su concesión.  Además, bajo consejo (pero no consentimiento) de la Junta de Gobierno; El Cacique tendrá autoridad para declarar ley marcial y suspender el auto de habeas corpus a su discreción durante tiempos de emergencia, insurrección o guerra.

La autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil. Sin embargo, el tribunal militar tendrá autoridad de investigar, y primera autoridad de juzgar cualquier caso de corrupción pública.   Esos casos solo podrán ser apellados por ambas partes al Tribunal Supremo y finalmente al Cacique.

Sección 14. Títulos de nobleza; regalos de países extranjeros.

No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. Ningún funcionario o empleado la Republica aceptará regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa autorización del Congreso.

El Cacique, Presidente nacional y Secretario de Estado podrán aceptar regalos a Puerto Rico o su gobierno en nombre de la nación pero tendrán que reportar estos regalos y entregarlos apropiadamente según ley. Otros oficiales del gobierno podrán aceptar regalos en nombre de la república según describe la ley.

Sección 15. Empleo y encarcelación de menores.

No se permitirá el empleo de menores de doce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral o que de alguna manera amenace la vida o integridad física.  La edad de adultez será 17 (diez  y siete) años y la edad de consentimiento (que será menor de 17 años) será establecido por ley.

No se permitirá el ingreso de un menor de dieciséis años en una cárcel o presidio de adultos, pero habrá centros de detención juveniles para estos menores.  Si fueron convictos de un delito capital o grave, su sentencia podrá ser extendido después de cumplir 16 años y podrán cumplir ese tiempo adicional en cárceles adultos.

Sección 16. Derechos de los empleados.

Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo; se eliminara el salario mínimo y se prohíbe establecer uno nuevo en el futuro;  a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.

Empleados podrán acordarse voluntariamente con su patrón una jornada más larga (horario flexible) diariamente, semanalmente o mensualmente; a cambio de más tiempo libre sin el pago de ‘overtime,’u otros arreglos.  Los empleados existentes en el momento de la independencia no podrán ser forzados a participar en estos programas, ni podrá ser condición de trabajo para ellos.

Sección 17. Derecho a organizarse y negociar colectivamente.

Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar.

Los sindicatos y/o uniones son prohibidos en el servicio público y en servicios primarios e infraestructura en toda la nación.  Membresía y pago de cuotas en una asociación, federación, sindicato, unión u otro grupo de trabajadores será voluntaria y ni membresía ni pago de cuotas podrán ser condición de conseguir un trabajo.  Puerto Rico es una nación que reconoce el derecho al trabajo.  Nadie podrá ser forzado a colegiarse para ejercer una profesión o trabajo.

Sección 18. Derecho a la huelga, a establecer piquetes, etc.

A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas privadas, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales.  No habrá derecho de prohibir acceso al lugar de empleo a los empleados que deciden no participar en la huelga o que no son miembros del sindicato.  El patrón también tendrá el poder de cerrar las puertas de su negocio a los unionados como parte de las negociaciones con sindicatos.   Ambas partes tendrán que negociar en buena fe; entendiendo siempre que el negocio existe con fines de lucro y no de preservar empleos.  De no adquirir un contrato razonable con el sindicato en un tiempo razonable, el patrón tendrá opción de cerrar de manera permanente su negocio y trasladar sus operaciones a otro país sin represalias o multas del gobierno.

Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facultad del Congreso  de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.

Las huelgas, actos intencionales de limitar operaciones o ‘enfermitas’ son prohibidas en todo agencia del gobierno y servicio o infraestructura primario.  Cualquier empleado del gobierno que se va en huelga o participa en dicho actividades se considera haber renunciado de su puesto sin beneficios algunos y estará prohibido trabajar en el gobierno, servicios primarios o sus contratistas para un término de no menos de 18 meses.  Es un crimen de carácter grave; pagar el sueldo de un empleado público (o de servicios o infraestructura primarios) que ha renunciado su puesto por haber participado en una huelga.

Sección 19. Interpretación liberal de los derechos naturales y facultades del Congreso.

La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de derechos naturales u otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad del Congreso  para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

Ningún derecho nuevo podrá ser aprobado que requiera que otros pagan por el ‘derecho’ o que requiere el uso de fuerza del gobierno para forzar a otros cumplir con el derecho de otro ciudadano.   Los derechos naturales existen sin gobierno, y mientras el gobierno podrá usar fuerza para defender el derecho de uno, no podrá usar la fuerza para prohibir o inhibir los derechos de otros.

