#MIRE Articulo II: Derechos y Responsabilidades

Continuando la presentacion de la constiucion propuesta bajo ‘El Plan MIRE’ para independencia capitalista para Puerto Rico; abajo encontraran el Articulo II de la constitucion interina de ganar en plebicito ‘El Plan MIRE’ para indepenencia.  Todavia en forma de borrador y abierto para comentarios:

ARTICULO II CARTA DE DERECHOS y RESPONSABILIDADES

Sección 1. Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido.

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los ciudadanos (hombres y mujeres)  son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.   Ningún agencia del gobierno podrá existir, ni fondos del gobierno usados para servicios que existen únicamente para un grupo, sexo, raza u otro;  Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad bajo ley.

Sección 2. Sufragio, franquicia electoral.

Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.  El derecho al voto será revocado a cualquier persona convicto de un delito grave o mayor durante el tiempo que estén encarcelados y por cinco años después de ser liberados, al menos con son convictos de nuevo de  cualquier otro delito; lo que extenderá la suspensión de sus derechos electorales.

Sección 3. Libertad de culto.

No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado.  Sin embargo, Puerto Rico es y será una nación cristiana y el gobierno públicamente reconocerá y celebrara todos festivales (o días de fiesta) cristianos primarios y públicamente reconocerá festivales judíos; esas dos religiones y sus prácticas serán protegidos sobre todos los demás.  Se podrá limitar, suspender o prohibir actividades u organizaciones religiosas que amenazan la seguridad pública o nacional.

Las iglesias y templos y son exentos de pagar contribuciones al menos que operan actividades comerciales o participan en actividades políticas.  Toda iglesia tendrá que someter a auditorias como indica la ley.

Sección 4. Libertad de palabra y de prensa; reunión pacifica; petición para reparar agravios.

No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.  No existe derecho de impedir el libre movimiento de otros ciudadanos o visitantes, ni de hacer daño a propiedad pública o privada o de amenazar o aterrorizar otros ciudadanos o visitantes.

Tampoco existe derecho de (y se considera delito grave en tiempos de paz) impedir o interferir con oficiales del gobierno (incluyendo la policía y fuerzas armadas) en el debido ejercicio de su deber.  En tiempos de emergencia nacional o guerra podrá ser considerado un delito capital.

La prensa comercial tendrá que acogerse a ley publica, cooperar en la difusión de información durante la transición (que extenderá por 12 años) y durante emergencias futuras, respetar la privacidad de los ciudadanos y sus líderes; y debe ser honesto en su cobertura.  Faltar la verdad, hacer acusaciones falsos o apoyar, promover o fomentar la sedición, traición o instigar el pánico público; podrá resultar en la suspensión o pérdida de su licencia de difusión o como negocio y podrá resultar en la perdida de toda su propiedad y finanzas y resultar en multas o encarcelamiento de todos involucrados en el incidente y su gerencia.

Esto no prohíbe; ni limita; a la prensa de criticar al gobierno, sus miembros, acciones o decisiones o de ofrecer opiniones contrario a política pública del gobierno o cuestionar información oficial de tener evidencia de lo contrario.

Sección 5. Instrucción pública.

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos naturales de los hombres y mujeres y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario.  La enseñanza pública será gratuita en la escuela primaria y secundaria.   Todo niño en escuela pública tendrá que aprender a leer, escribir y hablar español e inglés y tener opción para aprender otros leguajes.

Participación en el sistema de educación pública será voluntaria.  Los padres tendrán derecho y responsabilidad primaria de educar a sus hijos.  Podrán usar  escuelas privadas o educar a sus hijos en su casa o comunidad o usando tecnología actual o futuro.   Los niños educados fuera del sistema público tendrán que aprender hablar, leer y escribir en español y/o inglés y otro lenguaje.   Tendrán que recibir instrucción en matemática, ciencia e historia.

Se podrá utilizar propiedad y/o fondos públicos para el sostenimiento o pago de matrícula, libros y cuotas de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado para dar el poder a los padres de escoger la mejor escuela para sus hijos.

Sección 6. Libertad de organización.

Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares.   A la misma vez, nadie podrá ser forzados a asociar, colegiarse, participar en una unión o pagar cuotas para ejercer una profesión o conseguir un trabajo o por cualquier otra actividad personal.

Esto no prohíbe membresías o asociaciones en el mercado libre; grupos profesionales voluntarios; o actividades comerciales para los clientes de los mismos.

Sección 7. Derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad; pena de muerte; debido proceso; igual protección de las leyes; menoscabo de contratos; propiedad exenta de embargo.

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad privada.  Se garantizara el derecho al aborto durante los primeros 2 (dos) trimestres de cualquier embarazo, pero la madre o su familia serán exclusivamente responsables por los honorarios o costos; el gobierno no podrá pagar para abortos.

En cualquier caso de adopción; el padre tendrá primer derecho de adoptar la creatura.

Se limite el poder del gobierno de reglamentar los usos y actividades en propiedad privada; el gobierno respetara los derechos de los dueños de propiedad.  Solo se podrá reglamentar actividades que representan una amenaza directa, inmediata y seria (DIS) al público o personas visitando o en las inmediaciones de propiedad privado.  Ni el cigarrillo tradicional, ni el cigarrillo electrónico podrán ser considerados como amenaza DIS, y se anulan todas prohibiciones contra esto excepto en las inmediaciones de gases explosivos.

Habrá pena de muerte aplicado automáticamente para personas que son convictas de; asesinar a dos personas o más en un evento o en una vida, cometen asesinato (o ocurre un muerte) durante otro crimen violento o grave,  asesinan a una persona debilitada o indefensa (como pero no limitado a: ancianos, niños, mujeres embarazadas, hombres o mujeres mientras estén durmiendo o personas con impedimentos físicos o mentales.)   También se aplicara la pena de muerte por asesinato de un oficial o empleado del gobierno en el debido ejercicio de su deber; o por su responsabilidad oficial; o el asesinato de cualquier oficial elegido o nombrado; o por intentar o asesinar al Cacique.  Se aplicara la pena de muerte dentro de 18 (diez y ocho) meses de la convicción.  Cada sentencia de muerte será apellada y re-investigada para confirmar la convicción al menos que admite culpabilidad el acusado.  Un panel de tres jueces; todos apoyadores del uso de la pena de muerte; revisaran cada caso de pena de muerte y harán una recomendación al Cacique.  Sin embargo, El Cacique, tendrá autoridad final en todo caso que involucre la pena de muerte.

Ninguna persona será privada de su libertad, vida o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a ciudadano alguno en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

Sección 8. Protección contra ataques a la honra, a la reputación y a la vida privada, derecho de portar armas y defensa propia.

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.

Todo ciudadano, tendrá derecho de poseer y portar armas; y usarlas en defensa propia, de familiares o de propiedad privada.  Toda ciudadano menor de 40 años quien desea comprar o poseer una arma, tendrá que ofrecer servicio combatiente como policía auxiliar o como miembro de las fuerzas armadas activas o reservas por un mínimo de 4  (cuatro) años y así recibir entrenamiento el su uso y seguridad.  También estarían responsables de usar sus armas en defensa de victimas del crimen si estén presentes durante un acto criminal violento; y tendrán que usar esas armas en defensa de la nación durante tiempos de guerra o insurrección.

Se pondrán límites y prohibiciones sobre posesión y o desarrollo de armas nucleares, químicos, biológicos y o explosivos grandes u otras armas que representan igual o peor amenaza a la seguridad pública.

Sección 9. Justa compensación por propiedad privada.

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación por el valor del mercado de la propiedad más el 15% por mudanza; y de acuerdo con la forma provista por ley.  Fuera de lo provisto en esta constitución; no se aprobará ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se encuentren instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad públicas mediante procedimientos que fijará la Ley, y sólo podrán tomarse antes de la declaración judicial, cuando se provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando por un tiempo razonable.

Con excepción de los primeros 12 años de la Republica, no se podrá tomar propiedad privada para el lucro de otro o los ingresos o contribuciones derivados de esas actividades.  Solo se podrá ejercer dominio eminente sobre propiedad privado para bases militares, edificios públicos, infraestructura primara o edificios o estructuras necesitadas; o la creación de zonas comerciales específicamente bajo el poder y autoridad de la Junta de Gobierno.