Sección 20. Derechos humanos reconocidos; Derechos de los padres; deber del pueblo y del gobierno.

La Republica reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos y términos:

Los derechos y responsabilidades son inseparables; de no tener derecho, no podrá haber responsabilidades.

El derecho de toda persona recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria.

El derecho de toda persona a obtener trabajo.

El hecho y deber que la responsabilidad para el bienestar de cada ciudadano reside con el individuo y no con el estado, comunidad o gobierno.

Ambos padres son iguales en ley, derecho y responsabilidad.  En casos de separación, divorcio o niños fuera de matrimonio, la madre y padre tendrán derechos iguales, custodia compartida, y las mismas responsabilidades.  6 meses de cada año los niños vivirán con su padre, y 6 meses con la madre.  Durante los tiempos que estén con la mama, el padre tendrá que pagar manutención de niños (child support), y durante el tiempo que los niños están con el padre, la madre tendrá que pagar manutención de niños al papa.  Esto no prohíbe que ambas partes llegan a un acuerdo diferente a lo mencionado arriba.

El pago será de igual porcentaje para ambos y será 10 (diez) por ciento de los ingresos netos por niño hasta un máximo de 25% (veinte y cinco por ciento) para todos los niños; la cantidad exacta  automáticamente cambiara con cualquier cambio en ingresos o número de niños.   Todos niños presentes en cada casa se incluirán en la determinación y la cantidad por niño (en casos donde hay más de 3 niños total, será el 25% dividido por el número total de niños en cada casa.   Nadia podrá ser forzado a pagar por niños que no son biológicamente sus hijos; ni por niños donde han pedido y/o renunciado sus derechos como padre.

Pensión Alimenticia (Alimony) será prohibido y todos ordenes previos de pensión serán anulados automáticamente con la implementación de esta constitución.

Los padres no custodiales tendrán autoridad en el establecimiento de esta nación de pedir que se cambie los órdenes de custodia para que puedan pasar más tiempo con sus hijos hasta el máximo de 6 meses por año.  Si los cortes o el padre o la mama custodial les deniegan la petición, no tendrán que pagar más la manutención, ni serán responsables por pagos atrasados de manutención de hijos.

Los niños son de los padres y no del estado, nación, pueblo, comunidad u organización internacional.  Los padres guarden todos derechos sobre sus hijos.  Los padres podrán disciplinar a sus hijos usando penas corporales, educarlos en casa; y crearlos en el culto o cultura que deciden.

Los padres solo podrán perder derecho a sus hijos al ser convicto de un acto criminal contra los hijos directamente o mientras están en la cárcel o en probatoria.  Sin embargo, no tendrán responsabilidad si no tienen derecho.

La Republica de Puerto Rico está prohibida de firmar, ratificar o aplicar cualquier tratado o acuerdo internacional que impide los derechos de los padres o cualquier otro tratado o acuerdo que interfiere con los derechos naturales o la soberanía de esta nación.  Con excepción del tratado de reconocimiento entre Puerto Rico y Estados Unidos, todo tratado entre Puerto Rico y otros países u organizaciones internacionales se vence automáticamente 5 años y un día después de ratificación al menos que son extendidos por el Cacique.  Después de diez años; para continuar en efecto cualquier tratado tendrá que ser aprobado por mayoría de los electores en una elección.   El Cacique deberá anunciar su intención to extender o no los tratados que llegan a el momento de vencimiento.

EL derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física o mental.  Estos programas serán pagados por el Fideicomiso Nacional y los CASS.

En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, el libre mercado y el capitalismo distributivo.

 

SECCION 20 B. Responsabilidades del ciudadano – Servicio Nacional

Todo ciudadano tendrá responsabilidad de cumplir con la ley, y cooperar en investigaciones criminales u oficiales.  El oficial o empleado público que reúsa participar en investigaciones oficiales o criminales y/o reúsa contestar preguntas bajo juramento,  relacionado con su deber; salvo por asuntos privados o seguridad nacional; se considera haber renunciado de su puesto inmediatamente.  Mentir bajo juramento es un crimen y será procesado como corrupción pública.

Miembros activos de las fuerzas armadas, policía e inteligencia militar son prohibidos de participar en política partidista.   No podrán ser miembros de partidos políticos; ni hacer donaciones o recaudos, ni participar en actividades políticas, ni ser candidatos para oficinas electivas.  Miembros de la reserva o guardia podrán participar en actividades políticas, pero solo en su carácter personal.