Dueños de propiedad no tendrán responsabilidad por crímenes cometidos por otros en su propiedad al menos que los dueños participaron en el crimen o fueron groseramente negligentes en su programa de seguridad.

Sección 10. Registros e incautaciones; intercepción de comunicaciones telefónicas; mandamientos.

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica o electrónica excepto bajo orden judicial durante una investigación criminal o por orden especial del Cacique por razones de investigar crímenes altos; o por defensa nacional o seguridad nacional o pública.  Toda comunicación de o hacia el gobierno o entre oficiales o empleados del gobierno será revisada, grabadas y/o interceptadas.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.  Revisaciones podrán ser autorizados por oficiales de la policía en el lugar o por fiscales si ocurren durante o inmediatamente después de un acto criminal de carácter grave o más.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.

 

Sección 11. Procesos criminales; juicio ante jurado; autoincriminación; doble exposición por el mismo delito; fianza; encarcelación.

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de ocho (8).

Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito; ni podrán enfrentar casos civiles por actos criminales por lo cual no fueron convictos; con la excepción de casos de negligencia personal o profesional.

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, con excepción de las personas acusados de delitos graves violentos, asesinato, sedición, traición, crímenes en las fuerzas armadas o milicia; o que representan alto riesgo de fuga.

La detención preventiva antes del juicio no excederá de 18 meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda al menos que sea una deuda al gobierno, o por impuestos no pagados, o por una multa por un crimen por lo cual fueron convictos.

Se limite la cantidad ordenada a pagar en casos civiles a un máximo de 3 (tres) veces el costo actual del daño e ingresos o salarios perdidos (incluyendo ingresos futuros), y 3 (tres) veces esa cantidad más como compensación punitiva; además de costos de corte y abogados.  Se limitara el honorario de abogados al 15% del total compensación ordenada.

Sección 12. Esclavitud; servidumbre involuntaria; castigos crueles e inusitados; derechos civiles; leyes “ex post facto”; “proyectos” para condenar sin celebración de juicio.

No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados; pero penas corporales podrán ser utilizadas; además de trabajo o programas de rehabilitación o tratamiento forzados. La suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará después de 5 (cinco) años de haber cumplido la pena impuesta.

Al completar su sentencia original incluyendo probatoria o liberad bajo palabra; y evitar participación en actividades criminales y de no ser arrestado o convicto de ningún otro delito durante los siguientes 5 años; el convicto tendrá su record criminal cerrado y se prohibirá registros, listas o limitaciones administrativas o legales para estos convictos.  De ese momento hacia adelante serán considerados como cualquier otro ciudadano y no tendrán que reportar su delito a nadie al menos de ser arrestado o convicto de nuevo.

Con la excepción en el establecimiento y para los primos 5 (cinco) años; y solo con aprobación de la Junta de Gobierno y concurrencia del Cacique; No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio.

Como parte de la transición, todo caso capital de los pasadas veinte años que cumplen con las reglas de pena de muerte en la Sección 7, serán revisados; y la pena de muerte será aplicado en cada caso.  El cacique tendrá autoridad final en cada caso criminal y podrá modificar, extender, indultar; y/o reducir cualquier sentencia; en cualquier caso.  Esto incluye los convictos o confinados en la cárcel federal quienes cometieron su delito en Puerto Rico.

Sección 13. Hábeas corpus; autoridad militar, subordinada.

El auto de hábeas corpus será concedido con rapidez y libre de costas. No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública. El Congreso  tendrá el poder de suspender el privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que regulan su concesión.  Además, bajo consejo (pero no consentimiento) de la Junta de Gobierno; El Cacique tendrá autoridad para declarar ley marcial y suspender el auto de habeas corpus a su discreción durante tiempos de emergencia, insurrección o guerra.

La autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil. Sin embargo, el tribunal militar tendrá autoridad de investigar, y primera autoridad de juzgar cualquier caso de corrupción pública.   Esos casos solo podrán ser apellados por ambas partes al Tribunal Supremo y finalmente al Cacique.

Sección 14. Títulos de nobleza; regalos de países extranjeros.

No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. Ningún funcionario o empleado la Republica aceptará regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa autorización del Congreso.

El Cacique, Presidente nacional y Secretario de Estado podrán aceptar regalos a Puerto Rico o su gobierno en nombre de la nación pero tendrán que reportar estos regalos y entregarlos apropiadamente según ley. Otros oficiales del gobierno podrán aceptar regalos en nombre de la república según describe la ley.

Sección 15. Empleo y encarcelación de menores.

No se permitirá el empleo de menores de doce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral o que de alguna manera amenace la vida o integridad física.  La edad de adultez será 17 (diez  y siete) años y la edad de consentimiento (que será menor de 17 años) será establecido por ley.

No se permitirá el ingreso de un menor de dieciséis años en una cárcel o presidio de adultos, pero habrá centros de detención juveniles para estos menores.  Si fueron convictos de un delito capital o grave, su sentencia podrá ser extendido después de cumplir 16 años y podrán cumplir ese tiempo adicional en cárceles adultos.

Sección 16. Derechos de los empleados.

Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo; se eliminara el salario mínimo y se prohíbe establecer uno nuevo en el futuro;  a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.

Empleados podrán acordarse voluntariamente con su patrón una jornada más larga (horario flexible) diariamente, semanalmente o mensualmente; a cambio de más tiempo libre sin el pago de ‘overtime,’u otros arreglos.  Los empleados existentes en el momento de la independencia no podrán ser forzados a participar en estos programas, ni podrá ser condición de trabajo para ellos.

Sección 17. Derecho a organizarse y negociar colectivamente.

Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar.

Los sindicatos y/o uniones son prohibidos en el servicio público y en servicios primarios e infraestructura en toda la nación.  Membresía y pago de cuotas en una asociación, federación, sindicato, unión u otro grupo de trabajadores será voluntaria y ni membresía ni pago de cuotas podrán ser condición de conseguir un trabajo.  Puerto Rico es una nación que reconoce el derecho al trabajo.  Nadie podrá ser forzado a colegiarse para ejercer una profesión o trabajo.

Sección 18. Derecho a la huelga, a establecer piquetes, etc.

A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas privadas, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales.  No habrá derecho de prohibir acceso al lugar de empleo a los empleados que deciden no participar en la huelga o que no son miembros del sindicato.  El patrón también tendrá el poder de cerrar las puertas de su negocio a los unionados como parte de las negociaciones con sindicatos.   Ambas partes tendrán que negociar en buena fe; entendiendo siempre que el negocio existe con fines de lucro y no de preservar empleos.  De no adquirir un contrato razonable con el sindicato en un tiempo razonable, el patrón tendrá opción de cerrar de manera permanente su negocio y trasladar sus operaciones a otro país sin represalias o multas del gobierno.

Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facultad del Congreso  de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.

Las huelgas, actos intencionales de limitar operaciones o ‘enfermitas’ son prohibidas en todo agencia del gobierno y servicio o infraestructura primario.  Cualquier empleado del gobierno que se va en huelga o participa en dicho actividades se considera haber renunciado de su puesto sin beneficios algunos y estará prohibido trabajar en el gobierno, servicios primarios o sus contratistas para un término de no menos de 18 meses.  Es un crimen de carácter grave; pagar el sueldo de un empleado público (o de servicios o infraestructura primarios) que ha renunciado su puesto por haber participado en una huelga.

Sección 19. Interpretación liberal de los derechos naturales y facultades del Congreso.

La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de derechos naturales u otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad del Congreso  para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

Ningún derecho nuevo podrá ser aprobado que requiera que otros pagan por el ‘derecho’ o que requiere el uso de fuerza del gobierno para forzar a otros cumplir con el derecho de otro ciudadano.   Los derechos naturales existen sin gobierno, y mientras el gobierno podrá usar fuerza para defender el derecho de uno, no podrá usar la fuerza para prohibir o inhibir los derechos de otros.

Sección 20. Derechos humanos reconocidos; Derechos de los padres; deber del pueblo y del gobierno.

La Republica reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos y términos:

Los derechos y responsabilidades son inseparables; de no tener derecho, no podrá haber responsabilidades.