Todo ciudadano tendrá responsabilidad de cumplir con el programa de servicio nacional.  Los inmigrantes legales también tendrán que participar y ofrecer por lo menos 50% (cincuenta por ciento) más tiempo en servicio que los ciudadanos naturales.

El mínimo de servicio nacional es de 1200 (mil doscientas) horas en una posición combatiente o no combatiente en el transcurso de cuatro años.   Por cada año combatiente a tiempo parcial (incluyendo Guardia Nacional o Reserva, policía o bombero voluntario o medico militar) se paga 2 créditos del fideicomiso nacional.  Por cada año a tiempo completo combatiente se paga 4 créditos por año cumplido.  Habrá un límite de 350 (tres cientos y cincuenta) créditos en una vida por servicio combatiente.

Por cada año de servicio no combatiente a tiempo parcial se paga 1 crédito.   Por tiempo completo se pagan dos por año cumplido.  Habrá límite de 100 (cien) créditos en una vida por servicio no combatiente.

Créditos adicionales podrán ser premiados por servicio de excelencia o servicio durante emergencias y/o situaciones de combate.

Todo servicio en las fuerzas armadas, reserva o guardia, policía, bomberos o servicio de inteligencia nacional/militar y médicos y enfermeras militares se considera servicio combatiente para efectos del programa de servicio nacional.   Todos los demás se considera servicio no combatiente.  La Junta de Gobierno autorizara la lista de trabajos e actividades que pueden considerarse como servicio.  La definición de servicio combatiente (para fines de servicio) es cualquier servicio que requiere trabajar ‘bajo fuego’ o arriesgar la vida como parte natural del trabajo.

Empleados públicos activos o retirados y veteranos militar, de la policía o servicio de bomberos o los que están actualmente en esos servicios recibirán crédito por servicios ya ofrecido.

Durante tiempo de servicio a tiempo parcial no se pagara sueldo alguno.  Durante tiempos extendidos (más de una semana corrida) de servicio se pagara un salario mínimo; durante tiempo completo; o por activación durante una emergencia nacional; se pagara un sueldo completo.

Ciudadanos que no cumplan con el requisito del servicio nacional no podrán votar en elecciones de la Junta de Gobierno y no podrán recibir ayuda o pagos del mismo.   Inmigrantes que no cumplen no podrán llegar a ser ciudadanos y serán expulsados del país.  Cualquier inmigrante que llega a la isla ilegalmente será expulsado, refugiados solo podrán quedar en la nación por un año y de no ser aceptado para servicio nacional y el camino hacia ciudadanía; serán expulsados de la nación.

Los ciudadanos ancianos (mayores de 50 años) o discapacitados son exentos a ofrecer servicio nacional.  En el momento de independencia, personas mayores de 50 (cincuenta) años no tendrán que ofrecer servicio y recibirán 10 (diez) créditos.  Personas entre 40 y 49 años tendrán que ofrecer solo 1 año de servicio (300 horas); personas entre 30 a 39 tendrán que ofrecer dos (600 horas); y toda persona menor de 30 años en el momento de independencia tendrán que ofrecer servicio competo de 4 años (1,200 horas).

Con excepción de  militares o personas en el extranjero por trabajo oficial del gobierno; nadie puede votar que no reside en la isla, ni se les puede cobrar impuestos o contribuciones. Tampoco se puede hacer pagos del Fideicomiso Nacional a personas que no han previamente cumplido su servicio nacional o recibido exención.

La ciudadanía se concede en el momento de independencia a todos residentes legales de Puerto Rico, los que estén presente legalmente con intención de quedar; y a cada Puertorriqueño en la diáspora que nació en Puerto Rico o que tiene por lo menos un padre (o madre) nacido en Puerto Rico.

***Basado en la constitucion del ELA, cambiado para incluir propuestas de MIRE – el Movimiento Independentista Republicano.

www.facebook.com/MIREPuertoRico/

 

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#MIRE Blog update: videos coming!

It has been sometime since I’ve updated the blog.  With the passing of the deadline to acquire the needed signatures for our original effort to create an independent country in Puerto Rico I’ve taken some time to evaluate what is next.

What is next is to begin fresh as the new year approaches; with a new plan.

I’ll have more on that in the coming weeks.

In the meantime, I’ve made the decision to start adding more videos to our YouTube channel and start reaching out to new audiences.  Stay tuned for videos in the coming days and weeks as we get rolling for a new effort to bring free market independence to Puerto Rico.