El derecho de toda persona recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria.

El derecho de toda persona a obtener trabajo.

El hecho y deber que la responsabilidad para el bienestar de cada ciudadano reside con el individuo y no con el estado, comunidad o gobierno.

Ambos padres son iguales en ley, derecho y responsabilidad.  En casos de separación, divorcio o niños fuera de matrimonio, la madre y padre tendrán derechos iguales, custodia compartida, y las mismas responsabilidades.  6 meses de cada año los niños vivirán con su padre, y 6 meses con la madre.  Durante los tiempos que estén con la mama, el padre tendrá que pagar manutención de niños (child support), y durante el tiempo que los niños están con el padre, la madre tendrá que pagar manutención de niños al papa.  Esto no prohíbe que ambas partes llegan a un acuerdo diferente a lo mencionado arriba.

El pago será de igual porcentaje para ambos y será 10 (diez) por ciento de los ingresos netos por niño hasta un máximo de 25% (veinte y cinco por ciento) para todos los niños; la cantidad exacta  automáticamente cambiara con cualquier cambio en ingresos o número de niños.   Todos niños presentes en cada casa se incluirán en la determinación y la cantidad por niño (en casos donde hay más de 3 niños total, será el 25% dividido por el número total de niños en cada casa.   Nadia podrá ser forzado a pagar por niños que no son biológicamente sus hijos; ni por niños donde han pedido y/o renunciado sus derechos como padre.

Pensión Alimenticia (Alimony) será prohibido y todos ordenes previos de pensión serán anulados automáticamente con la implementación de esta constitución.

Los padres no custodiales tendrán autoridad en el establecimiento de esta nación de pedir que se cambie los órdenes de custodia para que puedan pasar más tiempo con sus hijos hasta el máximo de 6 meses por año.  Si los cortes o el padre o la mama custodial les deniegan la petición, no tendrán que pagar más la manutención, ni serán responsables por pagos atrasados de manutención de hijos.

Los niños son de los padres y no del estado, nación, pueblo, comunidad u organización internacional.  Los padres guarden todos derechos sobre sus hijos.  Los padres podrán disciplinar a sus hijos usando penas corporales, educarlos en casa; y crearlos en el culto o cultura que deciden.

Los padres solo podrán perder derecho a sus hijos al ser convicto de un acto criminal contra los hijos directamente o mientras están en la cárcel o en probatoria.  Sin embargo, no tendrán responsabilidad si no tienen derecho.

La Republica de Puerto Rico está prohibida de firmar, ratificar o aplicar cualquier tratado o acuerdo internacional que impide los derechos de los padres o cualquier otro tratado o acuerdo que interfiere con los derechos naturales o la soberanía de esta nación.  Con excepción del tratado de reconocimiento entre Puerto Rico y Estados Unidos, todo tratado entre Puerto Rico y otros países u organizaciones internacionales se vence automáticamente 5 años y un día después de ratificación al menos que son extendidos por el Cacique.  Después de diez años; para continuar en efecto cualquier tratado tendrá que ser aprobado por mayoría de los electores en una elección.   El Cacique deberá anunciar su intención to extender o no los tratados que llegan a el momento de vencimiento.

EL derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física o mental.  Estos programas serán pagados por el Fideicomiso Nacional y los CASS.

En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, el libre mercado y el capitalismo distributivo.

 

SECCION 20 B. Responsabilidades del ciudadano – Servicio Nacional

Todo ciudadano tendrá responsabilidad de cumplir con la ley, y cooperar en investigaciones criminales u oficiales.  El oficial o empleado público que reúsa participar en investigaciones oficiales o criminales y/o reúsa contestar preguntas bajo juramento,  relacionado con su deber; salvo por asuntos privados o seguridad nacional; se considera haber renunciado de su puesto inmediatamente.  Mentir bajo juramento es un crimen y será procesado como corrupción pública.

Miembros activos de las fuerzas armadas, policía e inteligencia militar son prohibidos de participar en política partidista.   No podrán ser miembros de partidos políticos; ni hacer donaciones o recaudos, ni participar en actividades políticas, ni ser candidatos para oficinas electivas.  Miembros de la reserva o guardia podrán participar en actividades políticas, pero solo en su carácter personal.

Todo ciudadano tendrá responsabilidad de cumplir con el programa de servicio nacional.  Los inmigrantes legales también tendrán que participar y ofrecer por lo menos 50% (cincuenta por ciento) más tiempo en servicio que los ciudadanos naturales.

El mínimo de servicio nacional es de 1200 (mil doscientas) horas en una posición combatiente o no combatiente en el transcurso de cuatro años.   Por cada año combatiente a tiempo parcial (incluyendo Guardia Nacional o Reserva, policía o bombero voluntario o medico militar) se paga 2 créditos del fideicomiso nacional.  Por cada año a tiempo completo combatiente se paga 4 créditos por año cumplido.  Habrá un límite de 350 (tres cientos y cincuenta) créditos en una vida por servicio combatiente.

Por cada año de servicio no combatiente a tiempo parcial se paga 1 crédito.   Por tiempo completo se pagan dos por año cumplido.  Habrá límite de 100 (cien) créditos en una vida por servicio no combatiente.

Créditos adicionales podrán ser premiados por servicio de excelencia o servicio durante emergencias y/o situaciones de combate.

Todo servicio en las fuerzas armadas, reserva o guardia, policía, bomberos o servicio de inteligencia nacional/militar y médicos y enfermeras militares se considera servicio combatiente para efectos del programa de servicio nacional.   Todos los demás se considera servicio no combatiente.  La Junta de Gobierno autorizara la lista de trabajos e actividades que pueden considerarse como servicio.  La definición de servicio combatiente (para fines de servicio) es cualquier servicio que requiere trabajar ‘bajo fuego’ o arriesgar la vida como parte natural del trabajo.

Empleados públicos activos o retirados y veteranos militar, de la policía o servicio de bomberos o los que están actualmente en esos servicios recibirán crédito por servicios ya ofrecido.

Durante tiempo de servicio a tiempo parcial no se pagara sueldo alguno.  Durante tiempos extendidos (más de una semana corrida) de servicio se pagara un salario mínimo; durante tiempo completo; o por activación durante una emergencia nacional; se pagara un sueldo completo.

Ciudadanos que no cumplan con el requisito del servicio nacional no podrán votar en elecciones de la Junta de Gobierno y no podrán recibir ayuda o pagos del mismo.   Inmigrantes que no cumplen no podrán llegar a ser ciudadanos y serán expulsados del país.  Cualquier inmigrante que llega a la isla ilegalmente será expulsado, refugiados solo podrán quedar en la nación por un año y de no ser aceptado para servicio nacional y el camino hacia ciudadanía; serán expulsados de la nación.

Los ciudadanos ancianos (mayores de 50 años) o discapacitados son exentos a ofrecer servicio nacional.  En el momento de independencia, personas mayores de 50 (cincuenta) años no tendrán que ofrecer servicio y recibirán 10 (diez) créditos.  Personas entre 40 y 49 años tendrán que ofrecer solo 1 año de servicio (300 horas); personas entre 30 a 39 tendrán que ofrecer dos (600 horas); y toda persona menor de 30 años en el momento de independencia tendrán que ofrecer servicio competo de 4 años (1,200 horas).

Con excepción de  militares o personas en el extranjero por trabajo oficial del gobierno; nadie puede votar que no reside en la isla, ni se les puede cobrar impuestos o contribuciones. Tampoco se puede hacer pagos del Fideicomiso Nacional a personas que no han previamente cumplido su servicio nacional o recibido exención.

La ciudadanía se concede en el momento de independencia a todos residentes legales de Puerto Rico, los que estén presente legalmente con intención de quedar; y a cada Puertorriqueño en la diáspora que nació en Puerto Rico o que tiene por lo menos un padre (o madre) nacido en Puerto Rico.

***Basado en la constitucion del ELA, cambiado para incluir propuestas de MIRE – el Movimiento Independentista Republicano.

www.facebook.com/MIREPuertoRico/

 

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Semi-retired Media Relations guy, former radio and TV reporter and legislative aide. Middle of the road Libertarian (as if that actually existed) who reviews current news items and stories, and offers an alternative point of view.
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