Thanks for your continued support and don’t forget to make a donation as it helps cover the cost of online advertising and promotion!

Merry Christmas to all!

***

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Puerto Rico: changing the focus of government

At one point in its not to distant past, the government of Puerto Rico owned just about everything.   It owned the shipping company ‘Navieras,’ the Puerto Rico Telephone Company and still owns the Water and Sewer Authority and the Electric Power Authority.  These were ‘purchased’under misguided socialist policies during the 1970’s.

In essence, following leftist doctrine the government of Puerto Rico was trying to ‘be all things to all people.’   The result is what we see today.  73 Billion dollars in debt and supposedly, no way to pay it. Granted, the issue is much more complicated; but I’ve addressed many of those issues in other articles.

Today I want to focus on the differing views of the left and right regarding the purpose of government and suggest a compromise.

To the left, ‘All things to all people’ is the goal.  Yet it has been show time and time and time again, that it does not work.  Eventually, you run out of other people’s money.

To the right, the responsibility for one’s well being is the individual’s.  Government’s purpose is limited to a few specific duties like defense, security, response to disasters, international relations, regulating (to a very limited degree) business interactions across state lines and interstate infrastructure.

The further along we go, the more divergent these positions become.  Mandatory health care insurance and socialized medicine do not mix with with the libertarian ideal of ‘self-ownership.’    Nor does Obamacare mix with the idea of free markets and personal choice.  Yet many of the left want less choice and more government sourced services.

Intentionally divisive politics aside, the two sides are becoming irreconcilable.

This is one of the reasons I developed my theory of ‘Distributive Capitalism.’

The theory (explained in the article linked above) depends on limited government and free market capitalism in order to work, but it provides all of the social services the left wants; by simply changing the way they are paid for and who controls them.  The vast majority of the leadership of the democratic left is likely to oppose this concept because it takes power out of government hands and empowers individuals to make their own social choices without having to elect a new politicians to get the things they want.

The right and libertarians will oppose it because it requires mandatory savings, but it goes further than that.  It changes the focus of government all together and opens a broad range of possibilities to a better future for everyone.  The focus would be on the end result, not on the process or how a service is provided.

I’ll take a simple example.  El Fondo de Seguro del Estado (The state security fund) which is Puerto Rico’s version of Workers’ Compensation.  This public entity gives employees money when they get injured at work and can’t work.  Nice idea when it started, but Puerto Rico’s FSE is always in deficits, slow to respond and pays very low amounts to injured workers.

The left and even many on the right would never dare to want to eliminate Workers’ Compensation.  Like social security, it is a third rail and any politicians who goes after it, even when it performs poorly is likely to face certain defeat.  So the plan is to always keep Workers’ Comp.

I argue, that what is necessary is to keep the ‘benefits’ provided by Workers’ Comp for those who want it.   The ‘how’ it is delivered is not important.  It is the what.  Many people who have worked labor or hourly based jobs know that if you aren’t working, you aren’t earning.  So I’m not opposed in theory to the idea of having a fund or payment system to help those injured on the job or even those who are just injured period who need temporary assistance.

So how do you balance out the idea of wanting to make sure a service is available, but not necessarily owned, operated or paid for by government?

A quick look to the private sector will help you find a company like AFLAC.  This company provides benefits much like Workers’ Compensation.  They help cover medical expenses not covered by insurance and pay cash to help people pay bills why they are unable to work.  I suspect that it wouldn’t be too hard to sit down with AFLAC and negotiate a deal to replace FSE with the private insurer and make it available to everyone.

This would save money by replacing FSE with the private entity.  No more buildings to manage, not more electric bills to pay and no more employees to pay.  In this scenario FSE wouldn’t be privatized, it would be closed permanently and the buildings and office supplies sold.  It would cease to exist, yet the benefit would continue.

Another example is education.  My disdain for teachers unions aside; there is always room for improvement in education.  The best schools in Puerto Rico are private schools…hands down.  There isn’t even a debate.  Yet there are protests whenever the government tries to shut down a public school, even if that schools is full of asbestos and no longer in use.

If the focus is the education of children, then naturally you look for the best possible education which right now is done only in private schools.  This is why republican’s often propose voucher programs.  This gives parents black or white the option to choose which school to send their kids.  It creates competition forcing schools to compete for students.

The left hates this because it means the government is no longer in control of education or as I prefer to call it, ‘indoctrination camps.’

The list of ideas that spring up when you focus on the purpose and the end instead of the process is endless.  Its time Puerto Rico started to reshape and refocus its government.

 

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